El Ayuntamiento de Haro deberá pagar el complemento de disponibilidad a un policía
El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios ha informado de que la Justicia ha condenado al Ayuntamiento de Haro a pagar el complemento de disponibilidad a un agente de policía que el jefe en funciones le denegó.
Los hechos se remontan, como explica este sindicato, a la Nochevieja de 2019, “cuando la jefatura del cuerpo obligó a un agente a trabajar en el turno de noche, sin respetar los criterios de organización de la bolsa de servicios extraordinarios que los agentes se comprometieron a realizar para cubrir la escasez de agentes”. Dicha bolsa es un acuerdo por el cual “los agentes ponen su tiempo libre al servicio de la seguridad ciudadana y se comprometen a cubrir los turnos en los que solo haya un policía de servicio”.
El sindicato explica que la noche del 31 de diciembre el servicio estaba compuesto originalmente por cuatro agentes, pero uno se encontraba de baja y a otro le fueron concedidas vacaciones. “Debido a que el turno estaba cubierto, y por el injustificado requerimiento, el agente se negó a acudir esa noche al servicio, a lo que el entonces jefe de la policía respondió, unilateralmente y en connivencia con el Ayuntamiento, denegándole el complemento económico por las funciones de disponibilidad”.
Por otro lado, el sindicato considera que “quedó patente lo innecesario del refuerzo de más policías en aquel turno, pues ante la negativa del agente, el jefe en funciones no solicitó la asistencia de ningún otro policía, ni tampoco fue él mismo, estando igualmente obligado a prestar servicio en caso de haber sido necesario ese presunto refuerzo del turno”. “Desgraciadamente, este mismo agente también sufrió, por parte del mismo superior, la negativa al abono de un servicio extraordinario durante el primer Estado de Alarma”.
Desde el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios se insta al ayuntamiento a “no permitir, y mucho menos defender, estos detestables abusos, ni tener que llegar a los tribunales para obligarles a hacer cumplir con la legalidad en su trabajo. Esto no hace otra cosa que dañar la imagen que tiene la ciudadanía de la calidad de sus políticos, pues es muy fácil ir a un juicio cuando son las arcas municipales las que pagan”.
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