Seis años después otro gobierno del PP (con el apoyo de Ciudadanos) permite a Botella salir impune de la venta de pisos a fondos buitre
- El Gobierno de Almeida salva a la exalcadesa y evita recurrir ante el Supremo su absolución alegando que seguir adelante sería despilfarrar aunque solo requiere contratar a un procurador
Ana Botella se ha librado por completo de cualquier responsabilidad penal y contable pese a haber organizado desde el Ayuntamiento de Madrid la operación de venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre en 2013. Era la alcaldesa de la capital, la máxima responsable del Ayuntamiento y la que dio el último visto bueno a la operación en la Junta de Gobierno. Pero su papel en esa controvertida operación quedará impune gracias a la llegada al Palacio de Cibeles de otro alcalde de su partido, José Luis Martínez-Almeida, (y la connivencia de Ciudadanos) que ha cerrado la vía de los tribunales para el caso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.
El despido de Paloma Herranz, la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), por parte del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) el pasado viernes, fue el primer acto para cerrar la vía administrativa y la posibilidad de recuperar el perjuicio económico que supuso para las arcas municipales la operación. El Tribunal de Cuentas, en una sentencia en primera instancia, lo cifró en 25,7 millones de euros.
La letrada, una experta en Derecho Público que trabajó seis años como asesora en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, preparaba desde hacía semanas el recurso a la absolución en segunda instancia dictada por el órgano fiscalizador. Con su cese repentino, Almeida confirmaba que su gobierno había desistido de seguir adelante con el pleito para que el Tribunal Supremo se pronunciase. Las posibles repercusiones penales de la exalcaldesa de Madrid también quedaron archivadas por el juzgado de instrucción número 38 que sentará en el banquillo a otros acusados.
La venta
El procedimiento de venta para sacar al mercado 1.860 viviendas duró catorce días. El 24 de julio de 2013 el Ayuntamiento anunciaba que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) había aprobado la venta de las casas a cambio de 128,5 millones de euros. Una operación que el Gobierno de Botella consideró que se había “caracterizado por su transparencia y concurrencia competitiva”. El dinero obtenido, publicitaba el Consistorio, eran “nuevos recursos para continuar sus políticas sociales”. El antecesor de Botella en la Alcaldía, Alberto Ruiz Gallardón, había dejado un agujero en las arcas municipales de la capital de más de 5.000 millones de deuda.
La empresa municipal de la vivienda pagó 2,3 millones de euros en comisiones como “honorarios de asesoramiento e intermediación” (1,9 millones de euros más IVA) a la unión de empresas Itaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaziona, según lo certifican las facturas emitidas por la UTE. Esta comisión fue denominada por la EMVS “la comisión por la intermediación en la venta” en su Informe de Cuentas Anuales y de Gestión de 2014.
La primera sentencia del Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador cuestionó este pago a la sociedad. El tribunal concluyó que no había constancia de sus gestiones, visto que el fondo Blackstone trataba directamente con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.
Informe de la Cámara de Cuentas
El primer revés a esta venta que afectó a casi 2.000 familias que vivían de alquiler social hasta la llegada del fondo de inversión vino por parte de la Cámara de Cuentas. Este órgano (sin capacidad sancionadora) fue el primero que determinó que el precio de venta que aceptó Madrid para adjudicar todo el paquete de casas estaba por debajo de lo que valían las viviendas, en un primer informe preliminar. Según el Informe de Gestión, la operación entre el Ayuntamiento y Blackstone “supuso una rentabilidad negativa de 30.655.889 euros”.
La diferencia entre el precio que se le puso a las viviendas de protección oficial y el valor de estas es el argumento que utilizó el PSOE de Madrid para llevar esta operación a los tribunales por posibles responsabilidades penales, proceso archivado en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 38 y que obligó a reabrir la Audiencia Provincial.
Meses después del primer archivo penal, llegó el demoledor informe de la Cámara de Cuentas en 2016. El agujero patrimonial por la venta de los inmuebles supuso para el Ayuntamiento de Madrid 31 millones de euros en el mejor de los casos, según especificó la Cámara de Cuentas. Los fondos buitre pagaron 128,5 millones de euros, un precio “que fijaron ellas mismas”, según se extrae de las conclusiones de la comisión. La encargada de tasar el precio de venta fue la consultora Price Water House Cooper (PwC). Desde la comisión recordaron que “no es una empresa tasadora” y que a la vez que trabajaba para el Ayuntamiento lo hacía también para los fondos de inversión.
El Ayuntamiento de Madrid que gobernaba Ana Botella (PP) “vulneró las más elementales reglas de buena gestión” cuando vendió 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros, concluyó el órgano fiscalizador. La Cámara de Cuentas reveló además que el Consistorio facilitó información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013.
La enajenación de las viviendas se investigó y se archivó, pero después volvió a reabrirse tras el informe de la Cámara de Cuentas. La Audiencia Provincial aludió a esa información para ordenar reabrir la causa penal por la “eventual presencia de delitos de prevaricación, malversación y fraude” en el proceso de traspaso de 1.862 viviendas. A la querella de la asociación de afectados y afectadas por la venta y el PSOE, se sumó por el Gobierno municipal de Manuela Carmena.
El dictamen de la Comisión de investigación
La llegada del Gobierno de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid tras dos décadas de gobiernos del PP consecutivos y el informe de la Cámara de Cuentas puso el foco en esta venta de patrimonio público.
El agujero patrimonial por la venta de los inmuebles supuso para el Ayuntamiento de Madrid 31 millones de euros en el mejor de los casos, pero desde el Consistorio lo cuantificaron en alrededor de 160 millones de euros, según se desprende del dictamen de la comisión de investigación.
PSOE y Ahora Madrid, con la abstención de Ciudadanos, coincidieron en que esta venta “fue una operación de despatrimonialización de la EMVS únicamente beneficiosa para la parte compradora” y que las “grandes damnificadas” fueron las familias que a día de hoy se enfrentan a desahucios y a incrementos del alquiler de hasta un 49%.
“No recuerdo haber estado en las reuniones”, “lo que me está leyendo no lo recuerdo”, “lo desconozco”, “no le puedo contestar con exactitud”. Las lagunas venían por parte del exdirector de servicios jurídicos de la EMVS, Rafael Requena; la directora de Intervención general del Ayuntamiento, Beatriz Vigo, o el representante de la consultora PwC. Son algunas de las evasivas que se encontraron los miembros de la comisión de investigación que presidió el concejal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato.
La lista de quienes plantaron a la comisión también es notable –a diferencia de las comisiones de los parlamentos autonómicos y nacional no es obligatoria su asistencia–. No quiso asistir la exalcaldesa de Madrid y máxima responsable de la gestión. Tampoco la exdelegada de Urbanismo y expresidenta del Consejo de Administración de EMVS, María Paz González. Ni el exconsejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé. Los tres fueron condenados por el Tribunal de Cuentas en primera instancia.
Una de las conclusiones del dictamen de la comisión de Investigación fue “proceder al ejercicio de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos quienes, apareciendo como gestores de los caudales integrantes de la EMVS han generado perjuicio a dichos caudales”. Una denuncia que materializó el Gobierno municipal en noviembre de 2017.
La sentencia del Tribunal de Cuentas
La sentencia del Tribunal de Cuentas llegó un año después. El fallo concluyó que Botella y parte de su Gobierno permitieron la enajenación de las viviendas por 128 millones de euros, 25,7 millones menos de su valor real. La sentencia del Tribunal de Cuentas determinó que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, “incurrieron en una negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público” a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal –entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos– al citado fondo de inversión por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.
A lo largo de 90 folios en los que escudriñan el procedimiento y las alegaciones de los demandados, el Tribunal de Cuentas lo cuestionó todo: la fórmula elegida para vender las casas, que el Ayuntamiento de Madrid hubiese decidido enajenar 18 bloques de pisos en un única operación y no por separado, que usase como precio para la venta un informe de una consultora que no justificó debidamente el valor de las viviendas.
La sentencia se detenía sobre otra decisión controvertida de la empresa pública dependiente del Consistorio adoptada el 31 de octubre de 2013. Ese día el consejero delegado accedió a hacer una rebaja en el precio inicial de las 18 promociones de viviendas al fondo Blackstone de dos millones de euros. El argumento fueron las quejas del fondo buitre acerca de una serie de impagos y el aumento de la morosidad de algunos inquilinos. De las pruebas practicadas, el tribunal llega a la conclusión de que la rebaja se realizó “sin ningún informe técnico o documentación administrativa que justificase semejante medida”.
Según la argumentación del tribunal, es indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. La sentencia deja pistas evidentes de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos lotes, jugaron con ventaja.
El tribunal señaló como principal culpable de la operación al entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, Fermín Oslé, pero también condenó por “responsabilidad contable” a la entonces alcaldesa, Ana Botella, a su mano derecha en el Gobierno municipal, Concepción Dancausa (actualmente viceconsejera de Vivienda en la Comunidad de Madrid nombrada por Isabel Díaz Ayuso), y a otros cinco concejales que formaban el núcleo duro del Ejecutivo municipal: José Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz González García, Dolores Navarro Ruis y Pedro María Corral Corral.
La absolución en segunda instancia
Dos consejeros nombrados por el PP libraron a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013. El Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y parte de su gobierno.
La absolución, por dos votos contra uno, la firman dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue el de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo los argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera sentencia condenatoria: que la operación de venta fue “lesiva” para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad” en el procedimiento.
La nueva resolución del Tribunal de Cuentas concluyó que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un “punto de equilibrio de mercado” y aseguró que en 2012 la EMVS “enfrentaba una situación crítica” y que no se debe olvidar “cuáles eran las condiciones generales del mercado”, tras el “desplome” del mercado financiero que se mostraba también “reacio” a refinanciar créditos inmobiliarios.
La vía penal abierta, pero cerrada para Botella
La vía penal por esta venta sigue abierta pero Botella ha quedado excluida de ser juzgada. La Audiencia Provincial ordenó en junio al juez que sobreseyó en dos ocasiones la causa que diera por concluida la investigación y pasase a la siguiente fase, que sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la exalcaldesa, pese a que la Junta de Gobierno que ella presidía dio el visto bueno a la venta en 2013.
El valor de las viviendas que vendió el Gobierno de Ana Botella ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial, 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión, el valor actual de mercado de esas casas está por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).
El despido de la letrada
El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida despidió el viernes a la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Paloma Herranz Embid, que desde hacía semanas preparaba el recurso ante el Tribunal Supremo contra la absolución de la exalcaldesa Ana Botella en la venta de pisos públicos a fondos buitre.
Con el despido de la letrada, El Gobierno municipal cierra la puerta a presentarlo, ya que era la única en la entidad municipal que conocía de primera mano todo el proceso, un pleito que lleva años de trámites con muchísimas complicaciones y que costaría meses de estudio para un letrado que aterrizase en el caso y quisiera ponerse al día. El Gobierno de PP y Ciudadanos incumplirán así un acuerdo plenario que les instaba a presentarlo.
“No voy a derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles”, defendía este domingo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para justificar por qué su Gobierno renunciaba a intentar recuperar 25,7 millones de euros por la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre “a un precio lesivo para el patrimonio público”, según una sentencia del Tribunal de Cuentas.
Almeida alegó que su decisión es una forma de evitar el “derroche de dinero público”. Pero, ¿cuánto costaba al bolsillo de los madrileños ese recurso? Según fuentes jurídicas, al tener la empresa municipal de suelo una abogada en nómina que conocía el procedimiento, se trataría de una cantidad mínima, los honorarios que habría que pagar a un procurador para que se ocupe del procedimiento, unos 5.000 euros en total, según fuentes de la administración de Justicia.
