La Rioja recibirá más de 1,3 millones para abordar el reto demográfico
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la distribución de 1.390.998,29 euros a La Rioja para impulsar actuaciones en municipios situados en zonas de reto demográfico.
La Rioja recibirá 990.974 euros destinados a iniciativas ligadas a la bioeconomía y procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los otros 400.024,29 euros irán destinados a impulsar acciones de dinamización territorial cofinanciadas con cargo al Fondo de Cohesión Territorial.
En total, el Gobierno destinará a las comunidades y ciudades autónomas una inversión global de 55,7 millones de euros en dos líneas de inversión, cuyo reparto territorial deberá someterse a la ratificación definitiva de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico. La primera línea contará con 40 millones de euros para actuaciones de bioeconomía en municipios en riesgo demográfico, mientras que los 15,7 millones restantes irán destinados al apoyo de iniciativas y acciones para dinamizar zonas de reto demográfico.
Bioeconomía para recuperar el medio rural
Los 40 millones de euros para actuaciones en bioeconomía se centrarán en proyectos que incentiven el uso sostenible de los recursos forestales en los municipios, generen empleo y revaloricen el territorio en su área de influencia. Las iniciativas financiadas tendrán que garantizar beneficios sociales en su ámbito de aplicación y deberán iniciarse antes del 30 de junio de 2023, con un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2026.
De este modo, las propuestas financiadas deberán orientarse al aprovechamiento silvícola, la ganadería extensiva, y a producciones forestales sostenibles como las de corcho, resina, biomasa, aceites, piñón, castaña, setas, trufas, apicultura, plantaciones medicinales o apicultura. También serán financiadas iniciativas en materia de turismo sostenible y compatible con la conservación del medio forestal, promoción de la capacitación en el ámbito forestal o la creación y fortalecimiento de PYMES que desarrollen líneas de trabajo sobre aprovechamiento y protección del medio forestal.
Asimismo, la convocatoria también cubrirá las labores de restauración de zonas que hayan sufrido incendios forestales, siempre que favorezcan la recuperación de la actividad económica, se localicen en zonas vulnerables a la despoblación, respeten la recuperación ecológica del ecosistema e incorporen la dimensión del beneficio de la actuación para la población local.
Impulso de la lucha contra la despoblación
A su vez, la distribución de 15,7 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas prevista en los Presupuestos Generales del Estado 2022 se gestionará a través del Fondo de Cohesión Territorial (FCT).
Esta inversión impulsará medidas de ordenación del territorio que favorezcan un desarrollo local sostenible, abordará el desequilibrio territorial en el acceso a servicios públicos clave y promoverá actuaciones para incentivar la actividad económica y empresarial en zonas vulnerables al declive demográfico. Del mismo modo, también se llevarán a cabo programas de responsabilidad social para garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes del área de influencia de los municipios. La realización efectiva de las iniciativas financiadas deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de 2023.
Refuerzo de la cogobernanza en el territorio
Esta distribución de fondos avanza en la consolidación de la política pública de reto demográfico, reforzando la cogobernanza territorial, en tanto que se hace a las comunidades autónomas partícipes de la misma. Tras la primera distribución de fondos para proyectos singulares, ejecutada en 2021, en este ejercicio se aumenta la dotación respecto a la anterior distribución, pasando de 11,7 a 15, 7 millones de euros.
Los criterios de distribución, acordados con las comunidades y ciudades autónomas, tanto en su identificación como en el peso relativo de cada uno, permiten vincular la distribución de fondos con las principales dimensiones de la cohesión social y territorial, abarcando la dimensión demográfica, pero también la socioeconómica.
De este modo, se dispone por primera vez de una política pública centrada en abordar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación de forma transversal, con instrumentos específicos de acción y de financiación, abriendo nuevos ámbitos de intervención y de colaboración con las comunidades autónomas.
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