“Primavera caliente” en la Educación Pública

Las medidas que hace unos días presentó el ministro de Educación, Juan Ignacio Wert, a los consejeros autonómicos fue el principio de una primavera que se avecina caliente en la Educación Pública. El consejero riojano, Gonzalo Capellán, convocaba de urgencia la Mesa Sectorial de Educación, para informar a los sindicatos de lo que provocarán las reformas en el sistema educativo riojano.

Esta misma tarde se reúne Capellán con los representantes de los profesores en una reunión que se supone tensa.

Pero en el resto de España, las cosas no están mucho mejor. Los sindicatos de la enseñanza pública CCOO, STES y FETE-UGT, apoyados por la organización de padres de alumnos CEAPA y el Sindicato de Estudiantes, han anunciado hoy una “primavera muy caliente” de movilización contra los recortes del Ministerio de Educación, sin excluir “un paro o día de lucha”.

“Rectifica o sucumbe a la movilización social. ¡Que se lo piense!”, ha advertido el portavoz de la Plataforma Estatal por la Enseñanza Pública y de CEAPA, José Luis Pazos, en alusión al ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Pazos, que preside la FAPA Giner de los Ríos de Madrid, ha asegurado, en conferencia de prensa, que no van a consentir que el futuro de los hijos se tire “por la cloaca”.

Ha asegurado que CEAPA representa a más del 80 por ciento de las familias de escolares y que el Gobierno se va a encontrar con una movilización en los centros “como jamás había pensado”.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, ha dicho que la movilización será “intensa y creciente”, llegará a todos los rincones del país, sin descartar ninguna acción, incluida una “segunda marcha a Madrid”, como la del 22 de octubre de 2011.

Entonces, estos sindicatos más ANPE y CSIF reunieron a decenas de miles de personas en la capital para enviar un “aviso” a todas las CCAA y al gobierno que saliera de las elecciones del 20 de noviembre para que la educación pública quedara al margen de los “recortes”.

Según Campos, aun no se puede concretar ninguna medida, pues se tiene que hablar con otras organizaciones, en referencia, por ejemplo, a ANPE y CSIF, que no forman parte de esta plataforma.

Pero también con asociaciones civiles de otro tipo para converger en la defensa de los servicios públicos sociales, de la dependencia y la sanidad, con la idea de una reunión de plataformas de este tipo de toda España.

En cualquier caso será una movilización social en general “intensa y creciente”, ha advertido, ante un nivel de presupuestos de Educación del Estado “de antes del año 2000”.

“Volvemos a la escuela de nuestros padres y nuestros abuelos”, ha enfatizado Campos.

El portavoz de STES, Augusto Serrano, que ha aventurado la disminución de las escuelas rurales por la concentración de alumnado en menos centros, ha coincidido con CCOO en que se perderían 100.000 empleos en la educación pública.

El otoño será también “caliente”

, ha señalado, en previsión de que los presupuestos de 2013 sean igualmente restrictivos.

Pazos, a su vez, ha opinado que las medidas anunciadas ayer para que las comunidades autónomas puedan ahorrar 3.000 millones de euros en educación y el proyecto de Presupuestos del Estado de 2012 suponen un “desmantelamiento” de la enseñanza pública y “un suicidio para la sociedad”.

Ha querido denunciar las “falsedades” de los argumentos del Ministerio y ha opinado que el plan ministerial es una reforma educativa en sí misma, además de negar que algunas de las medidas vayan a ser temporales.

Ha rechazado que un “recorte” de miles de millones no vaya a afectar a la calidad ni a la equidad, pues con menos no se puede hacer más y mejor, sino que sólo ciertas clases sociales tendrán oportunidades reales.

También ha discrepado de que la aplicación de las medidas sea “flexible”, ya que se recogerán en un Real Decreto-Ley de “obligado cumplimiento”.

Ha calculado que el aumento del máximo de alumnos por aula en la educación obligatoria supondrá pasar de 25 a 30 en primaria y de 30 a 40 en secundaria, incluido el 10 por ciento adicional para estudiantes de escolarización tardía.

Fijar un mínimo de 25 horas lectivas semanales para el profesorado de primaria y de 20 en ESO significa que solo tendrán tiempo para dar clase a los alumnos en la jornada escolar de éstos, según Pazos, sin tiempo suficiente para preparar las clases, por ejemplo.

Ha interpretado también que será imposible cubrir las bajas de docentes de hasta diez días con personal del mismo centro dada la carga lectiva.

Ha asegurado que se avanza en la “desorganización” de los centros y se limita la libertad de elección cuando los institutos no estén obligados a ofrecer al menos dos de las modalidades de bachillerato.

Antonio Redero, por FETE-UGT, ha indicado que todo esto es un “cambio social”; y el secretario general del SE, Tohil Delgado, ha señalado que se inundarán las calles contra el “peor ataque a la escuela pública desde la dictadura”.