La concertada presenta la manifestación del domingo: “la Ley Celaá es propia de gobiernos totalitarios”

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza ha presentado la manifestación en vehículos que han convocado para el domingo 22 de noviembre para denunciar la Ley Celaá, según avanzó Rioja2.

Según ha denunciado esta mañana Carlos Torres, presidente de CONCAPA La Rioja y uno de los portavoces de la Plataforma, “la conocida como ‘Ley Celaá’ es un camino de no retorno hacia una escuela única”.

“Esta ley elimina el concepto de demanda social. Supone la privación a las familias, tanto de la red pública como de la concertada, del derecho constitucional a elegir el centro donde queremos que se desarrolle la educación para nuestros hijos”, ha considerado que es algo “propio de gobiernos totalitarios, interesados en el adoctrinamiento de sus ciudadanos”.

Ramón Ruiz, representante de CECE La Rioja, ha explicado cuál es la situación en la comunidad: “todavía seguimos pendientes de que la Consejería tenga a bien dotar de recursos humanos y económicos a los centros concertados para luchar frente al COVID-19”.

“Nos estamos enfrentando solos a la pandemia para garantizar las medidas de seguridad, redoblando esfuerzos y, en muchos casos, redoblando también partidas económicas que no sabemos con qué vamos a poder financiar”, ha afirmado Ramón Ruiz.

Denuncian que “desde Educación han dotado de manera sistemática a los centros concertados de 3 horas para el coordinador de salud, sin tener en cuenta el tamaño del centro como se ha tenido en la educación pública”.

“Sobre las peticiones que hemos hecho desde los centros para profesores de refuerzo e inversiones, nos ha llegado como respuesta la concesión de 4 profesores de refuerzo, frente a los más de 200 profesores que se han contratado para los centros públicos”, ha denunciado Ramón Ruiz.

Asimismo, la Plataforma ha denunciado que tampoco tienen ninguna novedad del anteproyecto del nuevo decreto de escolarización, a pesar de que en la web consta que el período de conclusiones finalizó el 6 de noviembre.

Alejandro Vesga, representante de FEUSO, ha denunciado que “la denominada Ley Celaá olvida nuevamente la urgente necesidad de homologación de los trabajadores de la escuela concertada con respecto a sus equivalentes de la red pública. También abre la puerta a la distribución del alumnado por la administración y va en contra de la educación especial, la asignatura de religión y el uso del español como lengua vehicular, así como también permite pasar de curso con asignaturas suspendidas”.