Garoña se cerrará en 2013 tras la prórroga

La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del Gobierno de prorrogar la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, hasta el 6 de julio de 2013, así como su cierre definitivo en esa fecha.

En una sentencia notificada hoy, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha respondido así a los once recursos que se presentaron contra la orden del Ministerio de Industria, divididos entre los que pidieron su prórroga hasta 2019, como Nuclenor -empresa propietaria de la central nuclear- o la Junta de Castilla y León, y los que exigían su cese inmediato y desmantelamiento, como Greenpeace, Ecologistas en Acción y un particular.

A lo largo de más de 50 folios los magistrados analizan los argumentos de los recurrentes y concluyen que para prorrogar la explotación de una central ya existente no es necesario una evaluación de impacto ambiental, ya que estiman que no se trata de construir una nueva.

Sin perjuicio, añaden, de que se deban tener en consideración los informes de las autoridades medioambientales y que se obtengan las autorizaciones necesarias, en particular las de carácter medioambiental.

Los magistrados tampoco estiman que se haya incumplido el trámite de audiencia a las Comunidades Autónomas ni que sea necesario un trámite general de información pública, como alegaban algunos de los recurrentes.

En este sentido, la Sala ha tenido en cuenta que las entidades que pudieran sentirse lesionadas en su derecho de acceso a la información y participación en el Procedimiento no reclamaron frente a la pasividad de la Administración, por lo que el Tribunal concluye que este se respetó.

El Tribunal también considera que la autorización de la prórroga no significa, como argumentaba la empresa Nuclenor y otros recurrentes, que el titular de la explotación tenga “un derecho indefinido y temporalmente ilimitado, a continuar explotando la misma”.

La Sala explica que las autorizaciones de explotación y sus prórrogas tienen elementos reglados (la competencia del órgano que ha de concederla y el cumplimiento de los requerimientos de seguridad nuclear), pero son condiciones “de mínimos” ya que se pueden tener en cuenta otros factores o circunstancias, como por ejemplo decisiones de política energética o medioambiental.

Por tanto, la Sala no aprecia desviación de poder por parte del Ministerio de Industria.