Los oligarcas de Orbán, nerviosos ante un inminente impuesto a la riqueza del nuevo Gobierno en Hungría

En un plató de televisión con poca luz, uno de los hombres más ricos de Hungría está a punto de echarse a llorar. Es principios de mayo, unas semanas después de las elecciones generales que pusieron fin a los 16 años de dominio de Viktor Orbán, y el magnate de la publicidad Balásy Gyula tiene algo que anunciar.

Gyula le cuenta al entrevistador que acaba de ceder sus negocios al Estado, junto con una parte de sus ahorros personales. Incluso ha traído consigo una escritura notarial, un documento legal en el que se formaliza el cambio de titularidad. “En la situación actual, no creo que nuestro grupo de empresas tenga futuro”, afirma.

Gyula fue uno de los principales beneficiarios de la era Orbán. Sus empresas gestionaban una red de vallas publicitarias conocidas como “las vallas azules”, en las que, en campañas de propaganda financiadas por el Estado, se tildaba de enemigos públicos a una sucesión de figuras, desde el financiero George Soros hasta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Hoy en día, las vallas publicitarias están vacías. El nuevo líder de Hungría, Péter Magyar, y su partido, Tisza, tienen la mirada puesta firmemente en los oligarcas de Orbán. No solo se ha acabado el acceso de Gyula a los contratos del sector público, sino que es probable que aumente la factura fiscal sobre los millones que le quedan.

El ministro de Hacienda, András Kármán, ha prometido que, antes del 5 de junio, dará más detalles sobre una reforma prevista del régimen fiscal que podría convertir a Hungría en el primer Estado miembro actual de la UE en introducir un nuevo impuesto sobre el patrimonio desde la década de 1980.

Al anunciar la medida en una publicación en X el verano pasado, Magyar afirmó que esta iniciativa “no era un castigo, sino una muestra de justicia social y solidaridad en un país que funciona y es humano”.

Por el momento, los detalles son escasos. En su programa electoral, Tisza prometió un impuesto anual del 1% para quienes posean un patrimonio superior a 1.000 millones de forintos (2,8 millones de euros), que se aplicaría a la parte de su patrimonio que supere ese umbral. Se tendrían en cuenta los inmuebles, las acciones en empresas y los activos en el extranjero, según declaró Magyar, así como posesiones como yates, jets privados, cuadros y coches deportivos. Para evitar la evasión, también estarían sujetos al impuesto los patrimonios de los cónyuges e hijos.

“Hungría necesita urgentemente un impuesto sobre el patrimonio, por dos razones”, afirma Zoltán Pogátsa, economista político y profesor de la Universidad de Hungría Occidental. En primer lugar, considera que los impuestos actuales sobre el patrimonio son demasiado bajos y, en segundo lugar, cree que ello garantizará la rendición de cuentas.

“El impuesto sobre el patrimonio de Tisza es una forma de devolver el dinero público a las arcas del Estado”, afirma.

Tras analizar la situación patrimonial de los 50 húngaros más ricos, según la clasificación de la revista Forbes, Pogátsa llegó a la conclusión de que 38 de ellos habían amasado su fortuna bajo el mandato de Orbán a través de licitaciones públicas, o bien ya eran ricos, pero se beneficiaron ampliamente de la contratación pública durante su mandato.

Muchos ocupan puestos clave en los sectores de los medios de comunicación, la energía, la construcción, la banca y el sector inmobiliario, y se han beneficiado de lo que se conoció como el Sistema de Cooperación Nacional (NER), en el que la lealtad política se veía recompensada con oportunidades económicas.

Entre los oligarcas del NER más conocidos se encuentra Lőrinc Mészáros, que encabeza la lista húngara de Forbes con un patrimonio neto estimado de 5.000 millones de dólares. Este instalador de gas, originario de la misma pequeña localidad que el ex primer ministro, ha construido un imperio que abarca los sectores de la energía, la construcción, las finanzas, el turismo y los medios de comunicación. Hace años, atribuyó su fortuna a tres cosas —“Dios, la suerte y Viktor Orbán”—, aunque también ha achacado su éxito a la inteligencia y al trabajo duro.

En el puesto número 27 de la clasificación, con 245 millones de dólares, se encuentra el yerno de Orbán, István Tiborcz. Sus intereses abarcan el sector inmobiliario, la hostelería y la banca.

El debate sobre el impuesto al patrimonio es un tema de alcance mundial, y tanto el Gobierno de Brasil como los sindicatos de California están presionando para que se apruebe una ley al respecto. En Reino Unido, el Partido Verde y muchos diputados laboristas respaldan la idea. En Francia, el presidente socialista François Mitterrand introdujo el Impôt sur les Grandes Fortunes en 1982, pero fue derogado bajo el mandato de Emmanuel Macron. El año pasado, el Parlamento francés estuvo a punto de restablecer el impuesto, y es probable que sea un tema candente en las elecciones presidenciales del año que viene. Por ahora, sin embargo, parece que Hungría será la primera en dar el paso.

Magyar tiene vía libre, tras haberse asegurado una mayoría de dos tercios en el Parlamento. Descrito como un partido paraguas, Tisza era en un principio de centroderecha, pero se amplió para aglutinar a los votantes contrarios a Orbán de todo el espectro político.

Si hay algo en lo que coinciden sus defensores es en la necesidad de desmantelar el sistema NER.

Magyar se ha comprometido a reformar el proceso de licitaciones públicas y ha creado una Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos para luchar contra la corrupción. Sin embargo, en muchos casos, el patrimonio se adquirió respetando la normativa vigente en aquel momento.

“Aquí es donde creo que podría entrar en juego el impuesto sobre el patrimonio, en un caso en el que es inmoral, pero legal”, afirma Pogátsa.

Ya se han pronunciado a favor uno o dos líderes empresariales. El empresario del sector del transporte por carretera Gábor Bojár, que apoyó a Tisza durante la campaña, declaró en abril al sitio web de noticias Telex: “Los ricos también pagan impuestos en otros países y el ciudadano de a pie paga proporcionalmente muchos más impuestos. Esto es injusto y hay que cambiar este sistema”.

“Me alegro de tener que pagar muchos impuestos, porque eso significa que probablemente también estamos ganando mucho”, añadió.

No todo el mundo está de acuerdo. Viktor Zsiday, gestor de fondos de inversión y comentarista económico, afirma que la solución al enriquecimiento injusto no debería ser la fiscalidad, sino los procedimientos penales. “Sería bueno que, en el debate público, el impuesto sobre el patrimonio no se mezclara con el castigo a quienes obtienen ingresos injustos”, escribió el año pasado.

Zsiday no se opone a la redistribución en sí misma —describe a Hungría como “casi un paraíso fiscal para los ricos”—, pero preferiría que se aplicaran tipos impositivos más elevados a los dividendos y a los beneficios empresariales.

“El impuesto sobre el patrimonio pone en desventaja a las empresas húngaras, ya que su carga fiscal es mayor que la de las empresas propiedad de ciudadanos no húngaros”, declaró a The Guardian. “Sin duda, eso no es lo que quiere el Gobierno, pero se trata de una promesa electoral, por lo que, lamentablemente, se llevará a cabo”.

Con un tipo impositivo único en el impuesto sobre la renta, tanto las personas con ingresos bajos como las que perciben ingresos elevados en Hungría pagan únicamente un 15%. El tipo aplicable a los dividendos y las plusvalías es también del 15%. El impuesto de sucesiones es del 18%, pero los familiares directos no pagan nada por los bienes inmuebles. En comparación, el tipo en el Reino Unido es del 40%. El impuesto de sociedades también es bajo, según los estándares europeos, ya que se sitúa en solo el 9%.

Desde 2014, cuando Hungría introdujo una legislación sobre fideicomisos al estilo británico, los más ricos se han beneficiado de generosas exenciones fiscales sobre sus ahorros privados.

Para financiar los servicios públicos, el Ministerio de Hacienda ha recurrido a otros tipos de impuestos. Los trabajadores pagan cotizaciones a la seguridad social del 18,5%. Con un elevado 27%, el tipo del IVA es el más alto de la UE.

El resultado es un sistema en el que los trabajadores asumen una carga desproporcionada. Los impuestos sobre las ventas suelen figurar entre las formas más regresivas de recaudar fondos, ya que las personas con ingresos bajos destinan una mayor proporción de sus ingresos a productos básicos como la alimentación y el combustible.

“El resultado es una enorme concentración de activos en las manos de unos pocos”, afirma István Karagich, director ejecutivo de la empresa de inteligencia empresarial Blochamps Capital. Sus estudios han sido citados por todas las partes implicadas en el debate, ya que el Gobierno solo recopila información limitada sobre la riqueza.

En Hungría hay 4,2 millones de hogares. Según Karagich, el 1% más rico posee alrededor del 35% de los activos. El 10% más rico posee más de dos tercios. “Esto tiene que cambiar”, afirma. “Llamémoslo la revancha de la sociedad”.

Sin embargo, considera que el umbral de 1.000 millones de forintos es demasiado bajo. “Si tienes dos propiedades y una pequeña empresa, te verías afectado por este impuesto. 2,8 millones de euros no es la fortuna de Jeff Bezos. Este impuesto perjudicará a los empresarios húngaros con pequeñas y medianas empresas”.

Propone un umbral de 5.000 millones de forintos —unos 14 millones de euros—, tal y como sugirió inicialmente Magyar cuando anunció la medida el verano pasado. Con este umbral, el Estado recaudaría unos 100.000 millones de forints (281 millones de euros) al año de hasta 10.000 hogares. Al representar solo el 0,25% de los ingresos anuales del Gobierno, la suma recaudada apenas parece merecer la pena.

Sin embargo, Tisza ha propuesto otras medidas para recaudar más de los ricos, entre ellas la supresión de las exenciones fiscales para los fideicomisos. Los fondos adicionales se destinarán a ayudar a las personas con bajos ingresos. Se ha prometido introducir un tipo impositivo básico del 9% en el impuesto sobre la renta, junto con recortes en el IVA.

Para Miroslav Palanský, profesor de Economía en la Universidad Carolina de Praga y director de investigación de la Red de Justicia Fiscal, los impuestos sobre el patrimonio no solo sirven para recaudar fondos, sino que también pueden impulsar la economía. “A partir de cierto nivel, la desigualdad no favorece el crecimiento. Cuando la riqueza está más repartida, más personas tienen la oportunidad de contribuir al PIB”.

Estos cambios deberían mejorar la transparencia, ya que la administración tributaria solo puede gravar lo que es capaz de cuantificar. Además, podrían dar lugar a la aparición de nuevas caras en la clasificación de Forbes.