Zé Maria, el histórico dirigente brasileño y viejo aliado de Lula condenado a dos años por sus declaraciones contra el sionismo

El pasado 28 de abril, la Justicia Federal brasileña condenó a dos años de prisión en régimen abierto al presidente nacional del Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), José Maria de Almeida, conocido como Zé Maria, por delito de racismo. La decisión ha abierto un intenso debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la solidaridad con Palestina y la legislación antirracista.

Zé Maria es una figura destacada de la izquierda brasileña. Metalúrgico del cinturón industrial del ABC paulista, participó en las históricas huelgas contra la dictadura militar junto a Luiz Inácio 'Lula' da Silva, fue uno de los fundadores del Partido dos Trabalhadores (PT) en 1980 y posteriormente impulsó el PSTU. Candidato presidencial en cuatro ocasiones, sigue siendo una referencia para sectores sindicales y de la izquierda socialista brasileña.

Las declaraciones que motivaron la condena

La sentencia, dictada por el juez Massimo Palazzolo, de la 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, se refiere a un discurso pronunciado durante una manifestación en apoyo del pueblo palestino celebrada el 22 de octubre de 2023, pocas semanas después del inicio de la actual guerra genocida en Gaza.

La protesta tuvo lugar en la Avenida Paulista y fue retransmitida a través de las redes sociales del PSTU. Durante su intervención, Zé Maria afirmó: “Todo acto de fuerza, todo acto de violencia del pueblo palestino contra el sionismo es legítimo y tenemos que apoyarlo en Palestina y en todo el mundo”. A continuación añadió: “Tenemos que poner, de una vez por todas, un punto final al Estado sionista de Israel para que pueda florecer un Estado palestino, laico y democrático, del río Jordán al mar”.

Tras la manifestación, la Confederación Israelí de Brasil (Conib) y la Federación Israelí del Estado de São Paulo (Fisesp) presentaron denuncias ante el Ministerio Público Federal, quien aceptó la demanda y condenó al dirigente político en primera instancia.

En 2023, la Conib denunció al periodista judío y antisionista Breno Altman por sus declaraciones sobre Palestina, y la Justicia acabó archivando el caso al considerar que sus opiniones estaban amparadas por la libertad de expresión. En abril de 2025, la historiadora Arlene Clemesha, profesora de la Universidad de São Paulo y una de las principales especialistas brasileñas en la cuestión palestina, denunció ser el blanco de una campaña pública de intimidación y difamación tras criticar la definición de antisemitismo de la IHRA y denunciar la ofensiva israelí en Gaza.

Las implicaciones de la condena

Varias organizaciones sindicales rechazan la interpretación del tribunal en el caso de Zé Maria por considerar que equipara una posición política con un delito de racismo y restringe el derecho a la solidaridad internacional. La Fenajufe (principal sindicato para los trabajadores del Poder Judicial) calificó la condena como un “precedente preocupante” que criminaliza la solidaridad entre los pueblos y advierte que confundir la crítica al sionismo con un ataque a un grupo étnico limita el ejercicio de la libertad de expresión y la acción colectiva.

En un discurso del 1 de mayo, Zé Maria declaró: “Esta condena no tiene base histórica, política o legal. Se basa en los argumentos que el movimiento sionista utiliza para intentar defender lo indefendible —el genocidio del pueblo palestino— y para intentar silenciar las críticas al Estado racista, colonialista y sionista de Israel”. En un artículo publicado en el diario Folha de S. Paulo, añadió: “El antisemitismo es racismo, que repudio con todas mis fuerzas. Los sionistas constituyen un movimiento político —el sionismo— cuya ideología racista y colonialista es la base del Estado de Israel”.

Al redefinir la crítica a un Estado como un ataque a un grupo étnico o religioso, la sentencia se aproxima a la interpretación promovida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Esta definición ha sido cuestionada por académicos, organizaciones de derechos humanos y sectores de la propia comunidad judía, que advierten de que su utilización para equiparar antisionismo y antisemitismo puede convertirse en un mecanismo para restringir determinadas críticas al Estado de Israel.

Una tendencia regional

Para el Instituto Brasil-Palestina, diversas organizaciones sindicales y los sectores movilizados en solidaridad con Palestina, la condena contra Zé Maria no constituye un hecho aislado, sino una pieza más de una estrategia de lawfare contra el movimiento de apoyo al pueblo palestino a escala continental. La sentencia se produce mientras el Parlamento brasileño debate el Proyecto de Ley 1424/2026, impulsado por la diputada Tabata Amaral (PSB-SP), que pretende incorporar la definición de la IHRA al ordenamiento jurídico brasileño y equiparar el antisionismo al crimen de racismo.

La primera Administración Trump consolidó la definición de la IHRA como un instrumento de la política exterior estadounidense para reforzar el respaldo político y diplomático a Israel bajo la bandera de la lucha contra el antisemitismo. Tras el ascenso del movimiento de solidaridad con Palestina a finales de 2023, el Departamento de Estado intensificó su promoción internacional.

El 3 de marzo de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos estaba “promoviendo la definición de la IHRA como piedra angular de las Directrices Globales para Combatir el Antisemitismo impulsadas por Estados Unidos” y anunció que Washington alentaría a gobiernos y organismos internacionales a adoptarla. Esta orientación adquirió un significado más contundente con la implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional por la Administración Trump en diciembre de 2025, que plantea la restauración de la primacía estadounidense en el hemisferio occidental y el fortalecimiento de sus alianzas estratégicas globales, entre ellas la de Israel.

En América Latina, Argentina fue el primer país en adoptar formalmente la definición de la IHRA en 2020. Posteriormente, Uruguay, Guatemala, Colombia, Panamá y Costa Rica incorporaron o respaldaron oficialmente esa definición, consolidando una tendencia regional impulsada por gobiernos aliados de Washington, organizaciones sionistas y organismos internacionales.

Argentina se ha convertido en uno de los principales escenarios de esta disputa. El dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Alejandro Bodart, fue condenado en febrero de 2025 por publicaciones en redes sociales que calificaban a Israel de “racista y genocida”, aunque posteriormente fue absuelto en septiembre del mismo año mediante apelación.

Más avanzado se encuentra el caso de la diputada Vanina Biasi (Partido Obrero-FIT-U), procesada en abril de ese año por comparar las acciones de Israel en Gaza con el nazismo y por denunciar el carácter genocida del sionismo. En agosto de 2025, la Cámara Federal confirmó por unanimidad el procesamiento y el embargo de sus bienes, dejando abierta la posibilidad de un juicio oral.

Brasil había seguido hasta ahora un camino diferente. El Gobierno de Lula rechazó en 2025 la incorporación federal de la definición de la IHRA e incluso retiró al país de su condición de observador en la organización, aunque doce estados brasileños continúan aplicándola a nivel local. Sin embargo, la condena a Zé Maria y el avance de nuevas iniciativas legislativas son interpretados por sus críticos como señales de un cambio de orientación del Gobierno de Lula bajo crecientes presiones diplomáticas, mediáticas y políticas procedentes de Estados Unidos.

Reacción sindical y política

La sentencia provocó una respuesta inmediata de amplios sectores del movimiento sindical brasileño. Nueve centrales sindicales, entre ellas CUT, Força Sindical y CSP-Conlutas, difundieron un comunicado conjunto en el que calificaron el fallo como un ataque a la libertad de expresión y a la solidaridad internacional con Palestina, e iniciaron, junto con los partidos de izquierda, una campaña amplia y unitaria para defender el pleno derecho a la libertad de expresión, incluyendo las críticas al Estado de Israel.

“Si hoy buscan silenciar a Zé María, mañana intentarán silenciar a maestros, estudiantes y trabajadores que se levanten contra las injusticias”, señaló el Sindicato de Profesionales de la Educación de Río de Janeiro. La campaña por Zé Maria y por la anulación de la condena busca, sobre todo, alertar y revertir lo que sus impulsores consideran una creciente judicialización de la solidaridad con Palestina, así como el avance, bajo la presión de la Administración Trump y sus aliados regionales, de iniciativas destinadas a criminalizar el antisionismo y restringir la actividad del movimiento de solidaridad con Palestina en Brasil y América Latina.