El Ayuntamiento de Madrid retira la acusación contra los responsables de la venta de viviendas sociales a un fondo buitre

El apoderado de Fidere Alfonso Benavides a su llegada al juicio para declarar por la enajenación de 1.860 viviendas protegidas en su mandato

No ha habido sorpresa alguna. El Ayuntamiento de Madrid ha retirado este lunes la acusación contra los responsables de la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone durante el juicio que se celebra estos días. El consistorio bajo la dirección de José Luis Martínez-Almeida considera que no existe responsabilidad penal sobre las dos únicas personas que se sientan en el banquillo de los acusados: el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides. La entonces alcaldesa de Madrid Ana Botella y su equipo de Gobierno habían quedado libres de la imputación.

El juicio que arrancó a principios de noviembre ha entrado en su recta final con la exposición de los informes finales y queda visto para sentencia con la última palabra de los encausados. La posición del abogado de la EMVS que representaba al Ayuntamiento era de esperar después de las últimos movimientos en el caso. "Todas las intervenciones del abogado de la Empresa municipal están siendo para defender a uno de los acusados, Fermín Oslé, el que fuera gerente de la EMVS cuando se produjo la venta", advertía hace unos días a elDiario.es uno de los abogados de las acusaciones que está participando en el juicio. "Sorprende teniendo en cuenta que en su momento la empresa municipal hizo un escrito de acusación contra la operación que fue contundente y que ahora está desvirtuando con cada intervención que es más de abogado defensor que de acusación", insiste.

Fue el anterior Gobierno de Ahora Madrid con Manuela Carmena al frente el que se personó en 2016 en la causa adhiriéndose a la querella del PSOE y de la Asociación de Afectados. La presidenta de la empresa de la vivienda municipal era entonces Marta Higueras –hoy concejal de Recupera Madrid en el consistorio–. Higueras lo justificó argumentando que había "indicios de delito" en la venta de pisos sociales a fondos buitre basándose en un informe de la Cámara de Cuentas y con las conclusiones de un informe jurídico elaborado por un despacho de abogados que encargó su propio equipo.

No es la primera vez que el Gobierno de Almeida se pone del lado de Ana Botella en la venta de estos 1.860 pisos sociales. Al poco de llegar a la corporación municipal, en septiembre de 2019, el alcalde de Madrid despidió a la entonces directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Paloma Herranz Embid, cuando esta preparaba el recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas (en segunda instancia) que libró a la exalcaldesa de Madrid y a siete altos cargos de su gobierno de una multa de 25,7 millones de euros por la venta de esos pisos sociales a fondos buitre.

El fiscal pide la absolución

En su turno, el fiscal Salvador Ortolá ha solicitado la absolución de Oslé y Benavides al considerar que no concurren ninguno de los elementos del tipo de los delitos de los que se les acusa. Salvador Ortolá ha criticado duramente que la prueba del juicio se haya enfocado en un "tinte melodramático" en lo relativo a la afectación social a los perjudicados por hacerse alusión por ejemplo a "suicidios", tal y como mencionó en su declaración la portavoz de las víctimas, Arantxa Mejías, informa Europa Press.

"Aquí no se está juzgando ni al Ayuntamiento ni a la alcaldesa. No es un juicio político. Hay que dejar fuera las proclamas y soflamas políticas. Se está hablando del sexo de los ángeles y de espiritualidad. Estamos perdiendo el tiempo", ha reprochado el representante del Ministerio Fiscal, quien ha hecho una defensa férrea del exCEO de la EMVS al querer solo "salvar una empresa".

Por su parte, la acusación particular que ejerce la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS ha mantenido su solicitud de penas de hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. También ha pedido que se les condene por el artículo 289 del Código Penal.

Para el abogado de los afectados, Mariano Benítez de Lugo hubo "un claro menoscabo" de intereses a terceros y el fin social de la EMVS quedó cercenado.

El grupo municipal socialista, personado como acusación popular, ha rebajado la petición de condena y pide doce años de cárcel para Oslé por fraude, malversación y prevaricación y un año de prisión para Benavides por fraude. "Fue el comprador y no la EMVS quien fijó el precio de la compraventa de viviendas", recoge el escrito de acusación del PSOE, que añade que "el precio resultó objetivamente inferior al precio que podría obtenerse incluso al mero valor contable de las viviendas".

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Publicado el
22 de noviembre de 2021 - 13:37 h

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