La suspensión de artículos de la Ley del Paisaje podría complicar la macrofábrica de Manjarrés

Los vecinos de Manjarrés siguen concentrándose cada domingo para decir 'no' a la variante proyectada en su pueblo y a la macrofábrica de hormigón declarada proyecto estratégico. Ahora, Amigos de la Tierra ha revelado que el pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja no autorizó el uso del suelo para esta planta el pasado 6 de marzo y solo cuatro días después, el Gobierno regional anunció su declaración como PIER.

Además, la reciente suspensión del articulo 14 relativo a Criterios generales para la ordenación paisajística de proyectos de elevado impacto paisajístico de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del Paisaje de La Rioja por parte del Tribunal Constitucional podría ser un obstáculo para la instalación de la fábrica. Según explica Amigos de la Tierra, esta suspensión supone que el Consejo de Gobierno no podrá autorizar la implantación excepcional de proyectos de elevado impacto paisajístico hasta que el Tribunal Constitucional emita una sentencia.

El pleno de la COTUR del 6 de marzo aludía precisamente a este artículo 14 para determinar que el proyecto era desfavorable. En concreto, señalaba que “el proyecto se encuentra en una zona excluida para la instalación de proyectos de elevado impacto paisajístico pues, las parcelas del proyecto, se ubican en un área de concentración parcelaria. Además, siguiendo lo expuesto dicho artículo, también podrían encontrarse algunas de sus instalaciones a menos de 1 km de distancia del núcleo urbano de Manjarrés”.

Igualmente, los informes sectoriales de diversas direcciones generales recogidos en ese pleno arrojan condicionantes técnicos que complicaban la viabilidad inmediata del proyecto. Por un lado, la Dirección General de Infraestructuras emitió un informe favorable, pero supeditado a una serie de requisitos urbanísticos y de movilidad. Según el documento, antes de iniciar las obras, la empresa deberá obtener autorizaciones específicas para los accesos a la carretera LR-340, y lo condicionaba expresamente a que la variante de Manjarrés esté en servicio o a que exista un itinerario alternativo que evite el paso de camiones y vehículos pesados por el centro del casco urbano.

Por su parte, desde la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua supeditaba la autorización de la instalación a la obtención de una resolución ambiental favorable, un trámite que todavía debe superar los filtros técnicos pertinentes. A estas exigencias se sumaba el análisis de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, que refuerza la tesis de que se trata de una actuación de gran envergadura. El informe técnico señala que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Paisaje de La Rioja, el proyecto debe ser calificado como de “elevado impacto paisajístico”. Esta consideración se basa, principalmente, en que la superficie ocupada por la actividad supera las cinco hectáreas.

61 alegaciones a la variante

“Nos encontramos con un proyecto que no cuenta con el visto bueno de los técnicos del Gobierno de La Rioja, pero los políticos apuestan por él de forma descarada”, ha criticado Amigos de la Tierra. Con el plazo de alegaciones a la variante terminado, se han registrado 61 alegaciones, según ha señalado el Gobierno de La Rioja a este medio, que ha añadido que “la gran mayoría de ellas son coincidentes y presentadas por diferentes personas”.

Una de las personas que ha registrado alegaciones es tajante: “La variante se ha hecho por y para la empresa”. Por el contrario, otra persona señala que “la variante es una necesidad desde hace muchos años” y se refiere al “tráfico constante”, a veces pesado y a gran velocidad, que soportan las calles del pueblo, lo que genera “un continuo peligro”.

Las persona que ha alegado destaca, además, que la infrasestructura afecta a diversos terrenos, como terrenos de gran riqueza agrícola, a robles protegidos, a algunas ruinas o al coto de caza. “Están intentando carzar con calzador algo que no calza”, considera esta persona que prefiere no dar su identidad. Se refiere a la implantación en un terreno rústico sin aceras ni servicios, mientras hay polígonos con espacio disponible.

“A menos de cuatro kilómetros hay industrias y empresas”, dice en referencia al polígono de Alesón, “y apenas trabaja una persona del pueblo”. Subraya así que la fábrica no servirá para dar trabajo a los vecinos del entorno, la mayoría con escasa población, envejecida o dedicada ya al sector primario. “Para ayudar a los pueblos hay que dotarlos de servicios públicos, el impacto de la fábrica será muy negativo”, considera.