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Metro de Madrid contrata al despacho que asesoró al Gobierno con la reforma laboral para ganar la crisis del amianto

La empresa pública ha desembolsado desde enero, cuando estalló el caso en los medios, 16.500 euros en contratar al bufete de abogados Sagardoy

Metro de Madrid cuenta con el "asesoramiento" de Sagardoy pese a que tiene en plantilla un gabinete jurídico con más de 30 letrados

Los sindicatos aseguran que solo los letrados contratados acuden a las citaciones de la Inspección de Trabajo y, si no pueden, no se presenta nadie 

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Muere un trabajador de Metro que estuvo expuesto a fibras de amianto

Metro de Madrid contrata para lidiar con la crisis del amianto al despacho que asesoró al Gobierno con la reforma laboral. EFE

Metro de Madrid ha contratado al bufete de abogados que asesoró al Gobierno en la reforma laboral y diseñó el ERE de Cola-Cola tumbado por el Supremo para enfrentar en los tribunales la crisis del amianto. De momento solo un trabajador ha demandado a la empresa pública, que ha desembolsado 16.500 euros de las arcas regionales para pagar el servicio de asesoramiento del bufete Sagardoy, según admiten fuentes del suburbano a eldiario.es. 

La empresa pública se ha puesto en manos de Sagardoy pese a que cuenta con un gabinete jurídico propio con más de 30 letrados en plantilla cuyo servicio no supone un coste adicional para Metro. Fuentes del suburbano justifican que "el departamento jurídico no está especializado en estos temas" y suelen tratar cuestiones de lo contencioso administrativo y no del ámbito de lo penal. 

Los sindicatos confirman que abogados de Sagardoy están acudiendo a las citaciones de la Inspección de Trabajo, que ya ha sancionado en varias ocasiones a Metro de Madrid por no proteger como estaba obligado como empresa por ley a sus trabajadores de las fibras de amianto. En una de esas citas, la empresa pública no presentó a ningún representante porque el abogado del bufete no tenía disponibilidad para ir, relatan fuentes sindicales. "Enviaron la documentación requerida en el último minuto a la inspectora", aseguran en UGT. 

Fuentes de Metro de Madrid confirman a eldiario.es que contrataron a Sagardoy en enero de 2018, cuando la crisis del amianto estalló mediáticamente. Ya entonces la empresa había recibido un acta de infracción de Empleo por la que tuvo que pagar 191.000 euros de multa. 

De momento la Fiscalía mantiene abierta la investigación y la policía judicial sigue recabando información. Uno de los empleados de los cuatro con enfermedad laboral reconocida (uno de ellos fallecido) ya ha presentado una demanda contra la compañía ante los Juzgados de lo Social y le exige una indemnización de casi 400.000 euros por daños y perjuicios. También para este caso Sagardoy asesorará a Metro. 

El movimiento de contratar un bufete ha indignado a los trabajadores que dicen que no entienden por qué, contando con un equipo jurídico propio, la empresa ha decidido poner enmedio a Sagardoy, un despacho muy conocido por pleitear en temas laborales.

Su especialidad es el Derecho Laboral y su historial, de sobra conocido: asesoró al Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral, pilotó el ERE anulado de Coca-Cola y a su vez trabajó con la consultora fundada por Cristóbal Montoro (Equipo Económico). Ahora, el bufete está inmerso, del lado de la empresa, en otra de las grandes causas laborales del momento: la de los riders. Un socio del despacho que antes dirigió a los inspectores, Jorge Travesedo, ahora defiende a Deliveroo ante las actuaciones de la Inspección de Trabajo

Sagardoy engrosa la lista de los famosísimos despachos de abogados junto a Cuatrecasas, Garrigues o Jiménez de Parga. Sus socios reciben sumas millonarias por asesorar a grandes empresas en, por ejemplo, despidos colectivos como el de Coca-Cola. Por lo general, son las únicas que pueden contratarles. Y los despachos, a su vez, encargan informes a consultoras de renombre como  KPMG o PwC por los que pagan miles de euros.

Al conflicto relacionado con el amianto, donde Metro de Madrid ya está señalada por no haber tomado las medidas a las que estaba obligada por ley para proteger a sus trabajadores expuestos a las fibras de amianto, aún todo el recorrido judicial por delante. Los sindicatos prevén más demandas individuales y la vía de lo penal está abierta tras las diligencias previas anunciadas por la Fiscalía en marzo. 

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