Hay momentos, tampoco demasiados, en los que en la Asamblea de Madrid el debate no va sobre “la fruta”, los puteros, la cocaína, la mafia, o esa “dictadura” en que se ha convertido España y se pueden confrontar modelos políticos.
No sucede en las sesiones de control a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ni cuando la oposición plantea cuestiones espinosas para su Gobierno, los negocios de su pareja, Alberto González Amador, o para ambos. El Pleno de Presupuestos celebrado en doble sesión esta semana ha concentrado algunos de esos momentos donde los partidos enfrentan sus programas.
La Comunidad de Madrid, con su consejera de Economía, Rocío Albert, a la cabeza, sometía las cuentas para 2026 a su último trámite: en total, serán 30.663 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia de la Comunidad, algo que, por otra parte, sucede cada ejercicio.
Las diferentes partidas se habían debatido ya en las comisiones y el resultado estaba cantado: el Gobierno de Ayuso sacaría adelante sus cuentas sin convencer a nadie: PSOE, Más Madrid y Vox ya habían anunciado su voto en contra tras haber presentado enmiendas a la totalidad que fueron desbaratadas por la mayoría del PP.
La conclusión tras varias semanas de trámites es que la oposición en bloque reniega del modelo de Ayuso para Madrid: lo venía haciendo la izquierda desde su llegada al poder en 2019 y también Vox desde 2021 en que el PP logró la mayoría absoluta y dejó de ser un socio necesario. En los últimos meses, además, la extrema derecha ha endurecido su discurso contra la lideresa madrileña, a la que ahora llama “lady Miami” y acusa de gobernar para las grandes fortunas extranjeras que se quieren instalar en la capital.
El maratón parlamentario del jueves, 12 horas y media de debate sin parada para comer, evidenció el choque de modelos. De un lado, el PP defendió Madrid como “locomotora de España”, la comunidad que tiene “la mejor sanidad”, la mejor educación, los mejores servicios y la única política de vivienda que funciona (esto último es literal), donde su presidenta, los consejeros y cada uno de los portavoces se vanaglorian de ser la única región “sin impuestos propios”. Uno tras otro, los diputados que defendieron los distintos capítulos de gasto repitieron esa idea, la de una región rica y solidaria, cuyos ingresos, que recauda a través de los tributos estatales, contribuyen a la caja común y el 82% de lo recaudado en Madrid “se lo lleva el Gobierno de Sánchez”. Con algunas alusiones a la corrupción del PSOE, mientras la número 3 de Ayuso, Ana Millán, imputada por cuatro delitos dirigió algunos tramos del Pleno como vicepresidenta de la Cámara, los diferentes portavoces del PP defendieron el modelo de Madrid, la polémica gestión sanitaria, tras los últimos escándalos del grupo Ribera Salud y Quirón, y hasta la financiación de las universidades públicas que ha llevado a la Complutense al colapso antes de pedir un crédito a la propia Comunidad para poder seguir pagando las nóminas.
La filosofía la explicó el portavoz de presupuestos, Ángel Alonso, pese a ser la comunidad más rica, que ha adelantado en PIB a Cataluña, Madrid no quiere impuestos porque el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Alonso justificó con los resultados electorales del PP que su Gobierno mantenga bonificaciones fiscales por 5.000 millones de euros que favorecen al 4% de la población en el impuesto de sucesiones y donaciones.
Por eso, los populares defendieron unos presupuestos continuistas y las políticas del PP que los madrileños vienen avalando los últimos 30 años y culparon al Gobierno central de todos los males que sacuden a la región, y le atribuyen una deuda de 10.000 millones de euros. Se trata de una versión remasterizada del España nos roba, que hizo famoso el independentismo catalán y que ahora los populares de Madrid han versionado para culpar a Sánchez de un supuesto expolio.
Pese a ello, sus portavoces ratificaron que no tienen ninguna intención de aceptar la quita de deuda de más de 8.000 millones que el Ministerio de Hacienda ofreció a Madrid y que tienen a disposición todas las comunidades después de haberlo pactado el Gobierno con ERC para Catalunya.
Enfrente, la oposición de Más Madrid y PSOE, enumeraron durante más de 12 horas los problemas de la atención primaria, de las listas de espera que no dejan de crecer en la región y ya suman un millón de ciudadanos, de las universidades públicas, de las residencias... para exigir un cambio de rumbo, que no se va a dar, y que implicaría abandonar “los regalos fiscales”.
Como ejemplo citaron el capítulo de la Sanidad, donde el PP presupuesta 11.000 millones para 2026, tras haber certificado un gasto de 13.300 millones este año, con las partidas extraordinarias abonadas a empresas concesionarias de hospitales como el grupo Quirón, en el centro de la polémica por los pagos a Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. Desde 2021 el gigante sanitario ha cobrado 5.000 millones de euros, el doble de lo que figuraba en las partidas presupuestarias, y a tenor de cómo se han configurado las cuentas para el año próximo esos pagos extrapresupuestarios volverán a repetirse en 2026, denunciaron los diputados de la izquierda, que cargó durante todo el debate contra las privatizaciones sanitarias. Coincidiendo con el Pleno, Más Madrid denunció ante la fiscalía las prácticas de Ribera Salud en el hospital de Torrejón, tras conocerse un audio del CEO de la empresa en el que pedía a sus directivos primar los beneficios económicos frente a la reducción de listas de espera.
La oposición habló de un modelo económico fracasado que expulsa a los ciudadanos de los barrios mientras ofrece facilidades a las rentas más ricas y recordó la invitación de Ayuso a Blackrock para que el fondo invirtiese en Madrid con la garantía de que su gobierno no intervendría en el mercado de la vivienda. En este punto, Vox ataca las políticas del PP y sus diputados le preguntan dónde están las 25.000 viviendas que prometió cuando firmaron con ella un pacto de Gobierno en 2019. En cualquier caso, la negativa de Vox a los presupuestos de Ayuso se centra en el rechazo a los inmigrantes, 700.000 personas que llegaron a Madrid en los últimos años y que según la extrema derecha son la causa del colapso de los servicios públicos, por eso piden “prioridad nacional” para atender antes en la sanidad, la educación y los servicios sociales, a los españoles. Seis millones de madrileños que hay que anteponer a los 700.000 inmigrantes, repitieron sus diputados.
El diagnóstico de la izquierda es muy diferente: si el PP no perdonase cada año más de 5.000 millones de euros en impuestos a los más ricos, habría fondos para mejorar todos esos servicios públicos. De esos “regalos fiscales”, insistió la izquierda, solo 400 millones son rebajas en el IRPF. Por eso desde Más Madrid preguntaron a los populares si creen que un ciudadano prefiere una rebaja de 46 euros al año en impuestos o tener un médico cuando le hace falta.
La prueba de que el modelo ya no funciona, expusieron distintos portavoces de Más Madrid y del PSOE durante horas, es que los seguros sanitarios hayan crecido hasta el 45% en la región. La política del “sálvese quien tenga”. La realidad es que Madrid está a la cola en el gasto sanitario por habitante y por universitario. La respuesta de los populares fue culpar al Ministerio y a Mónica García de la falta de médicos en toda España y alegar que las últimas huelga contra su estatuto marco, van a aumentar las esperas en toda España. Más Madrid respondió que la Consejería de Sanidad no logra retener ni a la mitad de los médicos que se forman en la región por las malas condiciones que ofrecen. Y lamentó que el modelo de Ayuso sea tener los hospitales públicos cerrados por las tardes mientras manda a los pacientes a hacerse pruebas de madrugada a centros privatizados.
La política sanitaria centró buena parte de los debates y la oposición al completo cargó contra el nuevo plan de la atención primaria para que el paciente deje de ser atendido por su médico de cabecera y lo atienda otro. Todos los portavoces, también una diputada de Vox, médica de profesión, dieron por hecho que el sistema generará dobles consultas y problemas de atención a los pacientes crónicos que necesitan un seguimiento continuado por parte del mismo médico.
El discurso del PP se mantiene en que todo es una campaña de Moncloa para desprestigiar a Madrid, lo había dicho la presidenta en su balance anual y a ello se apuntaron varios de sus portavoces parlamentarios. Según esa tesis, Sánchez quiere también “reventar la universidad” madrileña para hacer campaña con ello de cara a las próximas generales.
La realidad es que los seis rectores de las universidades públicas están haciendo frente común para cambiar un sistema de financiación que las ahoga mientras la Comunidad sigue autorizando privadas y Madrid ya cuenta con 20, una apuesta que los populares defienden para garantizar “el sistema de elección”.
La oposición recuerda que no hay libertad de elección para las familias no se pueden pagar las matrículas, igual que tampoco la puede haber para los 60.000 estudiantes que se quedaron sin plaza pública en la FP.
Mientras los populares presumían de generar más de la mitad de empleos que se crean en España, los grupos de la izquierda reprochaban al PP haber dejado sin ejecutar la mitad de los fondos previstos para políticas de empleo.
Así, uno tras otro, se iban sucediendo los debates en cada capítulo del presupuesto, durante más de 12 horas, y con un tono menos crispado que el de otras sesiones. El mismo Partido Popular que estuvo un mandato entero sin aprobar Presupuestos en Madrid alega ahora que no hacerlo es el síntoma de que no se puede gobernar, la referencia a Sánchez que fueron repitiendo disciplinadamente uno tras otro los diputados del PP.
Ya entrada la noche del jueves, tuvo lugar el debate sobre el capítulo de ingresos, el meollo del presupuesto. Ahí volvieron a defender los populares que la región más rica de España sea la única sin impuestos propios y vincularon una cosa con la otra.
La portavoz de Más Madrid Marta Lozano recordó entonces que el 75% de las rebajas fiscales se las queda en Madrid “el 4% de las familias más adineradas” y acusó a los populares de ejercer como “Robin Hood al revés”.
“¿De qué presumen por no tener impuestos propios”, se preguntó. “De ser los últimos en educación, sanidad, vivienda y en servicios sociales [...] los servicios públicos se sostienen gracias a la recaudación de ese gobierno socialcomunista”, dijo en referencia a la coalición de PSOE y Sumar.
En una de sus últimas intervenciones, el portavoz socialista Daniel Rubio, denunció uno de los secretos de estos presupuestos y la razón por la que las cuentas de 2026 contienen sobre el papel un gasto menor en sanidad y otras partidas al que se ha efectuado durante este año: son los créditos opacos que tratan de escapar al control parlamentario y que permiten esos pagos extraordinarios a gigantes sanitarios como Quirón o Ribera Salud que afloran al cierre de los distintos ejercicios. La herramienta para hacerlos posibles son los créditos centralizados que suben un 103,4% en las cuentas de 2026 mientras partidas como la sanidad o la educación lo hacen por debajo del 7% que crecen los presupuestos.
El portavoz socialista denunció que se trata de un engaño deliberado “para ejecutar el modelo privatizador sin ningún control de la asamblea”, “una herramienta política para esconder las decisiones del PP, esquilmar la sanidad pública y darle beneficio a sus empresas, amigas”. “La clave de bóveda”, insistió, “para que la gente no sepa lo que estén haciendo. Hacen que estos presupuestos sean todo mentira, salvo alguna cosa”.
Tras 12 horas de debate ininterrumpido, el Pleno de Presupuestos evidenció la existencia de esos tres modelos para Madrid: el que presume de no cobrar impuestos en la región más rica, el que se queja de unos servicios públicos colapsados por los “regalos fiscales” a las rentas más altas y el que culpa de todo lo anterior a los inmigrantes.
La sesión del jueves concluyó sobre las diez y media de la noche entre buenos deseos y felicitaciones navideñas. A primera hora del viernes, arrancaron las votaciones cruzadas de las enmiendas, sin sorpresas: el PP aceptó 22 de las miles presentadas por la oposición, y el grueso de las cuentas acabaron aprobadas por la mayoría del Partido Popular.
Fuera de la Asamblea, UGT y Comisiones Obreras se manifestaban contra las cuentas y el deterioro de los servicios públicos.