Encerrados en su propia casa por culpa de unos escalones

Enrique tiene 76 años y sufre desde hace años una distrofia muscular que le afecta sobre todo a las piernas. Se desplaza en un vehículo motorizado, cuenta con una cama elevadora, un sillón adaptado... pero salir de casa era, hasta hace sólo dos años, toda una aventura. Los tres escalones que separaban el ascensor de su edificio de la calle convertían sus entradas y salidas en un complicado desafío. Un problema que ya está solucionado, pero que le ha supuesto muchos dolores de cabeza y enfrentamientos con los vecinos.

Enrique lo logró tras años de lucha y gracias al asesoramiento de La Rioja sin Barreras. En primer lugar, propuso al Ayuntamiento la instalación de una plataforma elevadora, para lo que el Consistorio dio el visto bueno (tras un rechazo inicial porque ocupaba espacio público y la presentación de alegaciones). Sin embargo, los vecinos pensaron que era mejor salvar los tres escalones que llevaban al ascensor.

Se trataba de una obra de envergadura, que suponía rebajar uno de los dos ascensores a cota cero. “Algún vecino me llegó a decir que me tenía que cambiar de piso. Otros decían que la obra afectaría a una viga maestra y que se iba a derrumbar la casa...”. Tras muchas disputas, Enrique consiguió finalmente su objetivo y la obra se realizó, afortunadamente, porque la enfermedad ha ido deteriorando su movilidad, con lo que, “si no se llega a hacer, ahora estaría preso en mi casa”.

#Arrestópolis

Y es que el coste de este tipo de trabajos suele ser bastante elevado y no todas las comunidades de propietarios están dispuestas, o no pueden asumir este gasto. La Ley de Propiedad Horizontal, como señala La Rioja Rioja sin Barreras, obliga a hacer las adaptaciones necesarias, pero, y aquí está el escollo, “no deben superar doce mensualidades de la cuota de propietarios” para que sea obligatorio realizarlas.

Una cláusula difícil de cumplir, ya que los edificios sin ascensor suelen tener cuotas muy bajas y rebajar el portal a cota cero “implica un gasto considerable”. De ahí que este colectivo reclame ayudas específicas a todas las comunidades vecinales que deban afrontar este tipo de actuaciones, ya que actualmente solo el 10% de los edificios que realizan estas obras han obtenido subvención para llevarlas a cabo.

Reclaman, para ello, un cambio en la ley para “garantizar hacer obras y que no sea el usuario el que tenga que asumirlas” y alertan de que las ayudas a la rehabilitación que ofertan los ayuntamientos sólo cubren un porcentaje (en Logroño el 20% para comunidades) y no todos ofrecen.

“Mi casa no es mi cárcel”

Bajo el lema #Arrestópolis, esta semana La Rioja sin Barreras ha impulsado una campaña para alertar sobre el problema de las personas con discapacidad que tienen que permanecer encerradas en sus propias viviendas en contra de su voluntad por la falta de accesibilidad en sus edificios.

Una situación que todavía sufren muchos ciudadanos, que no han tenido la suerte de Enrique. Es el caso de Mº del Rosario, una logroñesa que necesita dos muletas para caminar y viven en un edificio en el que no puede acceder al ascensor. Dos peldaños tienen la culpa, pero eliminarlos supone un importante desembolso de dinero que tiene que asumir, en su mayor parte, la comunidad de propietarios y, si no quieren, la propia afectada.

“Ella se piensa mucho salir a la calle” y, lamentan desde La Rioja sin Barreras, “ha llegado a poner en venta su casa”. Sufre, por tanto, un encierro obligado en tu propia vivienda.