Jornada sangrienta en México

El pasado martes fueron halladas en el estado de Durango, en el norte de México, ocho cabezas humanas. Todas pertenecían a hombres de entre 25 y 30 años, y estaban repartidas en puentes y carreteras de cuatro puntos diferentes del estado. Junto a ellas había mensajes de narcotraficantes, de los que se desconoce el contenido, aunque se piensa que podrían estar relacionados con la actual lucha entre dos cárteles de Durango, el de los Zetas y el de los Sinaloa. Los cuerpos, sin embargo, no han sido aún hallados, según informa la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Pero éstas no han sido las únicas muertes violentas ocurridas en las últimas horas en México. También el martes fueron asesinados tres policías federales, que murieron tiroteados cuando intentaron revisar la carga de un vehículo. El asalto se produjo en el estado de Puebla, en el centro del país, por 15 hombres con armas AK-47 y AR-15. Dos militares se suman a la lista de oficiales fallecidos en acto de servicio el pasado martes. Murieron en un tiroteo en el estado de Querétaro.

A estas muertes hay que añadir la de Alberto Porras Duarte, primo de César Duarte, gobernador electo de Chihuahua. Fue tiroteado desde un coche cuando salía del trabajo. Porras es el segundo familiar cercano de César Duarte asesinado en menos de 15 días. El primero fue Mario Umberto Medida, su sobrino, que murió el 15 de julio en el forcejeo que se produjo cuando intentó evitar su secuestro.

Pero la cosa no queda ahí. El mismo martes murieron, víctimas del crimen organizado, otras 13 personas en Chihuahua, 10 de ellas en Ciudad Juárez. Según informa el diario mexicano El Universal, “los grupos criminales mexicanos se ubican como los terceros más importantes a nivel mundial”, detrás de la mafia ruso-ukraniana y la china.

Escándalo en la cárcel de Cereso

Estos asesinatos se producen apenas dos días después de que saltara la noticia de que las autoridades mexicanas están investigando si en una cárcel del estado de Durango se permitía salir a los presos para cometer crímenes. Según lo explicado por el Gobierno, las autoridades de la cárcel de Cereso, incluida la propia directora, Margarita Rojas, habrían permitido salir a algunos de los presos y les habrían proporcionado armas y vehículos de los custodios para trasladarse y cometer crímenes.

Las sospechas de que tal situación se estaría produciendo proceden de las denuncias de algunos de los reclusos de la prisión y del hecho de que los criminales a los que se les imputa el asesinato, el pasado 18 de julio, de 17 personas, serían presos de esta misma cárcel.