Las novedades de la Ley de Dependencia: se reduce de 6 a 3 el tiempo máximo para resolver las prestaciones

La delegada del Gobierno en La Rioja ha informado este viernes de la entrada en vigor de las modificaciones de la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad que beneficiarán a muchos riojanos y riojanas. Arraiz Nalda ha repasado los principales cambios que plantea la nueva situación.

Así, ha recordado que “el pasado 1 de julio ya entró en vigor una movilización adicional de 6.200 millones de euros para el sistema de dependencia durante lo que resta de 2026 y el año 2027. Además, se reforzó la financiación estatal vinculada al grado de dependencia reconocido. En el caso de la prestación asociada al grado I, la aportación mensual pasó de 76 a 90 euros; para el grado II, de 130 a 260 euros; y para el grado III, de 290 a 660 euros”.

Una de las grandes novedades es que desaparecen las incompatibilidades. Hasta ahora el sistema obligaba a elegir entre determinados servicios, ahora podrá combinarse la atención según las necesidades reales. Una persona podrá recibir ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día, cuidados familiares y asistencia personal.

Otro cambio es que la asistencia personal deja de limitarse al domicilio y podrá acompañar al paciente al médico, a realizar compras, a participar en actividades sociales o a desarrollar una vida independiente. La reforma, además, reconoce como cuidadores a personas que, aunque no tengan parentesco legal, desarrollan realmente esa función: parejas no casadas, personas convivientes, redes de apoyo, familias diversas.

El Estado garantiza las cotizaciones de las personas cuidadoras y reconoce expresamente la figura de la persona cuidadora principal, reforzando su papel dentro del sistema de atención a la dependencia. Además, asegura Arraiz Nalda, “la continuidad de los cuidados cuando la persona cuidadora principal enferma o necesita ser sustituida”.

Uno de los cambios más importantes es la reducción de plazos

Las comunidades autónomas deberán resolver las prestaciones en un máximo de tres meses, frente a los seis actuales. Además, se aprueba la ‘pasarela’, por la que se reconocerá automáticamente un 33 por ciento de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 por ciento de discapacidad.

La reforma que entra este viernes en vigor desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución. Entre las principales novedades destacan: el reconocimiento automático de discapacidad vinculado al grado de dependencia; la accesibilidad universal como derecho exigible, el programa estatal de accesibilidad; el derecho subjetivo a la atención temprana, la prohibición de discriminar en los seguros por razón de discapacidad y el acceso a facilitadores procesales para garantizar el acceso efectivo a la Justicia.

Otra novedad importante es que la reforma incorpora por primera vez una protección reforzada para las mujeres y niñas con discapacidad, que sufren una mayor exposición a la violencia, la discriminación y las múltiples formas de exclusión. La ley integra la perspectiva de género en las políticas de discapacidad y refuerza la respuesta de los poderes públicos frente a la violencia de género, la violencia sexual y otras formas de violencia que afectan de manera específica a las mujeres y niñas con discapacidad.

Por último, las administraciones estarán obligadas a facilitar económicamente las obras necesarias para eliminar barreras. Para ello se creará, un Programa Estatal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear audiodescripciones etc. Y se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de propietarios tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita.

Además, se facilitan los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75 al 70 por ciento el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios. Actualmente, se estima que en España hay 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus viviendas no son accesibles.

En la Comunidad Autónoma de La Rioja, a 31 de mayo de 2026, había 9.668 personas con prestaciones reconocidas.