La Rioja pasa el examen del Plan de Ajuste

Todas las comunidades, con la única excepción de Asturias, con un gobierno en funciones, han pasado hoy el examen del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha aprobado los planes de ajuste autonómicos para que su déficit no supere el 1,5 % este año, como les exige el Gobierno.

En total, las comunidades autónomas se apretarán el cinturón y realizarán ajustes que supondrán un ahorro de 18.349 millones de euros, ocho mil más de los previstos inicialmente, 13.071 por la vía de reducción del gasto y 5.278 por la de incrementar ingresos.

Cifra total que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, fue reacio a dar en un primer momento en la rueda de prensa que ofreció al finalizar una reunión que se esperaba larga y conflictiva y que finalmente apenas duró tres horas y transcurrió sin grandes tensiones.

Montoro, visiblemente satisfecho, dijo que el resultado es “un paso fundamental para la credibilidad de España” ante sus ciudadanos, sus socios en la Unión Europea y ante los mercados, si bien no espera su reacción “en horas”. “La confianza no se consigue de la noche a la mañana, sino paso a paso, con madurez, tiempo y sin eludir las responsabilidades”, insistió.

El ministro de Hacienda destacó la voluntad política de todas las comunidades de “estar en la senda de reducir el déficit, aún sabiendo que es difícil”, objetivo compartido con el Gobierno central, que estará muy atento a la ejecución de lo acordado hoy. “Estaremos vigilantes”, manifestó.

Este ha sido el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado tras la reciente entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, muy exigente con las administraciones públicas, estatal, autonómica y local, en cuanto al cumplimiento del déficit, única vía, dijo el ministro, de salir de la crisis y crear empleo.

Montoro informó de la no aprobación del plan de ajuste enviado a Madrid por el Gobierno de Francisco Alvarez Cascos, que estará en funciones hasta el próximo día 22, cuando se celebrará el debate de investidura que proclamará al socialista Javier Fernández nuevo presidente del Principado de Asturias, tras el acuerdo alcanzado ayer entre el PSOE y UPyD.

El nuevo Ejecutivo asturiano tendrá de plazo quince días para enviar un nuevo plan, en el que deberá incluirse, según Hacienda, un ajuste de 616 millones de euros, y que será debatido en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fijada para mediados de junio.

“Es el propio Gobierno asturiano -manifestó el ministro- el que reconoce en su plan que el hecho de estar en funciones limita su capacidad de tomar medidas”.

En la reunión de junio se fijará, además, el objetivo de déficit de las comunidades autónomas hasta 2015.

Montoro aseguró que el plan enviado por Asturias llegó “sin medidas suficientes” para garantizar la consecución de ese 1,5 % del PIB de déficit máximo obligatorio para todas las comunidades.

Andalucía fue la otra comunidad protagonista de la reunión, y su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se tuvo que emplear a fondo para convencer a Hacienda del realismo de su plan.

El ministro admitió que las negociaciones con la Junta han durado hasta poco antes de comenzar la reunión, y que había existido menos tiempo de negociación porque el Ejecutivo de Antonio Griñán se ha constituido hace apenas unos días.

Las “discrepancias” con Andalucía se centraban, sobre todo, en una partida de ingresos de 300 millones de euros que provendrían de la Unión Europea y que Hacienda no termina de considerar seguros. La Junta, finalmente, se compromete a hacer una reserva por dicho importe para el caso de que esta cantidad no llegue a transferirse desde Bruselas.

En cualquier caso, Cristóbal Montoro recalcó que tanto el Gobierno central como el andaluz han tenido “voluntad” para alcanzar un acuerdo. Para ello fue necesaria la mediación del consejero catalán de Economía, Andreu Mas Colell, que facilitó el acuerdo, reconoció el ministro.

Fuentes de Hacienda admitían tras la reunión, que en los días previos han existido tensiones con todas las comunidades, hasta conseguir unos planes creíbles y fiables. El tono, dentro y fuera de la reunión, ha sido hoy conciliador, frente a las advertencias sobre la necesidad de cumplimiento del déficit de los últimos meses, en los que se llegó a hablar, incluso, de intervención, tal y como prevé, en último extremo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

No se ha habló, según Montoro, de hispanobonos, un término que el ministro eludió utilizar en la conferencia de prensa, en la que reconoció, sin embargo, que antes de verano se pondrá en marcha un instrumento que ayude a financiarse a las comunidades autónomas con apuros.

El ministro dejó claro que el Gobierno quiere ayudar a las comunidades, ahora bien ello no debe implicar que “se diluyan las responsabilidades”, y que hay autonomías que no tienen problemas importantes de financiación en los mercados.

Las comunidades, en sus planes de ajuste, se comprometen especialmente en reducir gastos, más los corrientes que los de capital, y en el capítulo de ingresos contemplan desde subir el tramo autonómico del IRPF al céntimo sanitario o impuestos especiales de carácter medioambiental.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, adelantó que las medidas planteadas por las comunidades “hacen un importante uso de los recortes previstos en materia sanitaria y educativa” que alcanzarán cerca de 2.500 millones de euros.

Montoro negó que vaya a existir “trato de favor” del Gobierno hacia las comunidades que han cumplido ya, como Madrid, o están más cerca de cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 % del PIB, y dijo que “lo importante” es que todas están decididas a lograr tan “ambicioso” reto, que ayudará a que el déficit español no supere este año el 5,3 %.

El ministro rehusó calificar la reunión de “histórica” y dijo que “lo que hace ganar credibilidad es el trabajo del día a día. Debemos dejarnos de palabras huecas e ir a lo práctico”, porque sólo así “ganaremos en confianza”.

Con Cataluña “no ha habido motivos” para la discrepancia, manifestó, ni habrá un “plan B”, sino un “plan claro y transparente” para dar credibilidad a sus cuentas públicas.

Preguntado Antonio Beteta sobre los 283 millones de euros que Cataluña reclama al Estado en cumplimiento de la liquidación del año 2009, según dispone el Estatut, el secretario de Estado de Administraciones Públicas aseguró que “en el supuesto, totalmente real” de que no se reciba dicha cantidad, el plan catalán prevé un esfuerzo suplementario de enajenación de activos reales por el mismo importe.

“La lista de bienes no figura en el plan para no deteriorar el valor de los mismos, pero sí está en manos del Ministerio de Hacienda con el fin de velar por el estricto cumplimiento de la misma”, agregó Antonio Beteta