Bernabé Palacín, nuevo doctor por la Universidad de La Rioja

Bernabé Palacín Sáenz ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis titulada ‘A la responsabilidad social por la contratación pública’, calificada con sobresaliente ‘cum laude’.

Desarrollada en el Departamento de Derecho de la UR –en el marco del programa de Doctorado en Derecho y Cambio Social- esta tesis ha sido dirigida por René Javier Santamaría Arinas y Antonio Fanlo Loras.

Bernabé Palacín, que ha sido director general de Contratación, Calidad y Responsabilidad Social del Ayuntamiento de Logroño, y es actualmente secretario general técnico de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, plantea en su tesis que la contratación pública no es sólo un medio para proveer de bienes y servicios a la Administración sino que, además, es un potente inductor para la consecución de otras finalidades sociales.

Entre ellas, la calidad en el empleo de las personas más vulnerables de la sociedad, la conservación del Medio Ambiente, o la innovación en sectores estratégicos, para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

Este es un argumento frecuentemente utilizado por el legislador europeo, la doctrina científica y legal, además de los tribunales de justicia en los espacios europeo e interior. Además, este argumento conecta con una visión socialmente responsable de las organizaciones públicas para ir más allá de sus obligaciones legales, que siempre habrá de respetar.

Sin embargo, no está demostrado que la inclusión de criterios sociales y ambientales proporcione una mejora de la calidad-precio de la prestación, o una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

Por tanto, la pregunta sobre cómo saber si su aplicación resulta rentable –esto es, mejor gastado el euro socio-responsable de la contratación pública, que el euro transferencial (subvención) a través de las políticas activas- no encuentra respuestas satisfactorias.

Por un lado, no existen especiales controles de ejecución y seguimiento de los contratos en la materia, y no se acredita la efectiva aplicación del mandato del legislador para la incorporación transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales.

Su inclusión testimonial en la fase de preparación y la falta de compromiso claro y contundente en la fase de adjudicación, revelan una aplicación timorata por los Órganos de Contratación.

En su tesis doctoral, Bernabé Palacín pretende aportar una visión poliédrica de la contratación socialmente responsable, apoyada en herramientas administrativas, de tipo contractual y organizativo, para conseguir mejorar la experiencia de los gestores y de las empresas; y, para ello, confía en el enfoque voluntario de la contratación estratégica junto al desarrollo de normas que establezcan obligaciones de compra verde y circular para contratos de especial impacto.

En este sentido, plantea una estrategia de implantación de la contratación socio-responsable, fijando sus intangibles, tales como una gestión orientada a procesos, el plan anual de contratación, la actuación bajo los principios de transparencia y profesionalización, y las acciones de sensibilización con las empresas y los grupos de interés, proyectando la necesaria “capilarización” de los beneficios sociales hacia segundas y siguientes estructuras colaboradoras, para conseguir una auténtica responsabilidad social en red.

Así las cosas, bajo determinados requisitos y principios emanados de la jurisprudencia y la doctrina administrativa y científica, la tesis concluye que es posible contribuir desde y con la contratación pública al ensanchamiento de las políticas sociales y medioambientales en equilibrio con los principios de eficiencia en el gasto y estabilidad presupuestaria, incidiendo en la mejora de la calidad de los servicios y, por ende, en la calidad de vida de las personas.

Finalmente, el doctor Palacín Sáenz asegura que “queda mucho por hacer, hemos de ganar en profesionalización, adecuada al diseño socialmente responsable de los contratos, en seguridad jurídica, mediante criterios interpretativos comunes, pero sobre todo, en algo que es más difícil todavía, en la propagación del convencimiento, con datos, de que la introducción de cláusulas sociales y ambientales mejora la relación calidad-precio y la eficiencia en la utilización de los fondos públicos”.