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La justicia avala el despido de un cuidador que intentó mantener relaciones con una interna el día que cumplió 18 años

El edificio de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol

Alberto Pozas


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La Justicia ha decidido avalar el despido de un trabajador de la Agencia Madrileña de Atención Social que en 2020 intentó matener contactos sexuales con una de las jóvenes internas en la residencia dependiente de la Comunidad de Madrid. El trabajador, que no llegó a ser acusado por la vía penal, contactó con la joven interna que entonces tenía un bebé de unos pocos meses, quedó a solas con ella y, según relató la joven, intentó mantener relaciones sexuales con ella.

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Todo, según la sentencia del Tribunal Superior de Madrid a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrió en julio de 2020 en una residencia pública de la Comunidad de Madrid gestionada por la Agencia Madrileña de Atención Social, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales que dirigía entonces Alberto Reyero. El despedido, que formaba parte del personal laboral de la Agencia, llevaba un año trabajando allí como técnico auxiliar.

Su trabajo era supervisar, atender y ayudar a las mujeres vulnerables que estaban allí internas. Mujeres migrantes menores y mayores de edad en situación de exclusión social, con algún tipo de discapacidad, víctimas de violencia machista o de agresiones sexuales y, en ocasiones, con niños pequeños recién nacidos. Lo que hizo, sin embargo, fue contactar con al menos una de ellas cuando todavía era menor de edad y después intentar mantener relaciones sexuales con ella.

Según explica la sentencia, fue cazado por varios compañeros cuando estaba a solas con una de estas jóvenes en la biblioteca. Una chica que tenía un bebé de unos pocos meses de edad y que esa misma noche había cumplido los 18 años. Según relató ella posteriormente durante la investigación, hablaban desde hacía tiempo y esa noche había intentando mantener relaciones sexuales con ella, a lo que se había negado. El trabajador de la residencia había trazado un “itinerario” para no ser descubierto, pero otros técnicos habían acudido a la biblioteca, alertados por otras internas de lo que estaba pasando.

La Agencia de Atención Social puso el caso en manos de la Fiscalía pero terminó archivando las diligencias penales. El motivo fue que el episodio de la biblioteca y el intento de mantener relaciones sexuales con la interna ocurrió cuando ella ya era mayor de edad -había cumplido 18 años esa misma noche- y por tanto, razonó la Fiscalía, el caso sólo podía prosperar si ella denunciaba, y no quiso hacerlo. “Hubo actos consentidos, no quiero seguir adelante con el proceso penal, quiero olvidar este asunto y vivir tranquila y no volverle a ver”, dijo antes de que la Fiscalía cerrase la vertiente penal del caso en septiembre de 2020.

La Comunidad de Madrid firmó su despido en enero de 2021 y ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que, por la vía de lo social, ha confirmado la medida y rechazado el segundo recurso que presenta el técnico auxiliar de la residencia. Su defensa no ha querido especificar a este periódico si han interpuesto un recurso ante la sala de lo social del Tribunal Supremo.

Los jueces, en una resolución examinada por este periódico, explican que el extrabajador de la administración regional madrileña incumplió “con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo al reunirse en la biblioteca con una residente, en el turno de noche, y sin que nadie le acompañara, encerrándose bajo llave y sin causa justificada para ello, trasgrediendo la buena fe contractual”.

Su trabajo, dice el TSJM, era asegurarse de que las residentes “atiendan a los bebés de forma adecuada en todas sus necesidades y no reunir con alguna de ellas, sin ir acompañado de otro empleado o dando aviso previamente de la reunión que iba a tener, para que se adoptasen las medidas oportunas”. Su actuación, zanjan los magistrados, fue suficiente para justificar el despido.

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La resolución del Tribunal Superior de Madrid refleja la razón por la que la Fiscalía no siguió adelante con su investigación por la vía penal a pesar de los indicios. Decretó el archivo, refleja la sentencia, al considerar necesario para proceder en la persecución de un delito de carácter sexual “la denuncia de la persona agraviada, al ser mayor de edad la víctima y no querer denunciar”. Pero también refleja lo que relató la joven.

Explicó, por ejemplo, cómo el despedido “pidió el lnstagram a varias compañeras del piso y a ella también” y que contactó con algunas de ellas. A ella le preguntó, según relata la sentencia, si quería “tener una relación con un chico de buena posición económica”, entre otras cosas. También dijo estar “muy asustada por las consecuencias de todo esto”.

La Comunidad de Madrid, a través de la Agencia Madrileña de Atención Social, gestiona diversas residencias que ofertan plazas para mujeres jóvenes y en riesgo de exclusión social que, en ocasiones, acuden con sus hijos pequeños y también cuando todavía son menores de edad. La sentencia recoge diversas normas incumplidas por este antiguo trabajador cuyo despido acaba de ser avalado: las madres tienen que estar con los niños en la habitación sobre las diez de la noche y está prohibido que el técnico auxiliar tenga el móvil personal de las residentes o que se encierre bajo llave en la biblioteca con una de ellas.

Su trabajo, de hecho, es “verificar que las madres cumplan esas normas” y especialmente “enseñar que por las noches hay que respetar el sueño y velar por que se cumpla el horario”, explica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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