La violencia aumenta en Honduras
La ONG defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch [HRW] ha pedido a la comunidad internacional, y a Estados Unidos en particular, imponer sanciones al Gobierno 'de facto' de Honduras como vía de presión para reponer al depuesto presidente Manuel Zelaya.
Tras el informe difundido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] que ha documentado violaciones de Derechos Humanos cometidas en Honduras desde el golpe del 28 de junio, la organización insta a ejercer una mayor presión sobre el Gobierno actual que preside Roberto Micheletti.
“Si la misión de la OEA no logra esta semana persuadir al Gobierno 'de facto' de Honduras de restituir a Zelaya en la Presidencia, la única opción que queda es que la comunidad internacional aumente la presión”, espetó el director de HRW en Iberoamérica, José Miguel Vivanco, quien recalcó el “papel clave” que podría jugar la administración estadounidense “a través del uso de sanciones cuidadosamente dirigidas”.
Vivanco señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la muerte de cuatro personas, tres de ellas recibieron disparos en la cabeza mientras protestaban contra el golpe militar del 28 de junio que expulsó a Zelaya del poder y le obligó a abandonar el país. Asimismo, el informe condenó la detención arbitraria de entre 3.500 y 4.000 personas por parte de militares y de la Policía para “silenciar y obstruir las expresiones de protesta”.
La comisión también ha afirmado que varias mujeres reconocen haber sido tratadas con especial violencia por razón de su sexo, “las mujeres, en razón de su género, fueron especialmente sujetas a actos de violencia y vejación”, según recoge el informe. Se han dado dos incidentes de este tipo en San Pedro Sula, una mujer afirmó haber sido violada por agentes policiales, y otra relató haber sido desnudada del torso para abajo y golpeada con bastones.
Otro motivo de preocupación para la comisión ha sido la intensificación de los ataques contra los medios de comunicación. El ambiente general inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión en Honduras. Se han suspendido varios canales de televisión y emisoras de radio, con amenazas, detenciones, y agresiones a sus miembros, así como ataques a sus instalaciones.
En la otra cara del conflicto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos especifica que, en términos generales, las manifestaciones de los partidarios del presidente derrocado Manuel Zelaya se han realizado de manera pacífica, aunque señala que en algunos casos excepcionales los participantes habían cometido actos de violencia, “incluidos algunos graves, contra personas y contra la propiedad”, como el incendio de un restaurante y una agresión contra un diputado.
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