El Gobierno de La Rioja elimina la moratoria a las macrogranjas alegando que el territorio “ya está protegido”

El Gobierno de La Rioja ha salido al paso de las críticas tras anunciar la eliminación de la moratoria a las instalaciones de macrogranjas en la comunidad autónoma. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha defendido este martes que la medida preventiva “había quedado obsoleta” y ha asegurado que el entorno natural de la región “ya está perfectamente protegido” a través de la Ley del Paisaje, marco normativo que, según el Gobierno, fija los criterios para la implantación de este tipo de actividades.

La decisión, que se canalizará a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales, supone el fin de una traba temporal a la proliferación de la ganadería intensiva en suelo riojano. Esta maniobra del Gobierno autonómico ha levantado de inmediato la oposición de colectivos ecologistas y de formaciones políticas como Izquierda Unida, que alertan sobre los riesgos de contaminación de acuíferos, la generación de purines y el impacto territorial que conllevan estas grandes explotaciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Domínguez ha respondido a preguntas de los medios, que la anterior restricción carecía de sentido en el contexto legislativo actual. Según el portavoz, la actuación del Gobierno regional se ha limitado a “corregir una situación de superación de esa moratoria”, amparándose en que la Ley del Paisaje establece con claridad los límites y las estructuras de protección necesarias para la preservación del suelo y el entorno.

Esta modificación normativa se produce en pleno debate sobre proyectos concretos en el territorio, como la proyectada macrogranja de cerdos en el municipio de Pradejón, que ha generado un notable rechazo vecinal y división de opiniones en la comarca de la Rioja Baja. Cuestionado por la evolución de esta iniciativa empresarial, el portavoz ha abogado por la «prudencia» y la estricta vinculación del Ejecutivo a los cauces administrativos.

Desde el Gobierno autonómico aseguran que el proyecto de Pradejón se encuentra en fase de tramitación y sujeto al análisis de los correspondientes informes de impacto ambiental y urbanístico. Domínguez ha remarcado que la prioridad oficial es «proteger el paisaje, los estándares de calidad ambiental y la ordenación del territorio», por lo que la posición definitiva de la administración dependerá del dictamen técnico.

Con este movimiento, el Ejecutivo riojano abre de nuevo la puerta a la tramitación de macroexplotaciones en la región, desplazando el peso de la regulación a la tramitación de licencias caso por caso y a la interpretación de la Ley del Paisaje, en un escenario que promete mantener viva la controversia social y política durante los próximos meses.

El Ayuntamiento del PP de Calahorra presenta un informe en contra de la macrogranja

El Ayuntamiento de Calahorra ha formalizado el registro de sus alegaciones durante el periodo de información pública del expediente relativo al proyecto para la construcción de una explotación porcina de cebo en el paraje de Cantarroyuela Baja, dentro del término municipal de Pradejón. La iniciativa contempla la edificación de dos naves ganaderas que abarcan una superficie construida de 3.908,81 metros cuadrados y prevén albergar una capacidad de 4.004 plazas para el engorde de porcino.

La argumentación municipal se fundamenta en un informe técnico interno que alerta sobre las posibles repercusiones ambientales, territoriales y socioeconómicas que esta infraestructura podría acarrear para la ciudad. Entre las principales inquietudes destacan la gestión de los purines y estiércoles, la dispersión de olores impulsados por los vientos dominantes y el previsible incremento en la circulación de vehículos pesados en el entorno.

A pesar de que la instalación proyectada se sitúa a unos 4.600 metros del casco urbano de Calahorra, el Consistorio advierte del riesgo de sufrir las molestias de los efluentes almacenados en la balsa de purines, diseñada para un volumen de 5.285 metros cúbicos, cuyos olores podrían alcanzar el municipio arrastrados por el cierzo. A este factor se suma el plan de fertilización, que implica el vertido de estiércoles en al menos 116,11 hectáreas de cultivo con parcelas ubicadas dentro del propio término calagurritano, favoreciendo la proliferación de insectos y roedores.

En el ámbito del patrimonio natural y cultural, el documento técnico subraya la cercanía de la futura macrogranja al cauce del río Ebro, situado a unos 1.690 metros de distancia, así como a trazados singulares como el Camino Natural del Ebro y el Camino Jacobeo del Ebro, este último catalogado como Bien de Interés Cultural. Desde el Ayuntamiento reclaman evaluar detenidamente la severidad del impacto paisajístico y el perjuicio potencial a la experiencia de senderistas y peregrinos que transitan por estas rutas.

Por otra parte, la representación institucional ha manifestado su preocupación por las repercusiones económicas sobre el tejido comercial local. Como centro neurálgico de servicios en La Rioja Baja y polo de atracción turística —articulado en torno a citas de referencia como sus Jornadas Gastronómicas—, la ciudad teme que la degradación ambiental o la presencia constante de olores pongan en riesgo el desarrollo de la oferta turística, hostelera y de ocio.

El Consistorio calagurritano ha solicitado de forma expresa al órgano competente de la tramitación que examine y valore pormenorizadamente cada una de las alegaciones presentadas antes de resolver el expediente. En su escrito, la administración local remarca que apoya la inversión y el emprendimiento empresarial siempre y cuando las iniciativas sean plenamente compatibles con la salubridad pública, el cuidado del entorno y el bienestar de la ciudadanía.

IU pide que se dé marcha atrás

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha reclamado al Ejecutivo regional que dé marcha atrás. El posicionamiento de IU se produce tras conocerse el proyecto para la implantación de una explotación porcina en Pradejón, una instalación que, según los datos facilitados por la parlamentaria, requeriría 44.000 litros de agua al día y generaría nueve millones de litros de purines al año. Moreno ha señalado que esta iniciativa no solo compromete la fertilidad de las tierras de regadío y la calidad de vida en la zona, sino que ha provocado una evidente brecha en el Partido Popular, visibilizada en el rechazo del Pleno de Calahorra frente a los apoyos del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Pradejón.

Asimismo, la diputada regional ha vinculado el levantamiento de la moratoria con la posterior proliferación de proyectos de plantas de biogás, alertando de un impacto nocivo sobre la vertebración territorial y la sostenibilidad ambiental del entorno rural. Moreno ha instado al Gobierno de La Rioja a abandonar los intereses de los grandes grupos económicos para priorizar la soberanía alimentaria, la protección del paisaje agrario y la permanencia de la población en los pueblos frente al riesgo de deterioro ambiental e incomodidades derivadas de estas macroinstalaciones.