Bizkaia pedirá al Tribunal de la UE que anule la sentencia sobre las vacaciones fiscales

La Diputación foral de Bizkaia pedirá este jueves al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que anule la sentencia de 2009 que obliga recuperar las cantidades percibidas por las empresas vascas beneficiadas de las denominadas “vacaciones fiscales” de 1993. La institución, que enviará a Bruselas una delegación encabezada por el diputado de Hacienda, espera que “la fortaleza de sus argumentos jurídicos, compartidos por la Abogacía del Estado”, permitan cerrar definitivamente el contencioso.

Según han informado fuentes de Diputación, la vista que verá los recursos de casación interpuestos por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (hoy denominado Tribunal General) de 9 de septiembre de 2009 en relación con las denominadas “vacaciones fiscales” de 1993, se iniciará a las nueve y media de la mañana.

Los representantes de la Diputación Foral de Bizkaia defenderán ante el Tribunal “que debe anularse la sentencia, en la medida en que avaló la obligación de recuperar las cantidades disfrutadas por las empresas por las vacaciones fiscales de 1993” y confirmar, de esta forma, la decisión inicial de la Comisión Europea.

A su juicio, existen “elementos probatorios e indicios concluyentes” de que la CE, en un primer momento, entendió que las vacaciones fiscales de 1993 “no constituían ayudas de Estado, cuando analizó la denuncia presentada por determinadas instituciones riojanas en 1994”.

Por esta causa, cree que cuando, posteriormente, en el año 2000, “cambió de opinión y consideró este régimen como una ayuda de Estado incompatible con el Mercado Común”, no debería haber exigido la recuperación de las cantidades disfrutadas, “por ser contrario a los principios del Derecho comunitario en esos supuestos”.

Según la institución vizcaína, el Tribunal de Primera Instancia “no permitió las diligencias de prueba necesarias para demostrar estos extremos” y tampoco evaluó “adecuadamente” los indicios que constaban en el procedimiento, “violando los derechos procesales de la Diputación Foral de Bizkaia, motivos éstos que fundamentan en lo esencial los recursos de casación”.

PERSONACIÓN

La Diputación Foral de Bizkaia recuerda, en un comunicado, que ha solicitado “expresamente” al Gobierno de España su personación en la causa, en defensa de los recursos. Por esta causa, la Abogacía del Estado intervendrá en la vista y defenderá “los mismos argumentos que la institución foral” por lo que “demandará igualmente del Tribunal de Justicia una sentencia anulatoria de la anterior”.

También ha señalado que la Comisión Europea, apoyada por la Comunidad Autónoma de La Rioja, y “aunque por motivaciones diferentes”, se oponen a los recursos de casación presentados y “pretenden que se confirme la sentencia de instancia”.

La delegación de la Diputación Foral de Bizkaia que acudirá a Luxemburgo estará encabezada por el diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, quien asistirá a la vista, como ya hiciera en enero de 2008 en las vistas ante el Tribunal de Primera Instancia. Su intención es “defender que la actuación de la Hacienda Foral de Bizkaia en este asunto ha sido la correcta en todo momento y demandar del Tribunal una sentencia que confirme la corrección de nuestros planteamientos”.

La Diputación considera que, una vez celebrada la vista, la sentencia podría conocerse en un plazo que oscilaría entre los tres y los seis meses. La institución foral, “con la prudencia debida”, ha expresado su confianza en “la fortaleza de sus argumentos jurídicos, compartidos por la Abogacía del Estado”, por lo que espera que el Tribunal de Justicia de la UE “repare los errores cometidos por el Tribunal de Primera Instancia y permita cerrar definitivamente este contencioso, prolongado en el tiempo de una manera excesiva”.