Poner fin a las violaciones de los soldados

La violación se está convirtiendo en un arma de guerra más en la República Democrática del Congo. En este país del África austral, los soldados y demás miembros del Ejército del gobierno no dudan en cometer delitos sexuales contra las mujeres y niñas de las zonas por dónde se despliegan. Este crimen contra los derechos más fundamentales lejos de desaparecer se está convirtiendo en una práctica habitual por parte del Ejército congoleño.

Con el objetivo de que estos crímenes no queden impunes y erradicar esta práctica, la organización Human Rights Watch ha hecho público el informe 'Soldados que violan, comandantes que aprueban: violencia sexual y reforma militar en República Democrática del Congo'. A través de este documento dicha organización solicita al gobierno congoleño que investigue y juzgue a los altos del Ejército implicados en violaciones.

Según ha denunciado la ONG, el gobierno de República Democrática de Congo debe investigar de manera urgente y juzgar a los responsables del Ejército que presuntamente están implicados o son cómplices en los delitos sexuales contra mujeres y niñas, como parte de sus esfuerzos para luchar contra la violencia sexual.

El informe de Human Rights Watch documenta la persistente violencia sexual ejercida por el Ejército, y el impacto limitado del Gobierno para dirigir el problema.

Este documento investiga la conducta de una brigada del Ejército como un ejemplo del extendido problema de la violencia sexual que cometen los soldados. A pesar de la extensa información que se dispone sobre esta situación, las autoridades militares, políticas y judiciales no han tomado acciones decisivas para impedir las violaciones.

“Hemos visto cierto progreso a la hora de juzgar a soldados rasos por violencia sexual”, manifestó la investigadora para África en la ONG, Juliane Kippenberg. “Pero los oficiales del Ejército aún son intocables, por sus crímenes y por su responsabilidad de mando sobre los delitos también ejercidos por sus soldados, deben ser investigados”, añadió.

Durante el año 2008, la ONU registró 7.703 casos de violencia sexual cometida por el Ejército, los rebeldes y otros actores en las provincias de los Kivus, donde el Ejército ha estado combatiendo contra varios grupos rebeldes. La mayoría de las víctimas son chicas.

Para terminar con la violencia sexual que comete el Ejército, el gobierno congoleño debería crear un mecanismo para retirar a los oficiales que abusan de su posición, establecer una cadena de mando estricta, mejorar las condiciones de vida y los salarios de los soldados y fortalecer el sistema de la Justicia militar, según declara Human Rights Watch.

Esta organización también pide al gobierno establecer una “cámara mixta” compuesta por jueces y fiscales congoleños e internacionales para ayudar a superar la debilidad del sistema judicial del país.

La violencia sexual que comete el Ejército es un hecho generalizado a pesar de los esfuerzos que realizan el gobierno congoleño y la comunidad internacional. Olive Lemba Kabila, mujer del presidente, Joseph Kabila, abrió en 2007 una campaña nacional contra este tipo de violencia. A principios de este año, el Ejecutivo reconoció públicamente que se ha hecho necesaria una política de “tolerancia cero” para las violaciones de derechos humanos después de las críticas vertidas por los grupos internacionales. El Ejército congoleño envió instrucciones a todas sus tropas en las que indicaba que su tarea es proteger a la población, y alertaba de que las violaciones y otros crímenes serían castigados.

“La tolerancia cero para las violaciones es un objetivo noble, pero carece de sentido si el gobierno no persigue y juzga a los comandantes responsables de las violaciones”, indicó Kippenberg. “El gobierno congoleño, la ONU y otros han hecho mucho por apoyar a las víctimas de la violencia sexual, aunque han hecho menos para terminar con la atmósfera permisiva que causa estos crímenes”, añadió.

“Reformar el sector de la seguridad, especialmente el Ejército, es una prioridad principal para los donantes internacionales, pero las reformas no han logrado mucho en reducir la violencia sexual contra las mujeres y niñas”, continuó esta investigadora de la organización. “Tanto el gobierno congoleño como sus socios necesitan cambiar sus buenas intenciones en medidas concretas”, añadió.

Human Rights Watch también ha solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que utilice la resolución 1.820 para tomar duras medidas contra los gobiernos y grupos armados que cometen violencia sexual en este país y en otros lugares, además de solicitar la creación de un enviado especial o representante para las mujeres, la paz y la seguridad que sirva como un asesor de alto nivel y un coordinador.