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Los técnicos alertaron del crédito público al padre de Díaz Ayuso que nunca se cobró

Isabel Díaz Ayuso, en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. / PP

Sofía Pérez Mendoza

La empresa semipública Avalmadrid concedió en 2011 un préstamo de 400.000 euros a la empresa del padre de la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pese a que un informe interno lanzó advertencias en contra de la operación. Entonces, Díaz Ayuso no tenía cargos en el Gobierno regional, pero ya había trabajado para Esperanza Aguirre como asesora y llevaba cuestiones de comunicación en el PP de Madrid. Ese mismo año engrosó la lista regional del partido y en julio recogió su acta de diputada de la Asamblea. Ocho años después de aprobarse el préstamo, aún no se ha devuelto.

Mc Infortécnica, la empresa participada por su padre y dedicada a la compra de aparatos médicos que luego vendía a la sanidad pública, firmó el contrato el 15 de marzo de 2011 pese a que un documento fechado el 2 de febrero y elaborado por un analista de Avalmadrid, al que ha tenido acceso eldiario.es, advertía de que existían riesgos que podían llevar al impago del crédito.

Ese analista advirtió que la nave que Leonardo Díaz, ya fallecido, presentó como garantía para obtener el préstamo era ilegal –su superficie incumplía el máximo de edificabilidad que marca la normativa urbanística– y podía ser demolida sin que el dueño pudiese hacer nada para evitarlo. El padre de Díaz Ayuso era propietario de ese terreno, que se escrituró con un valor de 26.000 euros.

Hoy esa nave, de 400 metros cuadrados, ha sido objeto de una ejecución hipotecaria y está en manos de Avalmadrid, según confirman fuentes de la empresa pública, que intentó sin éxito subastarla. El terreno, que ocupa una superficie de 556, está situado en un polígono industrial de un pequeño pueblo de Ávila, Sotillo de la Adrada.

La irregularidad quedó plasmada bajo el epígrafe “advertencia” en el informe, pero no fue una circunstancia suficiente para frenar la operación, adelantada por El Confidencial. “Existen razones para suponer que la infracción no ha prescrito. En caso de iniciarse expediente, cabría la posibilidad de tener que derribar la entreplanta”, dice el documento. Eso provocaría una caída del valor de la propiedad y por tanto, Avalmadrid se exponía a no poder recuperar el crédito ejecutando esa garantía.

El informe que hizo Avalmadrid para conceder el crédito también incluía otra nota que avisaba de lo siguiente: “Actualmente el sector médico se encuentra en auge. A pesar de ello la coyuntura económica y la dependencia de la Administración pública hace que las sociedades tengan que soportar fuertes tensiones de liquidez para aguantar los pagos”. O lo que es lo mismo: ponía en duda que una empresa que dependía de los pagos de la administración fuese a tener liquidez para devolver lo prestado en el tiempo estipulado.

En Avalmadrid, que no pasa por su mejor momento tras tener que denunciarse a sí misma en Fiscalía después de un expediente del Banco de España, enmarcan todas estas advertencias dentro de la “normalidad”. “La tasación del comité de riesgos es perfecta. Se hace una advertencia como en muchas otras operaciones”, apuntan a este medio fuentes de la dirección de la empresa semipública, que defienden que esta “estuvo perfectamente concedida y garantizada”, aunque la empresa nunca devolvió el préstamo.

La operación fue aprobada por Juan Luis Fernández-Rubíes, que era director general de la empresa pública y conocía el informe. El coordinador del Departamento de Riesgos, Christian de la Torre, incluyó las advertencias en una comunicación a través de correo electrónico a Fernández-Rubíes, en la que solicitó, pese a las circunstancias, su “autorización” para “continuar con la formalización de la operación”, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Este medio se ha puesto en contacto con los dos directivos pero ninguno ha querido hacer declaraciones. Fernández-Rubíes, que ya no está en la empresa semipública, es uno de los cargos expedientados por el Banco de España por su responsabilidad en la concesión de créditos de dudosa garantía a personas vinculadas a Avalmadrid. Un portavoz oficial de Isabel Díaz Ayuso asegura que la candidata “no tiene ni ha tenido absolutamente nada que ver con esta empresa”.

La irregularidad que Avalmadrid conocía la advirtió, en realidad, una tasadora contratada por la familia Díaz Ayuso, TINSA. Leonardo Díaz pidió una tasación exprofeso porque Avalmadrid puso como condición para dar el préstamo que la garantía (en este caso la nave) estuviera tasada en al menos 200.000 euros. TINSA visitó el terreno el 12 de febrero de 2011, un mes antes de que se firmara el crédito, y lo valoró en 213.596 euros, pese a que se escrituró en 26.000, según el Registro de la Propiedad.

En un documento al que ha accedido este medio, la tasadora incide en que, pese a la ilegalidad, “no se conoce ningún caso de derribo por este motivo”. El argumento se volcó literalmente en el informe de riesgos y en Avalmadrid aseguran que “incluso con esta circunstancia se tasó en más de 200.000 euros”, como muestra de las “garantías” de la operación. En 2011, McInfortecnica tenía 22 empleados y unos ingresos de más de 6,8 millones de euros.

En esa época, Isabel Díaz Ayuso no tenía ningún cargo en la Comunidad de Madrid, pero ya había trabajado como asesora de Esperanza Aguirre y en el equipo de la Consejería de Presidencia con Alfredo Prada, imputado en el caso Campus de la Justicia. El mismo año 2011, Díaz Ayuso fue incluida en un modesto puesto en las listas de la Asamblea de Madrid pero no entró en mayo, tras las elecciones. Recogió su acta de diputada en julio después de la salida de Engracia Hidalgo –ahora concejala en el Ayuntamiento de Madrid– . La ahora candidata llevaba desde hacía años, además, temas de comunicación en el PP regional.

Ocho años después de la firma de aquel crédito fallido, la empresa semipública está a punto de poner a su nombre esa parcela de Sotillo de La Adrada en el Registro de la Propiedad. Han pasado muchas cosas desde entonces.

Los primeros problemas de impago se plasmaron en un expediente de morosidad abierto en abril de 2012. Entonces, McInfortecnica comunicó a Avalmadrid que la administración pública le debía dinero e informó de que Leonardo Díaz estaba enfermo. “El socio nos traslada su problema de facturación con el sector público, ya que le adeuda importantes cantidades por facturas emitidas pendientes de abono”, recoge el expediente sobre la empresa, que forma parte de un grupo más amplio, McInfortecnica Medical Hamilton S.L., controlado al 25% por Díaz junto con otros socios.

El crédito era finalista y tenía que devolverse, según lo acordado, en 36 meses. Se pidió para la compra de unos “carros informatizados Rubbermaid” que se venderían después a la sanidad pública vasca. Mc Infortecnica actuaba como intermediaria, en este caso, entre tres proveedores de los aparatos –Esinomed GMBH, Advantech Europe BV y Rubbermaid Medical Solutions– y los hospitales. La póliza-crédito estaba “limitada” al pago a estas empresas.

Ante las primeras dificultades, en noviembre de 2012 la empresa semipública propuso a McInfortecnica un “acuerdo de pago” que pasaba porque la sanidad vasca hiciera el ingreso directamente a Avalmadrid. Lo que se plasmó como “una toma de razón de las facturas pendientes de abono”, pero el socio no facilitó “documentación, ni copia de las facturas” ni atendió “al pago los intereses”, según el expediente.

El piso de Díaz Ayuso, entre los bienes de los avalistas

Después, el padre de Isabel Díaz Ayuso falleció y ninguno de los hijos quiso recibir su herencia con deudas, de manera que la nave pasó por un proceso de ejecución hipotecaria a solicitud de la empresa pública. El caso recayó en el juzgado de instrucción número 2 de Arenas de San Pedro (Ávila). Avalmadrid sacó después a subasta pública la propiedad para venderla pero nadie se interesó por ella y quedó desierta.

Así que, tras estos acontecimientos, la empresa pública se ha visto obligada a asumir como un activo inmobiliario propio la finca y da así por pagada una parte de la deuda, que acumula muchos intereses.

Fuentes de la empresa semipública aseguran a eldiario.es que el resto tendrán que asumirlo los avalistas solidarios que fueron incluidos en el contrato, además de la nave, en el caso de que el titular no pudiera devolver el préstamo. Hasta ahora Avalmadrid no les había reclamado nada pese a que han pasado ocho años: se trata de los socios, los cónyuges de esos socios y la empresa matriz (Grupo McInfortecnica Medical Hamilton S.L). Entre todos disponen de un patrimonio de más de un millón y medio de euros.

Dentro de este patrimonio, susceptible de embargo, está un piso en Madrid en el que actualmente vive Isabel Díaz Ayuso y que figuraba a nombre de sus padres (casados en régimen de gananciales). La declaración de bienes de la candidata revela que es su propiedad desde el octubre de 2011 y, según InfoLibre, su familia se lo donó cuando empezaron a afrontar deudas económicas incurriendo en un presunto delito de alzamiento de bienes. La información que Díaz Ayuso presentó no incluye que el origen de esa propiedad es una donación. En esos momentos, Leonardo Díaz ya debía dinero a Avalmadrid por el crédito concedido en marzo.

La casa está valorada en más de 140.000 euros y la candidata no tiene el derecho de usufructo, que es de sus padres. En este caso de su madre, Isabel Cristina Ayuso. Ella es una de las nueve avalistas solidarias.

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