Mi hermana, detenida por la policía antiterrorista

Mi hermana melliza, Eleanor, no es una terrorista. Es absurdo tener que escribir esto. Hace tres meses –después de viajar a Escocia para asistir al funeral de nuestro abuelo– la detuvieron en el aeropuerto de Edimburgo bajo el Anexo 7 de la Ley Antiterrorista de 2000. Le obligaron a dar las contraseñas de su móvil y de su ordenador; le interrogaron sobre sus ideas políticas y las de sus familiares (incluido yo); y después la llevaron a la comisaría del aeropuerto para tomarle muestras de ADN y de sus huellas dactilares. Después de ser detenida durante cuatro horas, perdió su vuelo a Berlín, ciudad en la que vive. La policía se negó a pagarle el billete para otro vuelo.

Estos son los hechos previos. Mi hermana participó en las protestas de julio durante la cumbre del G-20 en Hamburgo. Le dispararon con un cañón de agua y con gas lacrimógeno, fue testigo de la brutalidad policial y, durante las refriegas, se cayó y se hizo daño en las piernas. Después fue arrestada bajo la sospecha de ser integrante del 'bloque negro' anarquista (no lo era), la detuvieron durante 36 horas y fue puesta en libertad sin cargos.

Su primer arresto fue un ataque a las libertades civiles durante una protesta pacífica. La segunda detención no se puede interpretar de otra manera que como un intento de intimidar y hostigar a una persona que está ejerciendo sus derechos democráticos fundamentales, utilizando una legislación que supuestamente fue ideada para evitar que los posibles asesinos cometan atrocidades.

El parlamentario laborista escocés Neil Findlay se ha dirigido al ministro de Justicia de Escocia con una serie de preguntas sobre el caso de mi hermana. Entre ellas se incluye si la detención fue justa, justificada y proporcionada; también si las tácticas utilizadas por la policía escocesa se usaron contra “un ciudadano completamente inocente”; y, finalmente, quién autorizó la acción.

Ninguna persona racional discute la necesidad de leyes para proteger a la población de la amenaza que supone el terrorismo. No es irracional, después de todo, esperar que la legislación antiterrorista se utilice contra objetivos terroristas. Cuando se introdujeron dichas leyes, los críticos sugirieron que amenazarían a las libertades civiles y violarían los derechos de personas inocentes. Los llamaron alarmistas y, sin embargo, sus sospechas estaban justificadas.

Eleanor quiere hacer hincapié en que ella ocupa una posición de privilegio. Es una mujer blanca cuyo hermano es columnista de un periódico. “Lo que más me preocupa es la gente que no tiene privilegios o voz en el asunto, y que son acosados injustamente por esta ley”, me dice. “Quiero que mi caso se utilice para que la gente sea consciente de esta injusticia”.

El Anexo 7, un legado del autoritarismo del Nuevo Laborismo, otorga a la policía poderes plenos e ilimitados en la frontera: en los aeropuertos, puertos y estaciones de tren internacionales. “Permite a la policía detener e interrogar a cualquiera sin tener indicios de delito”, explica Millie Graham Wood, abogada en Privacy International. “Por lo que a menudo todo esto recae en gente que no ha hecho nada malo”.

Como muy pocos de los que son objetivo de esta legislación llegan a desafiarla –quizá porque les da vergüenza o se sienten intimidados, o porque simplemente no quieren más problemas– la policía siente que puede seguir saliéndose con la suya.

Como dice mi hermana, las personas blancas como ella no son normalmente las víctimas. El Anexo 7 de la ley antiterrorista apesta a racismo. De acuerdo con Liberty, en 2010/2011 solo un 8% de los afectados fueron blancos. La policía puede interrogar a aquellos a los que detiene durante hasta seis horas y quedarse sus posesiones durante una semana. Además, los detenidos no tienen el derecho a permanecer en silencio ni a un abogado. Sus derechos civiles básicos se suspenden.

La descarga de información de ordenadores portátiles y teléfonos móviles también es escalofriante. En la era moderna, toda nuestra vida está en esos aparatos, incluidos los detalles más personales y sensibles. Permitir a extraños registrar nuestras fotos e información –desde nuestra sexualidad hasta enfermedades– es terriblemente invasivo, incluso humillante. Y el ataque indiscriminado a británicos de minorías es una forma de acoso aprobado por el Estado que nos debería preocupar a todos.

Como señala el jurista David Anderson –que posee el título de Consejero de la Reina–, antiguo revisor independiente de la legislación sobre terrorismo, no existe un “umbral de sospecha para algunos de los poderes más invasivos bajo el Anexo 7”. Aun así, el Gobierno se ha negado a aceptar su recomendación para establecer dicho umbral, lo que significa que gente inocente seguirá viendo cómo se violan sus libertades civiles.

De hecho, David Miranda –pareja del experiodista de the Guardian Glenn Greenwald– fue detenido bajo esta misma cláusula hace cuatro años. Como posteriormente halló una sentencia del tribunal de apelaciones sobre su detención, el Anexo 7 es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Otros activistas también han sufrido la suerte de mi hermana: en 2009, las autoridades prohibieron al activista contra el cambio climático Chris Kitchen viajar a Copenhague, donde iban a celebrarse unas charlas. En 2012 se prohibió a varios anarquistas visitar una reunión internacional en Suiza, y también cogieron su información. Lo mismo le ocurrió a un activista por la paz. Tampoco es solo cuestión del Anexo 7. Un informe de 2009 detalló el uso de otras leyes antiterroristas contra manifestantes.

Reino Unido ha sufrido este año ataques terroristas mortíferos que han acabado con la vida de decenas de personas: menores en un concierto en Manchester, jóvenes de fiesta en Borough Market, turistas en Westminster Bridge y un devoto en una mezquita. Sí, la policía y los servicios de seguridad necesitan urgentemente tener los poderes que necesitan para prevenir tales actos. Pero al Gobierno le conviene desviar la atención de haber recortado 20.000 agentes y, en su lugar, enfantiza la necesidad de una legislación todavía más autoritaria. Después de todo, Theresa May calificó de “alarmistas” a los policías que advirtieron de que tales recortes pondrían el país en peligro.

Aun así, el reconocido jurista Max Hill, actual revisor independiente de la legislación antiterrorista, ha advertido esta semana contra la “reacción impulsiva” a los recientes ataques. Sin “un trabajo muy cuidadoso”, ha indicado, los planes de encarcelar a aquellos que visitan en repetidas ocasiones contenidos terroristas online podría implicar el encarcelamiento de gente inocente. ¿Es eso alarmismo? ¿O evidencia la experiencia de mi hermana que esta es una amenaza real?

Nuestros derechos y libertades los ganamos con enormes sacrificios. Permitir que la amenaza del terrorismo prive a los ciudadanos de derechos humanos básicos es peligroso. También le da la victoria a los terroristas, que pueden presumir, con razón, de cambiar nuestra forma de vida y de profundizar las divisiones en nuestras comunidades.

El caso de mi hermana representa un intento de intimidar a una manifestante. Las autoridades están suspendiendo los derechos civiles a activistas y a británicos inocentes de minorías. Es un insulto a nuestra democracia, y debe parar.

Traducido por Javier Biosca y Cristina Armunia