El Gobierno de La Rioja presenta 16 alegaciones al Plan de Vivienda Estatal

El consejero de Vivienda y Obras Públicas, Antonino Burgos, ha informado que el Gobierno riojano ha presentado ante el Ministerio de Vivienda un documento con 16 alegaciones al texto articulado del Borrador del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, cuyo plazo finalizaba ayer.

Las alegaciones presentadas, explicó Burgos tienen como objetivo “afrontar el principal problema que tienen las familias que buscan adquirir una vivienda protegida, como son las dificultades para obtener financiación bancaria realizando un esfuerzo económico razonable”. Se trata de que las familias riojanas tengan “más facilidades” de acceso a los préstamos para la compra de VPO.

Para ello, y en el escenario hipotecario actual, el Gobierno de La Rioja pide al Ministerio de Vivienda que tome medidas para reducir el precio“ de la vivienda de protección oficial, que ”aumente“ las garantías de las familias de cara a obtener financiación hipotecaria y que ”incremente“ las ayudas a las familias y a los promotores que se comprometan con la construcción de VPO.

En caso de ser aceptadas por el Ministerio de Vivienda, mejorarán las condiciones de acceso a los préstamos convenidos al 90 por ciento de los inscritos en el registro de demandantes de VPO, cuyos ingresos se encuentran por debajo de 21.000 euros.

A continuación, Burgos desgranó las principales alegaciones del Gobierno de La Rioja, que pasan por reducir el IVA que ya se aplica a la vivienda de régimen especial se aplique también a las VPO de régimen general (la más común de las viviendas protegidas). Este cambio supondría, para una VPO en Logroño, una reducción del precio final de 4.594 euros.

Propuso también reducir el coeficiente aplicable a viviendas de régimen especial del 1,5 actual al 1,4, lo que supondría una reducción del precio de la vivienda de 12.290,97 euros, e incrementando en esa cantidad la ayuda al promotor para que siga siendo atractiva su construcción.

Además La Rioja reclama que en los préstamos convenidos el tipo de interés sea “siempre inferior al tipo medio de los préstamos para adquisición de vivienda libre, con el objetivo de que el préstamo protegido suponga una mejora frente al préstamo libre”.

Burgos abogó por incrementar las ayudas a la compra de VPO en el nuevo plan al menos en el porcentaje del incremento medio de la cuota en los últimos cuatro años, con el objetivo de que el nuevo plan “no sea comparativamente más costoso para las familias que el anterior”.

El consejero reclamó el establecimiento de una cláusula de actualización de las ayudas para que estas sean proporcionales a la subida que experimente el esfuerzo para acceder a la vivienda, y que la determinación exacta de las ayudas de cada expediente (tanto en compra como en alquiler) se establezca con un criterio de progresividad en función del esfuerzo económico para que perciba más ayuda quien más esfuerzo debe realizar.

Otra de las alegaciones del Gobierno riojano es equiparar las características de las ayudas al alquiler con las de la Renta Básica de Emancipación: ingresos hasta 3,5 IPREM (actualmente 2,5 IPREM) y ayudas durante 4 años (actualmente dos), con el objetivo de que “no se discrimine a las personas por debajo de 22 años y por encima de 30”, así como el mantenimiento de la ayuda de 6.000 euros a los propietarios que deseen alquilar su vivienda vacía, que “desaparece en el borrador del nuevo plan”.

Finalmente, Burgos pidió introducir de forma “expresa” que la regulación del destino y ocupación de las viviendas, las limitaciones a la facultad de disponer, los derechos de tanteo y retracto, la duración del régimen de protección de las viviendas protegidas y la limitación del precio de las viviendas usadas, es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas y que, por lo tanto, deben regirse por la normativa propia de éstas, estableciendo de manera supletoria lo establecido en el Plan Estatal para estos casos.