El Gobierno quiere acabar con el “clientelismo” en la entrega de subvenciones

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de más de cinco millones de euros para asumir el pago de 278 subvenciones que no iban a poder otorgarse. Es solo una parte de los hasta 20 millones de euros que ya han comenzado a abonarse y con los que decenas de asociaciones contaban pero que, al tratarse de subvenciones nominativas, no podían incluirse en el ejercicio 2019.

El consejero de Hacienda, Celso González, ha detallado que todas estas subvenciones estaban incluidas en el Anexo III del presupuesto de 2018, que se prorrogó de forma automática y excepcional. Sin embargo, este anexo no se puede prorrogar, según la Ley de Hacienda de La Rioja, con lo que esas ayudas se quedaban “sin cobertura legal”.

González ha explicado que “el anterior gobierno no realizó una gestión eficaz y transparente” y “creó confianza en los posibles beneficiarios de que estas subvenciones se iban a abonar, con lo que creó una expectativa que les generó un gasto ante el cual el Ejecutivo, por responsabilidad, va a actuar”.

Polémica con la concesión de subvenciones

Se trata de subvenciones a sindicatos como STAR, UGT, CSIF o CCOO, la feria NACE, el Orfeón Logroñés, FADEMUR o APIR, que hasta ahora se recogían en este Anexo III como nominativas. Sin embargo, hay informes del Tribunal de Cuentas que alertan de que estas ayudas no deberían ser nominativas, con lo que los Presupuestos 2020 cambiará el proceso y no las incoporará en este Anexo.

De hecho, los presupuestos eliminan más del 60% de las subvenciones nominativas que se venían recogiendo en ese apartado y ahora se concederán en concurrencia competitiva, es decir, tendrán que publicitarse y permitir la presentación de varias solicitudes, entre las que se elegirá una.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Chus del Río, ha explicado que con este cambio de proceso se quiere terminar “con la discrecionalidad y la creación de redes clientelares” en la entrega de subvenciones.

Del Río ha subrayado que las actividades no corren peligro y ha pedido a las asociaciones que no teman “el papeleo” porque “será similar y más justo”.

Pago de facturas

Este gasto de más de 5 millones de euros que ha aprobado el Consejo de Gobierno también servirá para el pago de facturas a diferentes empresas o entidades que prestan sus servicios a la Administración, como por ejemplo la vigilancia, la limpieza, servicios de comedor en centros de mayores, etcétera. El consejero ha dicho que “hablamos de servicios esenciales, que no se pueden dejar de prestar y que nosotros, lógicamente, debemos abonar”.

Son servicios que se han prestado en julio, agosto, septiembre y octubre pero que no contaban con contrato en vigor. Para evitar que esto se repita, Concha Andreu ha dado órdenes a los servicios centrales de contratación para requerir un Plan de Contratación Anual en el que figuren este tipo de contratos menores.

González ha asegurado que, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos, “se pretende potenciar los procedimientos abiertos que favorezcan la competencia y limitar el excesivo uso del contrato menor, habitual en la Administración”. El consejero ha explicado que “si bien se ha avanzado en los procedimientos abiertos, hay facturas que es preciso pagar puesto que se ha prestado el servicio, aunque no se ha seguido el procedimiento requerido por la Ley para contratar a estas empresas”.

El consejero ha señalado que el objetivo “es evitar la producción de un perjuicio a un tercero”. Celso González ha dicho que “una vez más y por razones de justicia social, este Gobierno tiene que reconducir una situación inadmisible y de ahí la necesidad de adoptar este acuerdo por el Consejo de Gobierno”.