Por el fin de la apropiación de tierras

Como consecuencia de la crisis financiera mundial, muchos países ricos han optado por nuevas políticas de inversión con las que frenar el daño en sus economías. Algunas de estas políticas pueden ser cuestionables como es la “apropiación de tierras” que algunos gobiernos e inversores extranjeros están llevando a cabo en los países más pobres, y que varias ONG y asociaciones de campesinos han denunciado en el Foro paralelo de la Sociedad Civil en Roma con ocasión de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria de la FAO.

Según estas organizaciones en “menos de un año”, han sido usurpadas “más de 40 millones de hectáreas” en África, Asia, América Latina y Europa del Este. Esta “apropiación de terrenos por parte de capitales extranjeros debe acabar”, afirman.

A través de una declaración conjunta, los presentes en el foro reclaman la “soberanía alimentaria” como “verdadera solución a la tragedia del hambre en el mundo”, considerando que los distintos países tienen “la obligación de prestar su ayuda” para acabar con esta “emergencia”, que hoy en día afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo.

La cumbre de la FAO, que empezó este lunes en Roma y terminará hoy, ha contado con la presencia de alrededor de 60 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, aunque la gran mayoría de ellos provienen de países en vías de desarrollo. De hecho, la ausencia de los líderes de las principales economías del mundo ha marcado profundamente esta cumbre.

Las ONG y asociaciones de campesinos presentes pusieron su esperanza en la reforma del comité para la Seguridad Alimentaria de la FAO, con la que los pequeños agricultores, los pescadores y los pueblos indígenas pasarán a tener por primera vez un papel importante en la planificación de la lucha global contra el hambre.

La reorganización de este comité permitiría reunir en torno a una misma mesa y con derecho a voto a todos los países miembros de Naciones Unidas, a las agencias dedicadas a la agricultura y la alimentación y a los delegados de las organizaciones de productores y de la sociedad civil.

Sin embargo, los representantes de la sociedad civil denunciaron la intención de los países del G-8, los cuales preferirían controlar ellos solos la gestión de los recursos que invierten en la lucha contra el hambre a través del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Nosotros, en cambio, reclamamos que esos fondos sean desembolsados a través de una organización multinacional como Naciones Unidas”

para que “todos” puedan tomar parte en la planificación de estas inversiones y no sólo los países ricos, ha explicado el portavoz de la ONG española Intermón Oxfam, José Antonio Hernández.