La terrible verdad que se esconde detrás de las latas de tomate italiano
Según documentos judiciales, dos de las empresas de alimentos más grandes de Italia están implicadas en casos de explotación laboral de los trabajadores migrantes que cosechan los tomates que miles de consumidores europeos compran todas las semanas.
En el marco de una investigación sobre la muerte de un trabajador de temporada, la fiscal italiana Paola Guglielmi se refirió a los gigantes de alimentos Mutti y Conserve Italia como entidades que se benefician de las “condiciones de absoluta explotación” en la altamente lucrativa industria italiana del tomate.
Tanto Mutti como Cirio, la marca de Conserve Italia, abastecen a los principales supermercados del Reino Unido con latas de tomate y de passata (puré de tomate) de primera calidad. Las dos aparecen en los documentos judiciales firmados por Guglielmi.
El caso comenzó con la muerte de Abdullah Muhammed, un inmigrante sudanés de 47 años, padre de dos hijos y con los papeles en regla. En julio de 2015 sufrió un ataque al corazón mientras trabajaba en los campos de Nardó, una localidad del sur de Italia. La acusación contra su empleador establece que Muhammed podría haber salvado su vida si se le hubiera permitido acudir a un hospital.
La investigadora italiana usó sus facultades para rastrear la cadena de suministros hasta la mismísima cúpula de la industria del tomate procesado, un negocio que mueve 3.200 millones de euros al año. Si bien las empresas no tienen responsabilidad en la muerte del trabajador, su relación es clave.
Como tantos otros miles de trabajadores, la jornada laboral de Muhammed comenzaba a las 4 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde recolectando tomates bajo el intenso calor del verano en el sur de Italia. Los abusos laborales enumerados en los documentos judiciales incluyen las 12 horas de trabajo durante los siete días de la semana, sin descansos, con una paga mínima y sin acceso a personal médico.
“Por ley, la persona responsable del delito fue solamente el capataz”, explicó Guglielmi al periódico the Guardian. “Pero en este caso también hubo homicidio culposo. Ese hombre no habría muerto si hubiera habido una oficina médica. La violación de las disposiciones de seguridad laboral fue flagrante”.
En una amplia investigación, Guglielmi corroboró registros telefónicos, intervino llamadas y ordenó vigilancia aérea de la zona para encontrar el vínculo entre la explotación de los trabajadores migrantes de temporada y los gigantes de la industria.
Ganan 30 euros, pero pierden la mitad
Los trabajadores ganan un promedio de 30 euros por día en la región de Apulia pero cuentan con perder hasta la mitad de ese dinero en la comida, el transporte, el agua y la parte que le tienen que dar al capataz.
El sistema de capataz o “caporalato” está presente en todo el sector agrícola de Italia, donde los migrantes, con y sin papeles, se organizan en grupos de trabajo informales para ser contratados por terratenientes italianos que necesitan ayuda en la cosecha.
En el expediente figura una acusación contra el dueño de la empresa italiana, Giuseppe Mariano, y contra el capataz de origen sudanés, Mohammed Elsalih, por homicidio culposo. La investigación preliminar ya ha finalizado y un juez decidirá si el caso deberá ir o no a juicio.
Las empresas mencionadas en el expediente no asumen ninguna responsabilidad y subrayan hasta qué punto alientan a sus proveedores a tratar éticamente a sus trabajadores.
Un portavoz de Conserve Italia, la responsable de la marca Cirio, dijo que exigían a todos los proveedores estar de acuerdo en “el respeto” a sus trabajadores y al código de conducta corporativo. También, que la empresa cortó toda relación con el proveedor involucrado cuando se enteró de la muerte de Muhammed.
“Sabemos que en el sur de Italia ocurren algunas situaciones con las que no estamos de acuerdo pero no podemos hacer ese trabajo: no es nuestra responsabilidad verificar qué ocurre en la región pero sí les pedimos a nuestros proveedores que respeten los derechos humanos”, dijo el vocero. “No pagamos menos de lo que hay que pagar”.
Desde entonces, la empresa Conserve Italia ha manifestado por medio de un comunicado que planea demandar a los proveedores por daños y perjuicios “para proteger la reputación que tiene de ser la empresa más ética en el sector”.
Culpan a los proveedores
La empresa Mutti también emitió un comunicado. “Mutti siempre ha asumido el compromiso de pelear con todos los medios contra cualquier tipo de sistema de explotación de los trabajadores…”, escribieron. “Mutti selecciona con especial atención a sus agricultores y socios agrícolas y mantiene un diálogo constante durante todo el proceso de producción y distribución. En lo que respecta a la protección y seguridad de los trabajadores, cada contrato implica requerimientos específicos de las condiciones de trabajo (regularidad de los pagos salariales así como seguridad en el lugar de trabajo). Mutti seguirá promoviendo su compromiso de trabajar en coordinación con los competidores, las asociaciones de agricultores y las instituciones italianas para evitar accidentes en los campos”.
Algunos grupos de activistas sostienen que el bajo coste de producción hace que no se aborde el problema de la explotación como es debido. Antes de liderar una huelga masiva de cosechadores en 2012, el camerunés Yvan Sagnet (32) sólo había trabajado cinco días en los campos cercanos al lugar donde murió Muhammed. Ahora hace campaña para terminar con lo que él califica de “esclavitud”. “Cuando llegué a Apulia descubrí el sistema de capataces; las condiciones eran inhumanas, eran guetos parecidos a campos de concentración”, dijo.
“Un día un hombre enfermó en los campos, no pudo arreglárselas y en esos lugares no hay manera de recibir los primeros auxilios. No hay una dirección que dar. No hay señal de teléfono móvil. Los trabajadores no hablan italiano así que los capataces se aprovechan… El capataz insistía: ‘Si no me pagas 20 euros, no te llevaré al hospital. Si me pagas, podrás ir al hospital esta noche”.
Tras años de campañas y huelgas masivas contra los capataces, el año pasado entró en vigencia una legislación que prohíbe el sistema de “caporalato”. Pero los activistas dicen que muy poco ha cambiado en las granjas más aisladas donde las autoridades no aplican la mano dura que haría falta para terminar con esta forma de trabajo.
“Los intereses creados en estos campos están vinculados con los intereses de los políticos y de los dueños de las mayores empresas de Italia”, explica Valeria Sallustio, expresidenta de Finis Terrae, una ONG italiana que trabaja de cerca con los trabajadores de Nardó.
Traducido por Francisco de Zárate
