Truss afirma que no recortará el gasto público pese al temor sobre la deuda que genera su plan fiscal

La primera ministra británica, la conservadora Liz Truss, ha asegurado este miércoles que no recortará el gasto público a fin de enjugar la deuda que generará su controvertido plan de crecimiento basado en grandes recortes de impuestos. En su primera comparecencia parlamentaria tras la presentación el 23 de septiembre de su plan fiscal, que sembró el caos en los mercados financieros, Truss ha dicho al líder del Partido Laborista, Keir Starmer, que sigue “absolutamente comprometida” con su promesa hecha durante las elecciones internas por el liderazgo conservador de no recortar la inversión estatal.

La jefa del Gobierno ha mantenido que conseguirá el objetivo de reducir “a medio plazo” la deuda neta en relación con el producto interior bruto (PIB) simplemente asegurándose “de que el dinero público se gasta bien”.

Varios expertos fiscales han advertido de que tendrá que anular o posponer algunas de sus rebajas de impuestos, que dejan un agujero de 43.000 millones de libras (casi 50.000 millones de euros), o recortar el gasto público si quiere equilibrar las finanzas estatales. Cuando inicialmente se anunció el plan fiscal, que congelaba el impuesto de sociedades y reducía de un 45 a un 40 % el tramo más alto del impuesto sobre la renta —una medida ahora eliminada—, la libra se hundió a su mínimo histórico frente al dólar y se disparó la prima de riesgo sobre la deuda soberana.

Tope temporal a los precios de la energía renovable

El Gobierno británico ha anunciado que en 2023 limitará temporalmente los beneficios de las empresas generadoras de energía renovable y nuclear que actualmente se benefician de precios inflados en el mercado mayorista por estar vinculados al encarecimiento del gas a nivel global.

El Ejecutivo conservador incluye la medida, que ha sido criticada por el sector, en su proyecto de ley de precios de la energía, que empieza su trámite parlamentario con varias ayudas a los ciudadanos y las empresas para combatir la crisis energética.

El llamado “Límite de costes más ingresos” se introduce para evitar que se lucren desproporcionadamente los generadores de electricidad renovable, como solar o eólica, y nuclear cuyos precios al por mayor han subido al estar ligados con los del gas, explica el Gobierno en un comunicado. Otras compañías de formación más reciente que operan en base a otro tipo de contratos no se verán afectadas, puntualiza.

El Ejecutivo conservador explica que en el mercado del Reino Unido “los precios de la electricidad al por mayor los establece la forma de generación más costosa, que es la generación a través de la quema de gas, por lo que han subido significativamente” desde la invasión rusa de Ucrania.

De este modo -añade-, “las empresas que generan electricidad de bajas emisiones de carbono (no mediante la combustión de gas) se están beneficiando de precios anormalmente altos”, lo que perjudica a los consumidores, que “tienen que pagar mucho más por la energía generada a partir de fuentes renovables y nucleares aunque a menudo cuesta menos producirla”.