El PSOE apura la negociación con CiU para cerrar hoy un acuerdo sobre la Ley de Morosidad
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobará hoy y remitirá al Senado la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que plantea fijar unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.
A última hora de la tarde de ayer, el PSOE seguía tratando de cerrar un acuerdo con la federación catalana, que a priori cuenta con el respaldo del resto de grupos de la oposición, para cerrar un texto consensuado por todas las fuerzas políticas y evitar derrotas en una iniciativa que además recoge varios de los planteamientos destacados de la recién aprobada Ley de Economía Sostenible.
Los contactos seguirán hasta el mismo debate en Comisión, ya que hoy seguía pendiente el principal escollo para el pacto, que radica en la petición de CiU de eliminar la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación. Mientras el Gobierno quiere restringir esta posibilidad al ámbito de las pequeñas empresas, la federación catalana insiste en que se aplique con carácter general a las grandes empresas.
En este sentido, el portavoz socialista de Comercio, Félix Larrosa, ha pedido a CiU a “trabajar con puntos de vista creativos” en los temas de mediación y arbitraje en los problemas entre empresas y administraciones y sus proveedores.
EL PP ACUSA AL PSOE DE COMPLICIDAD CON GRANDES EMPRESAS
Por su parte, el portavoz 'popular' en el debate de esta norma, Ramón Aguirre, aseguró a Europa Press el PSOE se “encuentra en complicidad” con los históricos incumplimientos de las relaciones comerciales entre “pequeños y grandes” en el sector de la construcción en y la distribución comercial, posicionándose claramente a favor de las grandes empresas y permitiendo un “acoso permanente” a pymes y autónomos.
Sin embargo, los 'populares' también permitirían mantener el conocido como 'pacto en contrario', aunque proponen que el comprador quede obligado a presentar un aval bancario a la factura que adeuda, de manera que la misma se convierta en un “documento con capacidad de descuento” a la hora de solicitar un préstamo a una entidad de crédito.
Al margen de la cuestión de los pactos, los acuerdos que PSOE ofrece a CiU se refieren a la posibilidad de incluir especificaciones sobre el pago a proveedores similares a las que se incluyeron en los pliegos de contratación de los proyectos acogidos al Fondo de Inversión Local como una “cláusula fija” en los contratos fijos de las Administraciones a partir de ahora.
Asimismo, plantea incorporar auditorias sobre morosidad en las empresas, dentro de la información que éstas remiten al Registro Mercantil, así como establecer que se informe periódicamente del nivel de cumplimiento de las Administraciones Públicas, así como fomentar códigos de buenas prácticas.
EL PP SE VE MARGINADO DE LA NEGOCIACIÓN
El Grupo Socialista ya dio la pasada semana un primer paso hacia el acuerdo al retirar las enmiendas que pedían la supresión de la mayoría de los artículos de la reforma impulsada por CiU, con el objeto de alcanzar un acuerdo con la federación catalana, que celebró el “cambio radical y positivo” de la actitud del Gobierno y el PSOE. No obstante, el PP se ve apartado de esta negociación.
En este sentido, Ramón Aguirre, denunció que Larrosa se comprometió con todos los grupos a presentar un presentarles un paquete de enmiendas transaccionales sobre esta norma que este lunes aún no habían recibido. “Es una falta de respeto al Parlamento”, aseguró Aguirre.
En cualquier caso, Aguirre aseguró que el PP no va a hacer “ningún pronunciamiento” hasta que no conozca el “contenido propositivo” de las transacciones que el PSOE ha ofrecido a CiU y aseguró que coincide “en gran parte” con los postulados de la proposición inicial de la federación catalana.
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