Un juez ordena al Gobierno de Trump el regreso de una familia expulsada a Centroamérica
Un juez federal ha ordenado al Gobierno de Donald Trump que haga regresar a Estados Unidos a una madre que solicitaba asilo junto a su hija, después de escuchar en una audiencia celebrada ayer que les habían enviado a América Central cuando la Justicia aún consideraba su caso.
El juez, llamado Emmet Sullivan, consideró inaceptable que el Gobierno deportara a la familia. También amenazó con declarar en desacato al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, si no resolvía la situación. “Esto es bastante escandaloso”, dijo. “¿Hacer esfumarse a una persona que pide justicia en un tribunal de EEUU mientras sus abogados se ocupan del caso en su nombre?”
“No estoy nada contento con eso”, continuó. “No lo podemos aceptar”.
La tensa audiencia se celebró por una demanda que presentaron el martes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Centro de Estudios de Género y Refugiados: acusaban a la Administración Trump de impedir injustamente que solicitaran asilo miles de migrantes huyendo de la violencia en Centroamérica.
Según la ACLU, el Gobierno aseguró el miércoles en los tribunales que ninguno de los migrantes representados en la demanda sería deportado antes de la medianoche del jueves. “Este desprecio por los compromisos asumidos ante la corte y por el riesgo de muerte que enfrentan estas mujeres y niños inmigrantes es inaceptable”, dijo la ACLU en un comunicado.
De forma temporal, Sullivan también bloqueó ayer la deportación de todos los migrantes incluidos en la demanda. En su mayoría, mujeres que huyen del abuso sexual y de la violencia pandillera.
Entre los protegidos por la orden del juez se encuentra la demandante principal, nombrada por el seudónimo Grace. En la demanda, Grace explica que el hombre que fue su pareja durante 22 años y sus dos hijos pandilleros (frutos de una relación anterior a ella) la golpeaban y amenazaban de muerte. A ella y a sus hijos. En 2016, buscó protección policial pero no la obtuvo así que decidió huir de Guatemala. Sentía que no estaría segura en el país donde su pareja y los hijos de él formaban parte de pandillas.
Su intento de conseguir asilo en Estados Unidos parecía haberse frustrado con las nuevas reglas que la Administración Trump introdujo en junio, que excluían a las víctimas de abuso doméstico y de violencia pandillera de la lista de refugiados posibles. Pero la decisión del jueves del juez Sullivan permitirá a los demandantes permanecer en Estados Unidos, internados en centros de detención, mientras la Justicia considera el caso.
El nombramiento de Sessions al frente del Ministerio de Justicia y de otros miembros del equipo de Trump cambió drásticamente la forma en que el gobierno de Estados Unidos habla sobre el asilo. En comunicaciones públicas se ha llegado incluso a repetir la idea no demostrada de que el asilo es una laguna legal de la que se abusa rutinariamente.
“También tenemos abogados de inmigración tramposos que animan a sus clientes, ilegalmente presentes, por otro lado, a hacer solicitudes de asilo falsas, diciéndoles cuáles son las palabras mágicas que activan el proceso de miedo creíble”, dijo Sessions el año pasado.
El Ministerio de Justicia ha querido hacer comentarios por el momento.
Traducido por Francisco de Zárate
