El PR apuesta por un órgano de control público adscrito al Consejo Regulador pero independiente
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La proposición socialista, según el presidente del PR, Miguel González de Legarra, podría tener como objetivo recabar apoyos parlamentarios (PNV) para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. En cuanto a la presentada por el PP González de Legarra cree “se podría deber a que ahora las grandes bodegas tienen mayor poder de decisión de lo que tenían antes, incluso con posibilidad de veto, y esa es razón suficiente para que el PP crea ahora que el Consejo Regulador sí puede ser juez y parte. Una opinión contraria a la que han defendido siempre”.
El PR quiere expresar su postura respecto a este asunto y así lo explica el vicepresidente de la formación, Ángel Jaime Baró: “Nosotros pensamos que no es posible delegar el control y la certificación de la Denominación de Origen en estructuras ajenas al Consejo Regulador y que como consecuencia estas competencias deben ejercerse por un organismo público diferente al órgano de gestión y adscrito al Consejo Regulador, tal y como permite la Ley del Vino”.
Para Baró, el Consejo Regulador, como órgano de gestión, debería ser definido como una corporación de derecho público y se le adscribiría un único órgano de control de naturaleza también pública que funcionara con independencia jerárquica y administrativa de los órganos del Consejo Regulador.
El Partido Riojano considera que el órgano de control deberían contar con un comité de certificación y con el necesario personal técnico, controlador y jurídico, porque también tendría que realizar los expedientes sancionadores.
“Además tendría que estar definido por la administración competente y este órgano de control estaría compuesto por vocales independientes expertos en viticultura y enología y por una representación de los consumidores”, señala el vicepresidente del Partido Riojano. Las funciones de este órgano serían, tal y como ha explicado Baró, ejecutar el control, incoar y tramitar los expedientes sancionadores y nombrar instructor y secretario del mismo.
“Pensamos que la potestad sancionadora debe mantenerse en la administración competente, porque la estructura que existe en el Consejo Regulador es diferente a la que había antes y existe una posibilidad de veto que antes no existía”. Piensan que esta propuesta es la única forma de que el control de la Denominación de Origen sea creíble, independiente y eficaz.
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