Sólo CIU y ERC se abstienen en la aprobación del 'minitrasvase' a Barcelona

El pleno del Congreso aprobó ayer, con los votos a favor del PSOE, PP, CC, UPyD, PNV e ICV, y la abstención de CiU y ERC, la convalidación del Real Decreto-Ley de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de agua de boca a cinco millones de personas en la provincia de Barcelona a partir de otoño y durante nueve meses, hasta la entrada en funcionamiento de la desalinizadora de El Prat.

Durante el debate, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que se estrenaba ante la Cámara Baja en esta legislatura, defendió la medida acordada entre Gobierno y Generalitat de Cataluña como “una reasignación temporal de caudales, con un volumen limitado (3,9 hm3/mes) y para un ámbito delimitado, que no permite sacar una gota adicional del río Ebro ni realizar conexión intercuencas alguna”.

“Es una medida que ya se ha hecho con anterioridad para atender esta misma finalidad en otras cuencas de la vertiente mediterránea -enfatizó-. En caso de que concurran circunstancias parecidas a la que hoy nos encontramos, agua para uso de boca, también se hará en el futuro tanto en esas misma cuencas como en cualquier otra del territorio español. Es un compromiso y una obligación del Gobierno de España”.

PP: ES UN TRASVASE Y DETRAE CAUDAL DEL EBRO

El PP solicitó, sin conseguirlo, la tramitación del texto como proyecto de Ley con carácter de urgencia para alcanzar una solución global al problema de agua en España, según argumento. el diputado Carlos Javier Floriano, que aseguró que la medida es un “trasvase” y acusó a la ministra de “faltar a la verdad” al asegurar que no se detrae agua del caudal del Ebro.

“¿Qué tiene que pasar para que resuelvan los problemas de agua en Aragón, Valencia, Murcia y Almería -preguntó-. ¿La España decente de Zapatero es la que pone en cuestión el principio de igualdad y la solidaridad interterritorial?”. Floriano recordó que hace menos de tres años el Congreso derogó la medida aprobada hoy y acusó al presidente del Gobierno de “hacer una cosa y la contraria” en política hidráulica.

La diputada y secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Soraya Rodríguez, respondió al parlamentario 'popular'. “Mañana, el año que viene, cuando sea necesario, este Gobierno actuará de la misma forma en cualquier territorio, dando derecho prioritario al agua de calidad de boca”, subrayó, al tiempo que insistió en que la medida no consiste en un “trasvase adicional del Ebro”. Rodríguez avanzó que la próxima semana se firmará el convenio entre Gobierno y Generalitat de Cataluña para la realización de las obras.

CiU y ERC SE OPONEN A LA FINANCIACIÓN

Desde CiU, el diputado Pere Macias, que inició su intervención hablando en catalán, reprochó al Gobierno haber “ocultado” la palabra “trasvase” para referirse a la 'conducción CAT-ALL' y aseguró que esta actuación coincide con la que CiU propuso en 2002, rechazada entonces por los socios del actual tripartito. Macías lamentó también que el coste de las obras se reste de las inversiones estatales para Cataluña y defendió de nuevo la obra del trasvase del Ródano, debate que espera “con impaciencia” al estar preocupado también por el “futuro”.

En la misma línea, el portavoz de ERC, Joan Ridao, justificó su abstención por el hecho de que el coste de las obras pasen factura a la administración catalana. Además, arremetió contra CiU y el PP por su “discurso demagógico” y enfatizó que el decreto pone en marcha una medida “excepcional”, que calificó de “prolongación del 'minitrasvase' de Tarragona”, que considera “un mal menor”.

Mientras, el portavoz de ICV, Joan Herrera, reconoció abiertamente que el decreto contempla un “trasvase”. Justificó su apoyo claro a la medida debido a que se cumplen, a su juicio, “las condiciones de temporalidad, reversibilidad, excepcionalidad y titularidad pública” para la Generalitat. Asimismo, pidió una Ley de aguas que permita un banco público de aguas y un marco legal que permita avanzar en la nueva cultura del agua.

Por su parte, Joseba Agirretxea, por el PNV, manifestó su apoyo a la medida por “sentido común, responsabilidad política y solidaridad”, pero advirtió de que el 'sí' no supone un “cheque en blanco al Gobierno en política de agua.

Desde CC, José Luis Perestelo, apostó por la “solidaridad” con la la situación catalana y aprovechó para recordar la necesidad de poner en marcha infraestructuras hidráulicas en Canarias. Finalmente, la diputada de UPyD, Rosa Díez, que insistió en que la medida es un “trasvase”, calificó de “oportunitas e improvisada la política del Gobierno y anunció que presentará una iniciativa para impulsar la correcta gestión del agua.

APLAUSOS DEL PP A BONO

Al final del debate, el presidente del Congreso, José Bono, se ganó el primer aplauso de la bancada 'popular' en un Pleno ordinario al conceder a Floriano un turno extra de dos minutos para replicar a Rodríguez. Bono, que alegó la aplicación el artículo 73 del Reglamento que prevé una réplica en el caso de que un interviniente contradiga los argumentos de otro, también dio la palabra a Macias. Asimismo, dio la oportunidad de intervenir de nuevo a Espinosa, que rehusó hacer uso de ese derecho.

El Real Decreto-Ley convalidado regula las obras de conexión del Sistema del Consorcio de Aguas de Tarragona con el Sistema de Abastecimiento del Ter-Llobregat (conducción CAT-ALL), por la que, de persistir la sequía, se trasvasarán 3,9 hectómetros cúbicos al mes hasta Barcelona por dos vías: agua sobrante del “minitrasvase” de Tarragona y contratos de cesión de derechos de agua a regantes del Ebro.

Esta infraestructura, de “emergencia, interés general y sin ser sometida a declaración de impacto ambiental”, tendrá un coste de 180 millones de euros, que correrá a cargo de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente, pero se descontará de las inversiones estatales en Cataluña. La norma contempla explícitamente la posibilidad de abordar acciones similares ante situaciones parecidas en otros territorios.