El Vaticano defiende que el juicio contra Vallejo Balda cumple las garantías procesales

El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, ha defendido que el juicio por el caso del robo y filtración de documentos reservados de la Santa Sede que imputa a cinco personas, entre ellas al sacerdote riojano monseñor Lucio Vallejo Balda, se desarrolla en conformidad con garantías procesales de los sistemas jurídicos contemporáneos más avanzados.

De este modo, ha resaltado en un comunicado que el sistema judicial del Vaticano engloba “todas las premisas para tener plena confianza en la profesionalidad y la competencia de aquellos que deben garantizar el correcto desarrollo de un proceso que, por diversas razones, atrae la atención de muchos”.

Lombardi ha defendido así la garantía de un proceso “serio” en el Vaticano después de las críticas que difundidas en diversos medios de comunicación contra el sistema judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano.

“Debido a que muchos de estos comentarios son inapropiados, o, a veces totalmente injustificados, es oportuno presentar algunos datos para tener una visión más clara y poder evaluar correctamente este aspecto fundamental del caso”, ha señalado.

Los cinco imputados, además de Vallejo Balda, son la exrelaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, el excolaborador de la Cosea Nicola Maio y los periodistas italianos Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.

Sistema propio, autonómico y separado

Lombardi ha recordado “que en el Estado de la Ciudad del Vaticano está en vigor un sistema judicial propio, completamente autónomo y separado del italiano, dotado de sus propios órganos judiciales para los distintos niveles de juicio y de la legislación necesaria en material de derecho penal y procesal”.

En este sentido, ha asegurado que “están previstos y cumplidos plenamente todos los principios fundamentales, como la preconstitución por derecho del juez natural, la presunción de inocencia, la necesidad de una defensa técnica (a través de abogados de confianza o de turno de oficio), la libertad de los jueces de llegar a una convicción basada en las pruebas, en una audiencia pública y en el debate entre la acusación y la defensa, hasta la emisión de una sentencia que debe ser motivada y que puede ser impugnada sea con la apelación o posteriormente con el recurso de casación”.

“Recientemente se introdujo también expresamente en el ordenamiento jurídico vaticano el derecho al justo proceso y en un plazo razonable (art. 35 Ley N IX, 11 de julio de 2013)”, ha agregado.

Además, ha señalado que “todas las personas interesadas por la función judicial, tanto instructores como jueces, se seleccionan por cooptación, ya que no pueden designarse a través de públicas oposiciones entre los ciudadanos del Estado, como sucede en otros estados”.

En este sentido, Lombardi ha explicado que “son seleccionados entre los profesionales de alto nivel, que cuentan con amplia experiencia y reconocido prestigio (como atestigua el currículum de cada uno de ellos, que se encuentra fácilmente en Internet). ”Todos son profesores universitarios en las universidades italianas“, indica.

Abogados

Respecto a los abogados, Lombardi ha respondido a los que han señalado “una hipotética violación del derecho de defensa de los imputados, a los cuales no se habría permitido ser defendidos por los abogados de confianza de su elección”.

En este sentido, ha asegurado que “hay que evitar un malentendido fundamental”. “La normativa vigente en el Vaticano, aplicada por los tribunales, es absolutamente conforme con la de la mayoría de las leyes procesales del mundo, donde la admisión al patrocinio en los tribunales requieren una habilitación específica para el ejercicio de la profesión, concedida en presencia de requisitos y calificaciones establecidos por cada ordenamiento”, ha explicado.

En este sentido, ha aclarado que no es de extrañar que un abogado habilitado en Italia no pueda por esa sola razón ejercer su actividad en el Estado de la Ciudad del Vaticano, así como tampoco podría hacerlo en Alemania, Francia, etc. Finalmente, ha afirmado que “el argumento contrario implicaría que un imputado extranjero pretendiera que le defendiera en Italia un abogado también extranjero, solo porque es de su confianza, lo cual no está permitido”.

“Por lo tanto, estas condiciones no constituyen un límite del ordenamiento vaticano sino una confirmación más de su autonomía e integridad. Todos los abogados están inscritos en un Colegio profesional, que se puede consultar fácilmente, de profesionales autorizados al patrocinio ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, entre los cuales se selecciona a los abogados de turno de oficio o se eligen los abogados de confianza”, ha explicado.

Así, ha dicho que “se trata de abogados calificados no sólo en los tribunales de la Iglesia y de la Santa Sede, sino también en los tribunales italianos y todos están inscritos en los respectivos Colegios de abogados italianos”. Igualmente, ha recalcado que “todos ellos tienen un segundo título universitario en Derecho Canónico y un diploma de postgrado de tres años más otorgado por el Tribunal de la Rota Romana”.

Lombardi ha concluido que se trata de profesionales que, junto con la titulación requerida para el ejercer la abogacía en Italia, cuentan también con conocimientos adicionales que les hacen adecuados para la práctica en una jurisdicción en la que es necesario conocer el derecho canónico“.