Alberto Reyero: “Es imprescindible que haya un pronunciamiento claro acerca de la legalidad de los protocolos”

Alberto Reyero.

El exconsejero de Políticas Sociales en el primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Reyero, celebra que la Audiencia Provincial de Madrid haya reabierto la causa que investiga los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de las residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia. En un artículo publicado este lunes en elDiario.es, el exconsejero de Ciudadanos defiende que “es imprescindible que haya un pronunciamiento claro acerca de la legalidad de esos protocolos, de su naturaleza jurídica” y “de si eran de obligado cumplimiento o si solo se trataba de recomendaciones”, como defendió la presidenta madrileña.

Casi dos años después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobase los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de las residencias a los hospitales durante la primera ola de la Covid-19, esos documentos siguen bajo sospecha. Un total de 7.291 mayores murieron en apenas dos meses en los geriátricos de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, en lo que sigue siendo la gran sombra de la gestión de Ayuso durante la pandemia. La decisión partió en dos al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. La Audiencia Provincial de Madrid ha puesto ahora en el punto de mira aquellos protocolos y ha citado a declarar a varios responsables de aplicarlos. Familiares de víctimas y asociaciones esperan que esta vía que se abre de nuevo en los tribunales amplíe el foco hacia los responsables políticos. 

El auto de la Audiencia Provincial abre la vía por primera vez a investigar las instrucciones sobre derivaciones de ancianos contagiados en cuatro residencias de Leganés. Los demandantes iniciaron la causa contra los directores de los centros alegando un “trato inadecuado” a los mayores durante los primeros meses de la pandemia.

Para Reyero, “la reapertura de esta causa supone un cambio de rumbo en los pronunciamientos judiciales realizados hasta ahora”. El exconsejero de Políticas Sociales que en su día se manifestó en contra de estos protocolos, tanto en privado enviando varios emails al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como en público en una comisión parlamentaria donde los calificó de “inmorales” y “posiblemente ilegales”, insiste en que “a pesar de los bulos, no se trató nunca de un borrador ni se quedó en un cajón sin ser distribuido”. “Ese protocolo era válido, se distribuyó y se aplicó”, defiende en su artículo.

“Las consecuencias de su aplicación son elocuentes: las semanas posteriores a su distribución, es decir a partir del 18 de marzo de 2020, se redujeron dramáticamente las derivaciones de enfermos provenientes de las residencias a los hospitales, cuando debería haber ocurrido exactamente todo lo contrario. Ni siquiera se les consideró para ser derivados al hospital de campaña montado en IFEMA. Solo 23 residentes fueron trasladados allí, de un total de 3.811 personas atendidas”, lamenta.

Reyero concluye que “esos protocolos ponen en riesgo valores tan capitales de nuestro estado de derecho como la igual dignidad de todos, con independencia de la edad o de la discapacidad”. Y se pregunta: “Si ocurriera algo similar, ¿haríamos lo mismo? ¿Seguiríamos dando por buenos esos criterios, seleccionando quién es apto para ser admitido en un hospital según su discapacidad o dependencia?”.

El exconsejero de Ciudadanos, ahora retirado de la política, recuerda varios de los testimonios en la comisión de investigación que se cerró en falso por la convocatoria electoral y que PP y Vox enterraron después, que a su juicio, clarifica la situación que vivieron las residencias tras la aplicación de los protocolos. Reyero sigue demandado que la comisión pueda celebrarse e ir a declarar.

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