El Gobierno y las CCAA tratarán esta semana la ley de estabilidad presupuestaria

El Gobierno y las comunidades autónomas se reunirán el próximo martes en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para analizar la futura ley de estabilidad presupuestaria y las medidas que se han puesto en marcha para reducir el déficit, entre otras cuestiones.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, presidirá este encuentro en el que también se abordarán otros temas como el calendario de cumplimientos de tesorería y la reorganización de los organismos públicos.

Esta será la primera reunión del CPFF desde la llegada del PP al Gobierno y el nombramiento de Montoro como ministro, pues el máximo órgano de coordinación entre la actividad financiera de las comunidades autónomas y de la Hacienda del Estado no había sido convocado desde el pasado mes de julio.

El Consejo de Ministros analizó el pasado viernes el anteproyecto de la ley de estabilidad presupuestaria, por la que las autonomías y el resto de administraciones deberán aprobar un techo previo a sus presupuestos, en tanto que se enfrentarán a eventuales sanciones en función de la reincidencia y gravedad de sus incumplimientos de las normas de estabilidad de las cuentas.

El objetivo final de esta iniciativa legislativa, que desarrolla la reforma de la Constitución, es que todas las administraciones públicas presenten equilibrio o superávit y que su deuda no supere el 60% del PIB.

Este anteproyecto incluye “mecanismos correctores” para devolver a la senda de la estabilidad eventuales desviaciones del déficit o la deuda durante la ejecución presupuestaria.

Asimismo, se analizarán las medidas que han puesto en marcha los gobiernos autonómicos y el central para reducir el déficit con el objetivo de “trabajar todos juntos” a fin de “superar los problemas”, explicó el pasado viernes la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta reunión se produce después de que el Gobierno haya anunciado que se superará el objetivo de déficit marcado para el año pasado (6%) y que estará en torno al 8%.

En el caso de las autonomías, su déficit en conjunto será aproximadamente del 2,7 por ciento, frente al 1,3% exigido, lo que supone una desviación de unos 15.000 millones de euros.

En su primera entrevista como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy avanzó a Efe que en esta cita del CPFF se pedirá a todas las comunidades autónomas que se aprieten el cinturón, y también a los ayuntamientos en otra reunión, “como ya lo han hecho en España familias y empresas”.

De cara a este encuentro, Montoro ya ha hablado con todos los responsables económicos de las comunidades y se ha reunido personalmente con los de las autonomías gobernadas por el Partido Popular.

En este encuentro en la sede del PP el pasado martes, las autonomías populares ratificaron su compromiso con la reducción del déficit público y el equilibrio presupuestario.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas mostró ante los responsables económicos de los gobiernos del Partido Popular su respeto al Estado de las Autonomías y su convencimiento de que no tiene por qué ser “despilfarrador”.

El Gobierno ha anunciado antes de esta reunión que aplazará a diez años la devolución correspondiente a los anticipos a cuenta a las administraciones públicas, como habían solicitado varias comunidades, para que promuevan la financiación que necesitan con urgencia en la provisión de los servicios públicos.

Sáenz de Santamaría también informó de que está previsto que Montoro pida a los consejeros que expliquen por qué han incumplido el acuerdo de 2010 por el que debían reducir el número de organismos autonómicos en más de 500.

El Gobierno ha lamentado “el escaso índice” de cumplimiento en la reducción del sector público que no depende de la Administración General del Estado y que tan sólo ha disminuido en un 13%.

Aunque muchas comunidades ya han empezado a suprimir organismos de este tipo, el Ejecutivo entiende que debe haber más compromiso, pues existen más de 4.000 organismos públicos, según los datos de la Intervención General del Estado.