El Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez Almeida no audita desde hace más de dos años el mantenimiento de la M-30. La empresa semipública Madrid Calle 30, que gestiona la mayor circunvalación de la capital levantada bajo el primer mandato de Alberto Ruiz Gallardón (2003-2007), está obligada a hacer dos controles al año sobre su estado y conversación en virtud del pliego de condiciones por el que ha recibido cientos de millones desde su inauguración. Estas auditorías semestrales se han dejado de hacer desde la llegada del PP y Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, según reconocen a elDiario.es desde el área de Medio Ambiente, con las consecuencias derivadas de ello: nadie garantiza la seguridad de los túneles.
La auditoría es importante porque inspecciona el estado de los túneles, el asfaltado, las cámaras de seguridad o la ventilación, entre otros indicadores. También el tiempo de respuesta en el caso de que se produzca un accidente o un incendio en los túneles, dado que la empresa cuenta con su propio personal de emergencias, cuyos sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones la merma de esas plantillas. La auditoría sirve, por tanto, para determinar las deficiencias de la vía y si las hay, cuantifica qué importe descuenta a la factura final que se lleva Madrid Calle 30, participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid y al 20% por la empresa Emesa, –formada por las constructoras ACS y Ferrovial– para sufragar el mantenimiento de la vía.
La llegada de Almeida al Gobierno municipal ha terminado con estos controles necesarios para conocer el estado real de los túneles. La última auditoría realizada en el primer semestre de 2019, con Manuela Carmena aún como alcaldesa, detectó situaciones que afectaban “a la seguridad de los usuarios” y también afeaba la falta de personal a las constructoras. Esta auditoría le costó 2,2 millones a EMESA por los incumplimientos de contrato, pero ha sido anulada por el Gobierno municipal que va a devolverle esa cantidad mediante un crédito extraordinario de 11,8 millones de euros que se aprobará este martes durante el Pleno.
La última inspección se hizo bajo la anterior dirección de Madrid Calle 30. El consejero delegado era el ingeniero de caminos Samuel Romero, nombrado por el anterior Ejecutivo de Ahora Madrid con Carlos Sánchez Mato como presidente de la compañía semipública. La nueva dirección ahora bajo las órdenes de Rosalía Gonzalo –exconsejera de Transportes de la Comunidad de Madrid en la anterior legislatura– no solo ha dejado de hacer las inspecciones, pese a que por contrato el Ayuntamiento está obligado a supervisar el mantenimiento de una infraestructura que costó a las arcas públicas más de 3.700 millones de euros, un 48% más del presupuesto inicial, sino que ha anulado las dos últimas inspecciones realizadas bajo la dirección de Romero y el Gobierno de Ahora Madrid.
Emesa las recurrió al estar desconforme con el importe descontado y el Ayuntamiento dio la razón a la empresa privada, pese a que eso perjudica a la administración pública. Por tanto, la última auditoría que el Gobierno local reconoce es la del primer semestre de 2018, “la más ventajosa para Emesa”, explica el exconsejero delegado a esta redacción. El mantenimiento de la M30 cuesta alrededor de 30 millones al año, a los que habría que restar el importe por los incumplimientos del contrato. Como no hay auditorías, no hay deducciones. Gana Emesa y pierden los ciudadanos que desconocen el estado de la vía.
“Que durante casi tres años no se haya hecho una auditoría responde a la connivencia con las empresas como la que me encontré cuando yo entré en el cargo”, dice Samuel Romero a elDiario.es. “La última auditoría del primer semestre de 2018 beneficia a Emesa porque fue el año que menos cantidad se les dedujo, por tanto, a la hora de calcular la cantidad que paga cada año el ayuntamiento, como ya no hace auditorías, se tiene en cuenta esa cantidad, lo que acaba beneficiando a las empresas”, añade el ingeniero de caminos.
También desde Más Madrid denuncian el hecho de que el Ayuntamiento haya dejado de hacer estas auditorías que recaen en la seguridad de los ciudadanos. “No sabemos si hay carencias de seguridad o de cualquier otro tipo. Los conductores madrileños circulan por una vía cuyas infraestructuras no pasan las auditorías correspondientes”, lamenta la concejala de Más Madrid, Esther Gómez. “Por otra parte, el consistorio asume todos los costes que acarrea esa falta de auditorías. Sigue pagando una abultada factura, año tras año, a la empresa concesionaria, cumpla o no cumpla con sus obligaciones de mantenimiento de las infraestructuras”, coincide Gómez en declaraciones a este diario con lo señalado por Samuel Romero.
Desde el área de Medio Ambiente aseguran que, a octubre de 2021, se ha hecho recientemente “la del primer semestre de 2019, para la que se presentado alegaciones y se están estudiando”. “Están realizándose las auditorías del segundo semestre de 2019 y las de 2020”, señalan, lo que implica dos años de retraso. Sobre estas demoras argumentan que “las licitaciones de las auditorías se han retrasado debido a que se han revisado los 400 indicadores para objetivizarlos y que se basen en criterios totalmente técnicos”. “Antes estaban abiertos a diferentes interpretaciones”, justifican, pese a que esos indicadores de los que hablan no pueden variar porque vienen fijados por el contrato que el Gobierno de Almeida ha incumplido sistemáticamente desde su llegada a la Alcaldía.
Un crédito extraordinario de 11,8 millones
Este martes durante el Pleno municipal, el Gobierno pretende aprobar a propuesta del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, el reconocimiento “extrajudicial de crédito”, por importe de 11.815.563,17 euros, IVA incluido, a favor de MADRID CALLE 30, S.A. “correspondiente a la prestación de los servicios de conservación de la infraestructura Calle 30, durante el mes de noviembre de 2020”.
Desde el área de Carabante han sido muy ambiguos a la hora de responder a qué corresponde ese importe. Por un lado aseguran que se trata de “el pago de la auditoría del primer semestre de 2018”. Por otro, que corresponde a “la mensualidad por el mantenimiento” de la circunvalación. Por tanto, según esta última explicación, el Ayuntamiento estará pagando a Emesa esa cantidad con un año de retraso, algo “inexplicable” a ojos de Más Madrid y el exconsejero delegado de la compañía. ¿Por qué no se pagó antes? Es algo que no responden desde el Gobierno de Almeida.
Más Madrid ha votado en contra porque considera que “aumenta la cantidad que va a recibir Emesa por la ausencia de auditorías desde el anterior mandato, y también porque justamente ahora el Ayuntamiento de Madrid cae en que no está aplicando el IVA que cambió el Gobierno popular de Ana Botella en 2012, del 18% al 21%”. La propuesta ha salido adelante gracias a la abstención del grupo Mixto, compuesto por los cuarto de ediles que abandonaron Más Madrid. El esto de formaciones, incluido Vox, ha votado en contra.
Para Romero, “el reconocimiento extrajudicial responde a una chapuza más”. “En lugar de auditar la infraestructura, velar por el cumplimiento del contrato y vigilar el dinero público están pendientes de contentar a las empresas que se llenan los bolsillos con un contrato nefasto para el bien común”, dice el exconsejero delegado de Madrid Calle 30.
Todo esto ocurre a la vez que el Ayuntamiento de la capital estudia remunicipalizar la empresa, algo que se intentó desde el Gobierno de Manuela Carmena y que se encontró con la resistencia de Emesa, según adelanta El Confidencial. Parece que las negociaciones ahora van por buen camino y hasta que se ha creado una mesa de trabajo para ello. Un ejemplo más de que las empresas privadas ven con mejores ojos llegar a un acuerdo con este Ayuntamiento que también acaba perdonándole auditorías.