El PP lleva al Defensor del Pueblo los informes de 32 facturas de Calles Abiertas

El Grupo Municipal Popular señala que tras la comisión informativa extraordinaria celebrada ayer respecto a las 32 facturas “nulas” del programa ‘Calles Abiertas’, “se confirma la gestión irregular realizada por el Ejecutivo local, concretamente de los concejales de Desarrollo Urbano, Jaime Caballero, y Economía, Esmeralda Campos”.

Añaden que “se ha constatado que las contrataciones se realizaron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y se hizo de manera continuada”.

Asimismo, “ha quedado evidenciado que se actuó al margen de lo previsto en la Ley de Contratos”. Los populares insisten en que “muchas de las actuaciones nada tienen que ver con la situación de emergencia sanitaria ni eran necesarias para prevenir los efectos de la pandemia”.

También quieren recordar que esta comisión fue solicitada por el Grupo Municipal Popular para que el Ejecutivo local respondiera a los interrogantes sobre las contrataciones de las facturas nulas del programa ‘Calles Abiertas’.

El Grupo Municipal Popular ha enviado al Defensor del Pueblo, ampliando la queja presentada, los informes técnicos obrantes en el expediente de las facturas nulas: el de la Dirección General de Contratación, Responsabilidad Social Corporativa y Servicios Comunitarios de 28 de diciembre de 2020 y el Informe del Interventor General de 29 de diciembre de 2020. En ellos, detallan, “los propios funcionarios municipales cuestionan la validez de las 32 facturas, algo que ya había sido evidenciado por el informe de la Asesoría Jurídica de 24 de noviembre de 2021 que concluía que carecían del más mínimo soporte normativo y su falta de justificación por tramitarlas por el procedimiento de emergencia”.

Estos informes forman parte de la nueva documentación requerida por el Grupo Popular en el proceso de esclarecimiento de lo sucedido.

Así, “en dichos informes, en todos ellos, se incide en los requisitos que debe cumplir la contratación de emergencia (artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público) y que las 32 facturas referidas corresponden a 'servicios y suministros en los que no se acredita fehacientemente la existencia de elementos habilitantes para una tramitación de emergencia' (informe Dirección General de Contratación, Responsabilidad Social Corporativa y Servicios Comunitarios e Informe del Interventor General)”.

O que las facturas “no cumplen los requisitos reseñados, bien por la naturaleza de las prestaciones ejecutadas, bien porque no se acredita fehacientemente que el inicio de la ejecución de las prestaciones no comenzó en un mes” (Informe de la Dirección General de Contratación, Responsabilidad Social Corporativa y Servicios Comunitarios). O que “no se ha encontrado ni una sola justificación de la contratación verbal, entre otras de las asistencias técnicas, es más se ha reconocido que en varios casos, se ha excedido del periodo de emergencia y ni siquiera se ha concretado su verdadera necesidad, la exhaustiva descripción de las actuaciones ejecutadas, con el debido respeto, no acreditan, ni quién las contrató, ni la necesidad de su inmediatez” (Informe de la Asesoría Jurídica).

El Grupo Popular seguirá “con rigor y firmeza” la evolución del expediente y a resultas del Informe del Consejo Consultivo solicitará que se depuren las responsabilidades políticas que fueran pertinentes.

Recuerdan que “estamos ante dinero público y que la mala gestión política, marca del Ejecutivo de Hermoso de Mendoza, ha sido la que ha ocasionado que varias empresas lleven más de un año sin cobrar los trabajos que han ejecutado”.