Los propietarios de Marqués de San Nicolás 48 exigen rectificaciones

La comunidad de propietarios de Marqués de San Nicolás número 68 quiere “desmentir” las “acusaciones y difamaciones vertidas sobre ellos” tras los últimos hechos acontecidos en su vecindario con la subasta de una vivienda de una familia de cinco miembros por impagos a la comunidad y aunque “lamenta el final” exige tanto a la Plataforma de Desahucios de La Rioja como al propio inquilino “la rectificación de las afirmaciones difamatorias que han sufrido”.

¿Qué ha pasado?

La comunidad ha querido exponer mediante un comunicado de prensa “la situación en la que nos encontramos” y también “desmentir dichas difamaciones que ha vertido sobre la comunidad de vecinos José Pérez Jiménez, respaldado por la PAH”.

Según explican, “todo comienza hace 10 años, cuando el Ayuntamiento de Logroño ejecuta de urgencia unas obras para garantizar la seguridad estructural del edificio y por la cual José Pérez Jiménez comienza su deuda con el Ayuntamiento”.

A los dos años, el 7 de septiembre de 2009 “se aprueba una nueva obra de forma obligatoria para reparar cubiertas, patios interiores y portal del edificio (URBO4-2013/0070), por importe de 79.986,83 euros más IVA, siendo esta cifra la menos costosa para la comunidad de los tres presupuestos presentados en la junta ordinaria de vecinos”.

El 25 de febrero se aprueba el estudio de forma de pago de dicha obra; “no habiéndose presentado José Pérez ni en ésta, ni en la anterior reunión”.

En dicha reunión -recuerdan desde la comunidad de vecinos- se acuerda dividir en 12 cuotas obtenidas por cuota de participación, de las cuales a dicho inquilino “le correspondían 435,70€ por cuota, que en total ascendía a 5.228,41 euros”.

¿Cuándo empieza la deuda?

“Es aquí -aseguran- donde comienza su deuda con la comunidad, que ha ido aumentando a lo largo de los años, no habiéndose producido ni un mínimo ingreso por su parte ni en cuotas, ni derramas, ascendiendo a la actual cifra de 7.568,24 euros más intereses de demora la deuda contraída con la comunidad”.

Además, el 30 de septiembre de 2013 la comunidad “determina denunciar a todos los vecinos deudores, entre ellos José Pérez Jiménez, siendo un total de 7 vecinos los morosos y la deuda acumulada por estos de un valor de 26.570,40 euros. Produciéndose una sentencia favorable a la comunidad”.

Su cuota mensual durante los 10 últimos años “ha sido de 13,51 euros y en actualidad (desde el mes de noviembre) la cuota es de 27 euros. Subida justificada para afrontar los gastos comunitarios mensuales, esta persona ni en presente, ni en pasado ha aportado ingreso alguno”.

Durante todo este tiempo, el inquilino “ha sido informado por escrito e invitado verbalmente a asistir a las reuniones vecinales en las cuales se informaba de la situación económica de la comunidad y a las cuales nunca se ha presentado”.

Además, en la actualidad José Pérez “denunció a la comunidad de vecinos por lesiones provocadas al intentar acceder a un patio interior sin acceso público, ni permiso de la comunidad, por lo cual nos reclama a la comunidad 106.000 euros más 40.000 euros de intereses. Tratando de negociar con la comunidad la anulación de dicha denuncia canjeándola por la deuda contraída con la comunidad”.

“Aclarar que el abogado no dimitió por ser un caso injusto, se ha cambiado de administrador de fincas y con ello de abogado”.

“En la comunidad viven personas trabajadoras y humildes”

Durante este tiempo “ha quedado demostrado que ha tenido defensa jurídica gratuita, lo demuestran los recursos que ha presentado con cada requerimiento”. Ya desde el año 2015 “veníamos sufriendo y dejando constancia en actas de vecinos los actos de vandalismos y altercados sufridos en la comunidad por lo que ya se instigó en su momento la colocación de las cámaras de seguridad para la propia seguridad de la comunidad”.

Con todo ello, manifiestan “que la subasta ha terminado con un precio superior a la tasación de perito judicial, y el malestar de la comunidad por estos hechos acontecidos. Hechos que si bien han sido forzados por la omisión permanente del afectado y la bancarrota de la comunidad para afrontar los gastos de terceros ya que la comunidad al completo está basada en personas trabajadoras y humildes que si bien no quería este final, se ha sentenciado por medios jurídicos y legales”.