La ONU inicia en Libia una investigación sobre violaciones de Derechos Humanos

La comisión internacional de la ONU para investigar violaciones a los Derechos Humanos en Libia iniciará su misión la semana próxima, y el 17 de junio presentará sus conclusiones en un informe.

La comisión creada por el Consejo de Derechos Humanos tiene tres integrantes -Cherif Bassiouni, Asma Khader y Philippe Kirsch-, y partirá este domingo desde Ginebra hacia Libia, donde pasará el resto del mes, para luego dirigirse a Egipto y Túnez.

También analizarán la responsabilidad en casos de “violaciones al derecho humanitario, obligaciones en materia de derechos humanos contenidas en pactos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y acuerdos de los que Libia es parte, y derecho consuetudinario internacional”, dijo el viernes Bassiouni, presidente de la comisión.

Los miembros de la misión se reunirán con el gobierno libio, con funcionarios de la ONU, con varias organizaciones internacionales y no gubernamentales, pero también con personas recluidas en prisiones y hospitales, tanto civiles como combatientes. Además, visitará zonas que están bajo control del gobierno y de la oposición.

Al ser consultado sobre si, de concluirse que una potencia extranjera cometió un crimen, la misión lo informaría, los expertos respondieron que su mandato cubre todas las violaciones a los derechos humanos en Libia, independientemente de quiénes las hayan cometido, y que por lo tanto informarán de ello en caso de que suceda.

Peter Splinter, representante de Amnistía Internacional ante la ONU en Ginebra, dijo que los integrantes de la comisión “están interesados en fijarse no sólo en las violaciones actuales, sino también en el contexto dentro del cual han tenido lugar”.

Esto puede implicar una investigación sobre “el apoyo de otros gobiernos al régimen libio”, añadió.

Peter Bouckaert, director de emergencias en Human Rights Watch, quien acaba de volver de una misión de dos semanas al oriente de Libia, dijo haber hallado enormes cantidades de artefactos sin explotar, armas y municiones abandonadas y minas terrestres de reciente colocación que plantean una gran amenaza para la población civil: “Me sorprendió mucho descubrir que el gobierno belga había vendido armas a Libia incluso en 2009”.

“Los países occidentales estuvieron vendiendo armas a un gobierno que posee antecedentes extensos de abusos a su propia población y que ha estado involucrado en actividades terroristas” en el exterior, agregó.

Al ser consultado sobre si la comisión investigadora también debería analizar este aspecto, respondió que el tema es más amplio y que puede estar fuera del mandato de los tres expertos, “pero los gobiernos que han suministrado armas tienen la responsabilidad de afrontar el legado”, ayudando a destruirlas y pagando para que se eliminen las minas terrestres. Muchas armas datan de los años 70 y 80, cuando Libia era objeto de un embargo. “Muchas de ellas se vendieron, claramente, en violación del derecho internacional”, continuó Bouckaert.

“Encontramos armas de Corea del Norte etiquetadas como partes sueltas para tractores y aplanadoras. Las empresas de venta de armas tienen la responsabilidad de considerar el uso que se dará a sus armas. Si saben que éstas serán usadas con fines de represión, tienen la obligación de cesar las ventas”, sostuvo.

Como ex integrante de la misión de investigación de la ONU en Guinea, Bouckaert cree que la misión del Consejo de Derechos Humanos es importante para determinar qué ocurrió realmente y quiénes son los responsables.

Libia no ha respondido directamente a la solicitud de visitar las zonas que están bajo control del gobierno, pero ha emitido un comunicado de prensa anunciando públicamente que la comisión será bienvenida en el país a partir del 15 de este mes: “Creo que se permitirá a la comisión ir a Trípoli”, dijo Bouckaert.

“La cuestión es si podrá hacer el trabajo real allí o si el gobierno intentará manipular su presencia. Las negociaciones más importantes tienen que ver con condiciones mínimas de trabajo. Uno no puede simplemente ir allí y participar en una recorrido organizado por el gobierno”, agregó.

Bassiouni aseguró que las fuentes de información contarán con garantías y que se protegerá a los testigos. La misión cooperará con la Corte Penal Internacional (CPI), a la que el Consejo de Seguridad encomendó el asunto el 26 de febrero. Cinco días después, el fiscal de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación sobre la situación en Libia.

Los expertos insisten en la necesidad de tener más información antes de discutir qué harán luego. No quieren acusar a nadie antes de haber determinado los hechos con exactitud.

Pero ¿qué credibilidad tiene esta misión, cuando el juez sudafricano Richard Goldstone se echó atrás en cuanto a su propio informe sobre la guerra en Gaza?

Goldstone lideró la misión investigadora de la ONU sobre los crímenes cometidos durante el conflicto que se desarrolló entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009 en la franja palestina.

El informe resultante, divulgado en septiembre de 2009, señaló tanto a Israel como a Hamás (acrónimo árabe del Movimiento de Resistencia Islámica) como responsables de crímenes de guerra en ese periodo.

“En la prensa hay muchas idas para atrás y para adelante con el informe Goldstone”, dijo Peter Splinter: “Él no se retractó, (sino que) reafirmó su informe. Simplemente dijo que, si hubiera sabido, no habría hablado sobre una política deliberada de tomar por objetivo a civiles. ¿Por qué no sabía lo que sabe ahora? Porque no se le permitió ir a Israel. Pero es injusto decir que eso desacredita las misiones investigadoras de la ONU”, sostuvo.

Para Splinter, la misión a Libia tiene juristas internacionales de alto perfil y muy calificados, lo que es motivo de optimismo en cuanto a lo que puede esperarse. “Es un paso importante, pero el plazo es muy estrecho”, dijo.

El problema es que “la gente (que puede testificar) está en hospitales, o tiene familiares adentro y no puede hablar hasta que la tormenta se haya aplacado. Las investigaciones de esta clase no son como soluciones instantáneas”, explicó.

“Haremos lo mejor que podamos, pero nuestra intención es incluir una recomendación para que se extienda el tiempo (que nos asignaron), a fin de poder continuar nuestro trabajo”, señaló.