Avalmadrid, el último lodazal del PP en la Comunidad de Madrid
“[Lo de Canal de Isabel II] es, dice, como lo de Avalmadrid pero peor”. Esta frase forma parte de las escuchas telefónicas incluidas en uno de los tomos de la Operación Lezo. Entre las páginas que dan cuenta de las prácticas corruptas asociadas a la empresa pública de aguas se cruza por sorpresa el nombre de otra entidad. Otro más en la abultada lista de instituciones públicas madrileñas sospechosas.
Según constata la Fiscalía, el Banco de España y una auditoría interna, Avalmadrid utilizaba créditos de riesgo como vehículo para favorecer a empresas y empresarios amigos del PP. Con el mismo fin antes se emplearon los colegios, los hospitales, las ampliaciones de Metro, las webs para mejorar la reputación de los políticos del PP, los actos de partido, o la publicidad de coste desproporcionado y sin facturas que copan los autos, declaraciones, sentencias e informes policiales y de la Guardia Civil en Púnica, Lezo, Ciudad de la Justicia o Canal de Isabel II. El último capítulo ha venido por los préstamos, que emergen en plenas negociaciones para cerrar un acuerdo que mantenga en el poder al PP en coalición con Ciudadanos.
Las prácticas de Avalmadrid, una empresa con participación pública que se dedica a apoyar con financiación a pymes y empresas madrileñas, no se han tipificado como delictivas. No porque no haya indicios, sino porque la Fiscalía ha decidido no entrar en el fondo de la cuestión al estar los delitos, en cualquier caso, ya prescritos. La denuncia fue presentada por la propia entidad después de una demoledora auditoría interna que no le permitió mirar para otro lado al sembrarse sospechas sobre el movimiento de 82 millones de euros en créditos con riesgo.
El castigo, de momento, llegará solo por la vía administrativa. El Banco de España está a punto de sancionar a quienes utilizaron su posición en Avalmadrid para conceder créditos sin garantías. La lista, que adelantó la Cadena Ser, se compone de 12 nombres de directores generales de la entidad y consejeros. Entre ellos sobresalen dos exviceconsejeros de con Esperanza Aguirre (José María Rotellar y Manuel Beltrán), el expresidente de CEIM, relevado hace unos meses (Juan Pablo Lázaro) y el que fuera presidente de Red Eléctrica, Juan Iranzo, ya condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Entre todos tendrán que abonar 100.000 euros.
Las multas, de confirmarse la propuesta hecha por el supervisor, también alcanzan a la administración pública. La Comunidad de Madrid tendrá que pagar con dinero de todos los madrileños 50.000 euros por deficiencia en el control interno y en la supervisión de una institución en la que participa con capital público.
La entidad fue advertida de que tenía que reducir el riesgo de su política crediticia ya en 2012 pero no hizo nada hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y al menos hasta el 21 de junio de 2018 –ya con el Gobierno de Cristina Cifuentes– no mejoró los controles a los préstamos concedidos, según el Banco de España. El supervisor considera las infracciones cometidas como “graves” aunque las sanciones que propone están en la parte baja de la horquilla posible, sin haber apreciado existencia de dolo, pero sí de “negligencia”.
La empresa de capital mixto (público y privado) está en el punto de mira. Espera el pronunciamiento del Banco de España mientras acapara titulares por su relación con el padre de la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuya empresa le concedió un préstamo de riesgo que nunca se devolvió.
Además, el Consejo de Administración ha fulminado repentinamente al director general, Pedro Embid. Apenas llevaba un año en el cargo y no estaba de acuerdo con trasladar a la Fiscalía las malas prácticas que detectó la auditoría interna, según El Confidencial. El puesto de director general ha sido en los últimos años una silla caliente: el anterior en el cargo, Juan Luis Fernández-Rubíes, fue apartado sin que hubiera un sustituto y sin ninguna explicación.
“En la Comunidad de Madrid no siempre se ha puesto en primer lugar el interés común: Canal de Isabel II, Campus de la Justicia, Avalmadrid, Lezo...” enumeró el candidato socialista, Ángel Gabilondo, en la sesión de investidura sin candidato en la Asamblea de Madrid.
Todos los casos, aseguran los partidos de la oposición, desembocan en lo mismo: poner las instituciones al servicio de “intereses particulares”. Los sumarios de corrupción conocidos hasta el momento relatan cómo los gobiernos del PP emplearon las infraestructuras públicas para alimentar enrevesadas tramas, aún por juzgar, como Púnica y Lezo, con mordidas y comisiones. La construcción de colegios concertados, las ampliaciones de Metro de Madrid, los cánones de los hospitales públicos construidos en la época de Aguirre, el edificio fantasma inactivo del Campus de la Justicia o el campo de golf construido sobre terrenos públicos del Canal de Isabel II invaden los informes de los investigadores. Ahora, afloran además los créditos.
Aunque Avalmadrid no está bajo el foco penal tras el archivo de la Fiscalía, los empresarios a los que beneficiaba con créditos de riesgo son los mismos (Arturo Fernández, Gerardo Díaz Ferrán...) que daban generosas donaciones al PP y servían para todo al partido: desde pagar mítines o campañas de imagen para sus altos cargos a financiar ataques a la reputación de los partidos y plataformas críticas con su gestión.
Será cuestión de semanas confirmar que el trato de favor que constata el supervisor bancario se traduce en multas a los responsables de Avalmadrid. Entre ellos la Comunidad de Madrid, en el epicentro de nuevo de la sospecha.
