Las asociaciones de jueces mantienen las movilizaciones

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, prometió a las principales asociaciones de jueces un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un “importantísimo esfuerzo económico añadido” y que, según dijo, “permitirá adelantar los plazos marcados”.

No obstante, los jueces, que ayer renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron que mantendrán sus protestas porque “la situación no está resuelta”.

“El Gobierno ha decidido hacer un importantísimo esfuerzo económico añadido de 20 millones de euros, que supone un aumento de casi un 30 por ciento de la cifra ya presupuestada”, indicó el ministro junto a una serie de medidas que entrarán en vigor, según anunció, en este 2009. “El programa que tenemos de modernización tardará más si no aportamos ese dinero, nos va a permitir acortar los tiempos”, añadió.

No obstante, las cuatro principales asociaciones de jueces --Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)-- coincidieron en asegurar que “la situación no está resuelta”.

Así lo explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión, que se alargó durante siete horas y media, el portavoz de la APM, Antonio García, quien tomó la palabra en nombre de sus compañeros para admitir la “disposición” mostrada ayer por el Ministerio, “aunque no con la intensidad deseada”. “Esperábamos una respuesta clara y concreta”, dijo al tiempo que explicó que las soluciones propuestas por el Departamento “no satisfacen enteramente a las asociaciones”.

“No podemos conformarnos con lo que esta tarde y por la mañana nos ha explicado el ministro”, zanjó García, quien aseguró que mantendrán los actos reivindicativos que tenía previstos. “A día de hoy las asociaciones consideran vigente a todos los efectos el documento reivindicativo”, aseguró al tiempo que no cerró la puerta al diálogo anunciando futuros contactos. “La reunión ha servido para considerar abierto un proceso de soluciones dialogadas que se tendrán que ir perfilando a lo largo de próximas reuniones con el Ministerio”, dijo.

El encuentro tuvo por objeto estudiar el documento reivindicativo emitido por los jueces el pasado día 13, mediante el cual, otorgaban al Ejecutivo socialista un plazo de seis meses para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir a una huelga el 26 de junio. Además, los jueces proponían sustituir por actos reivindicativos de menor intensidad la convocatoria de huelga fijada el pasado miércoles para el 18 de febrero por un 20 por ciento de la carrera.

NO SE JUSTIFICAN LAS PROTESTAS

Tan sólo unos minutos antes de que los representantes de las asociaciones judiciales compareciesen ante los medios de comunicación para ofrecer sus explicaciones, en la misma sala de prensa del Ministerio, Bermejo, acompañado por el Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, se felicitaba por el balance “positivo” de la reunión “por mucho que no se hayan alcanzado acuerdos en algunos puntos”.

“Entiendo que con el clima de diálogo que ha habido, esto no se justificaría”, contestó Bermejo preguntado sobre la posibilidad de que las asociaciones mantuviesen sus protestas antes de que el propio García afirmase que “sólo con un buen tono no se deben considerar solucionados todos los problemas”.

Bermejo aprovechó también para agradecer a los jueces su decisión de renunciar a sus exigencias retributivas. “Quiero agradecer a las asociaciones su gesto de generosidad y consecuente con la situación económica actual”, dijo al tiempo que cerró la puerta de manera definitiva a subidas retributivas en este 2009, pero comprometiéndose a revisar este sistema en el futuro “cuando las condiciones económicas lo permitan”.

A la hora de detallar los planes del Ministerio de cara a la modernización de la Justicia, Bermejo anunció, entre otras cuestiones, el desarrollo antes del próximo 31 de diciembre de un sistema de comunicación telemática --conocido como el sistema Lexnet-- para lo que se aportarán cinco millones de euros.

COMPROMISOS

En el mismo plazo de tiempo, el titular de Justicia anunció la creación de un consorcio entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el intercambio de información y compatibilizar los sistemas, un sistema de gestión procesal único “como paso previo a la implantación de la nueva oficina judicial” o el impulso de la oficina judicial sin papel en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

Las principales asociaciones judiciales se reunieron ayer con los representantes del Ministerio de Justicia después de que el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo les citase a una reunión urgente para analizar su postura de cara a la modernización de la Administración.

Concretamente, las exigencias de los jueces se basan en 8 puntos entre los que se encuentran la urgente instauración de la nueva oficina judicial, establecer un calendario concreto para la modernización tecnológica, que el Ministerio asuma el compromiso de que la agenda de señalamientos seguirá en manos de los magistrados, y no de los secretarios; y arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.

Además, los jueces piden la inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial y que se proceda a la adecuación quinquenal en materia de retribuciones, especialmente en lo referente al pago de servicios de guardia, entre otras cuestiones.

En respuesta a estas exigencias, el ministro se comprometió hoy a mantener la cifra de crecimiento de plazas de jueces y fiscales, 150 y 100 plazas al, año respectivamente, poner en marcha un régimen de sustitución, suprimir el traslado forzoso y eliminar la interinidad en los juzgados.

En lo que no hubo acuerdo ayer fue en el compromiso de que los jueces mantengan la potestad para señalar los juicios, algo que tras la aprobación del anteproyecto de ley de reforma procesal por el Consejo de Ministros depende del Congreso de los Diputados, tal y como argumentó el ministro. “Ese punto es de extrema importancia”, expresó García quien pidió que no se les arrebate a los magistrados una función, núcleo duro de la función jurisdiccional.

El encuentro se produce tan sólo cinco días después de que el 20 por ciento de la carrera acordase acudir a la huelga --protesta sin precedentes en el sector-- el próximo 18 de febrero, a la espera de lo que sucediese en la cita de hoy. No obstante, Bermejo aclaró ayer que “las asociaciones de jueces son el único interlocutor legítimo de la carrera”.

Tanto las asociaciones como el Ministerio contaban ayer con la presión añadida del resultado de las juntas de jueces celebradas en toda España el pasado miércoles en las que una veintena de partidos judiciales, entre ellos los juzgados unipersonales de Madrid y Barcelona, decidieron no secundar las propuestas de las asociaciones escenificando así la fractura de la carrera.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, señaló ayer que “se debe colaborar con los jueces para solucionar todos los problemas que se puedan plantear”. “Yo sólo puedo decir que hay buena voluntad ambas partes --jueces y gobierno”, expresó Dívar antes de participar en la entrega de galardones del II edición de los premios “Foro Justicia y Discapacidad”. “Hay que ser tolerantes (con los jueces) y comprender que la verdad no tiene un carácter exclusivo”, sentenció.