Navi Pillay frente a la ley del más fuerte

“Uno no quiere recibir un premio ni ningún otro reconocimiento a menos que el público considere que se lo merece. Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificábamos lo que está ocurriendo allí de genocidio. Una de las principales reacciones ha sido rendirme homenaje por mi valentía. Y pueden imaginarse lo sorprendida que me quedé. ¿Por qué habría que tener valor para decir la verdad?”. Estas fueron las palabras de la reconocida jurista internacional Navi Pillay en su primera declaración pública tras recibir el Premio Nobel de la Paz. Pillay ha desarrollado una destacada trayectoria jurídica dedicada a la búsqueda de la justicia, la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas.

Su extraordinaria carrera comenzó durante el apartheid, cuando defendió a presos políticos y activistas contra el régimen segregacionista. Posteriormente, en 1995, se convirtió en la primera mujer de color nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Más tarde ejerció como jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, contribuyendo a una jurisprudencia histórica que reconoció la violación como acto constitutivo de genocidio. Después fue jueza de la Corte Penal Internacional y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel. Bajo su presidencia, la Comisión publicó un informe histórico que ofrecía un exhaustivo análisis jurídico de las operaciones militares israelíes en Gaza a la luz de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y concluyó que existían motivos razonables para considerar que Israel estaba cometiendo genocidio. Actualmente, ejerce como jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia en el caso de genocidio contra Myanmar.

Pero, a decir verdad, y pese a su distinguida trayectoria, Pillay se equivocaba al suponer que no hace falta valor para decir la verdad. En pleno 2026, decir la verdad frente al poder y ejercer la libertad de expresión política es una actividad arriesgada, que puede incluso costarte la vida si, por ejemplo, eres periodista y estás informando desde Gaza. Vivimos en un mundo en el que la criminalización del discurso político, de la protesta y de las organizaciones de derechos humanos ya no se limita, como a menudo se nos dice, a los rincones más oscuros del planeta. La represión del movimiento de solidaridad con Palestina en democracias consolidadas da buena muestra de ello: la criminalización de la solidaridad, las represalias institucionales contra profesores y estudiantes, las injerencias sin precedentes en los planes de estudio y las personas que pierden sus empleos y su financiación. Incluso quienes se consideraban especialmente protegidos, como las relatoras de las Naciones Unidas y jueces y juezas de tribunales internacionales, se han visto duramente afectados por esta deriva autoritaria. La relatora especial de las Naciones Unidas Francesca Albanese y nueve jueces de la Corte Penal Internacional, entre ellos Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou (Benín), Beti Hohler (Eslovenia), Nicolas Guillou (Francia), Kimberly Prost (Canadá), Gocha Lordkipanidze (Georgia), Erdenebalsuren Damdin (Mongolia) y Tomoko Akane (Japón), fueron objeto de sanciones por parte de la Administración Trump.

Esta deriva no debería sorprendernos dada la creciente normalización de violaciones flagrantes de los derechos humanos, incluido el genocidio, y del derecho internacional en general. Desde resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que vulneran un principio fundamental de la Carta de la ONU al tratar el derecho igual de los pueblos a la libre determinación como un privilegio que hay que ganarse, hasta “planes de paz” que legitiman la adquisición de territorios mediante la fuerza, en completo desprecio de la norma fundamental que prohíbe el uso de la fuerza, o el recurso a ella fuera de los supuestos de respuesta a un ataque armado previstos en la Carta de las Naciones Unidas, pasando por ataques sin precedentes contra las instituciones internacionales creadas para defender estas normas.

Vladímir Putin, Benjamín Netanyahu y, antes que ellos, Omar al Bashir, todos ellos reclamados por la Corte Penal Internacional, siguen viajando por el mundo a pesar de las órdenes de detención pendientes contra ellos. El silencio de Europa, y en ocasiones su complicidad ante este desprecio por la legalidad internacional, resulta ensordecedor. Salvo contadas excepciones, las ventas de armas y las relaciones económicas con Israel continúan prácticamente sin obstáculos, incluso después de que la Corte Internacional de Justicia dictara medidas provisionales en el procedimiento por genocidio iniciado por Sudáfrica contra Israel, advirtiendo de la plausibilidad del riesgo de genocidio. Tampoco su opinión consultiva sobre la ilegalidad de la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza, que tiene importantes implicaciones jurídicas para terceros Estados, dio lugar a una revisión seria de los vínculos militares, económicos y políticos con Israel.

Muchas personas, entre ellas mis estudiantes de Derecho Internacional, se sintieron conmovidas por el discurso pronunciado en enero de 2026 por el primer ministro canadiense, Mark Carney, cuando afirmó “sabíamos que el relato del orden internacional basado en reglas era parcialmente falso. Que los más poderosos se eximirían de cumplirlas cuando les conviniera”, y que “el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor dependiendo de la identidad del acusado o de la víctima”. Tuve que explicarles que, para muchos pueblos del mundo, incluidos los palestinos, los saharauis, los pueblos indígenas y los grupos racializados y empobrecidos, esto no tiene nada nuevo. Esta ha sido su realidad vivida desde el momento en que fueron invadidos, colonizados, racializados y desposeídos. Su experiencia nos enseña que el derecho no solo se aplica de manera selectiva, sino que puede convertirse en sí mismo en una herramienta constitutiva de dominación. Aun así, estos grupos reconocieron el valor del derecho internacional como un marco común que podía orientarse hacia un mundo más justo; una herramienta capaz de ayudar a articular reivindicaciones, movilizar a las personas y proporcionar un lenguaje que todos podamos comprender. Siguen creyendo que un derecho internacional que reconozca sus propias voces y experiencias vividas puede contribuir a transformar el mundo.

Si esto no es nuevo, ¿por qué hay tantas personas alarmadas? ¿Se debe únicamente a que los ataques contra el derecho internacional y sus instituciones han alcanzado niveles sin precedentes? En parte, sí. Pero hay algo más. Lo que estamos presenciando hoy no es solo el incumplimiento de las normas imperativas del derecho internacional, del que un genocidio retransmitido en directo constituye un ejemplo, también estamos asistiendo a un ataque frontal contra la propia necesidad del derecho internacional. Algunos Estados ya no socavan el derecho internacional de manera clandestina o sutil; ahora lo hacen abiertamente. Así lo reflejan las declaraciones de Trump: “No necesito el derecho internacional”, pues solo estoy limitado por “mi propia moralidad”, o la controvertida afirmación de Ursula von der Leyen de que el orden basado en reglas pertenece a “un mundo que ha desaparecido y que no volverá”.

Las teorías expresivas del derecho destacan el papel del derecho como medio a través del cual se expresan, comunican y comprenden valores e ideas. Cuestionar la propia existencia o necesidad de las normas jurídicas internacionales no solo corre el riesgo de erosionar las ya limitadas garantías institucionales que ofrece el derecho internacional, sino que también produce profundos daños sociales al sugerir que determinados actos lesivos son permisibles y que ciertos grupos no merecen protección. No es casualidad que, en su comunicación oficial, el Comité del Premio Nobel de la Paz subrayara que “el sistema de derecho internacional está sometido a una enorme presión y sus instituciones están siendo atacadas. Estamos presenciando un giro hacia la política de poder en detrimento de los marcos jurídicos y del respeto global por el derecho y la justicia”. Por tanto, decir la verdad frente al poder no es solo un acto de valentía, es un acto de resistencia. Ojalá la galardonada, que nunca cedió ante las presiones, disfrute de una larga vida y siga inspirando a generaciones de juristas con su trabajo.