Pozos irregulares y una querella admitida: la batalla por la gestión del agua de una urbanización en Villaviciosa de Odón

Es una de las urbanizaciones más grandes de la Comunidad de Madrid y ahora los vecinos se encuentran en medio de una guerra por la gestión de un recurso básico: el agua. Desde 1995 la entidad urbanística El Bosque, en el municipio de Villaviciosa de Odón, se encargaba de su administración, pero ahora la situación ha cambiado: los nuevos miembros denunciaron la explotación irregular de pozos de agua, la ocultación de sanciones y el posterior “secuestro” del agua por parte del Ayuntamiento. Desde entonces, no han dejado de protestar contra lo que consideran un “hostigamiento” del Consistorio, del PP, que es quien debe tutelar las acciones de la entidad. Ahora un juzgado ha admitido a trámite la querella por tres delitos.

Sonia Guijarro salió elegida como presidenta de la entidad en 2022, cuando se renovó la junta y denuncia, en conversación con elDiario.es, lo que han vivido desde entonces. Según su relato, las anteriores juntas informaban “de lo que querían”. Por eso cuando entraron se sorprendieron con lo que encontraron: “Los ordenadores eran del anterior administrador, que estuvo en el cargo durante casi 30 años. No podíamos tocar nada porque todo era de su propiedad”, indica.

Hicieron entonces una auditoría forense para saber cómo se estaba gestionando todo y contrataron a un despacho de abogados especializado en agua. “Aquí es donde empieza el juego, empiezan a pedir documentación y el Ayuntamiento no nos facilitaba nada, tuvimos que reconstruir todo”, asegura. Y en este punto, a través de un informe de los abogados, se encuentran unas facturas de órdenes de pozos: “De repente aparecían tres pozos sin regularizar”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) preguntó si querían regularizar algún pozo más aparte de los cinco que ya tenían, pero no lo hicieron, a pesar de mantener otros tres pozos abiertos, relata Guijarro: “Da rabia. Nadie nos informó de ello”. Y eso hizo que los vecinos de la urbanización estuvieran usando sin saberlo durante décadas el agua de esos tres pozos denunciados como ilegales. “Cuando llegó el Seprona habíamos desmontado los pozos, por eso fue una sanción leve”, explica Guijarro. “Estamos hablando de una sanción de millones de euros que habría caído en la entidad urbanística”.

Una vez la nueva junta detectó el problema, según el relato descrito, se comunicó tanto a los vecinos como al Ayuntamiento. Y ahí es, explica Guijarro, cuando entra un nuevo problema: el Consistorio —aseguran— comenzó con “presiones y persecuciones”. Una situación que acabó en 2024 con la anulación de las elecciones por las que se revalidaba la junta después de que uno de los candidatos recurriera el proceso en el Ayuntamiento y este lo tramitara.

La nueva junta recurrió esa anulación y, según se recoge en la querella, miembros del Ayuntamiento condicionaron el resultado de ese recurso “frente a la anulación de unas elecciones legítimas” en la entidad a que esta “se comprometa a firmar un convenio relativo al uso del agua y el mantenimiento y conservación de la entidad, cediendo todas las competencias al Ayuntamiento”.

Según recogen en el escrito, la entidad no acepta y entonces, según su versión, “se le indica que no se estimará el recurso de alzada”. Sin embargo, el Consistorio argumenta que estaban obligados “a tramitar y resolver dicho recurso. Tras el análisis del expediente por parte de los servicios jurídicos municipales, se dictó una resolución estimando el recurso planteado por la candidatura recurrente y declarando la invalidez del proceso electoral”, indican.

“La reacción del Ayuntamiento fue toda la contraria a la que esperábamos”, critica la vecina de la localidad, que lamenta que no hayan querido “colaborar” con ellos, a pesar de que los pozos están en término municipal y zonas protegidas del Guadarrama. “¿Por qué tenemos que pagarlo los vecinos? Existieron problemas de gestión del agua y ahora nos señalan a nosotros”.

El “secuestro” del agua y la querella

En 2025, el Ayuntamiento aprobó el “secuestro temporal” del servicio, es decir, la gestión del agua —junto a otros servicios como la red de alumbrado— dejó de corresponder a la junta de la entidad y pasó al Consistorio. Según el escrito de la querella que presentó la entidad ese mismo año, esto fue utilizado como “instrumento para tapar las graves irregularidades históricas en materia de captación y gestión del agua”, aunque desde el Ayuntamiento lo achacan a “irregularidades en la gestión” y “en el servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio”. Unas irregularidades que “nunca llegaron a concretarse ni a acreditarse”, asegura Guijarro.

La querella ha sido recientemente admitida a trámite —y recurrida por el Ayuntamiento— y ahora se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, defraudación de fluido eléctrico o análogas y contra la ordenación del territorio y medio ambiente. En el texto se recogen los expedientes sancionadores por parte de la CHT por la explotación de los pozos no autorizados, y además se denuncia que ese procedimiento “se mantuvo oculto a los vecinos” así como a la nueva junta.

“Se consintió la continuidad de un sistema apoyado en pozos carentes de la necesaria cobertura concesional y de control sanitario adecuado”, indican en el documento, por el que denuncian por estos presuntos delitos a Juan Pedro Izquierdo, actual alcalde del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y anteriormente concejal de urbanismo en el consistorio, además de a otros miembros de la alcaldía y de la anterior junta de la entidad El Bosque.

Pero no solo está esta querella: Guijarro, que ya ha sido citada para ir a testificar en la fase de instrucción en el mes de septiembre, recuerda que se han admitido otros cuatro contencioso-administrativos contra el Ayuntamiento. “El Ayuntamiento siempre ha tenido la obligación de tutelar a la entidad y nunca la tuteló”, critica. “No nos queda otra que acabar en los tribunales”.

El Ayuntamiento niega las acusaciones

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón rechaza lo presentado en la querella: “Carece manifiestamente de fundamento y responde a una huida hacia adelante”, dicen, en declaraciones remitidas por correo electrónico a elDiario.es. El equipo argumenta que antes de la presentación de la querella se habían comunicado las mismas a la Fiscalía y a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El Consistorio insiste en que “todas las medidas cautelares y cautelarísimas han sido desestimadas” y añaden que desde el Ayuntamiento se ofrece la posibilidad “de consultar todos los expedientes que están a su disposición de forma que puedan comprobar la adecuación de las actuaciones municipales al ordenamiento jurídico”.

Guijarro insiste: “Juan Pedro Izquierdo ya en 1997 y 1995, cuando se hace uno de los pozos irregulares, acudía a las asambleas de la entidad. Un presidente se le ocurrió decir que iban a hacer entonces un nuevo pozo y este señor no hizo nada como concejal de urbanismo”. Sin embargo, el equipo de Izquierdo asegura que los concejales de la Corporación “no tenían conocimiento de la situación del servicio”, sino que ha sido “con posterioridad” cuando se ha “tenido conocimiento de la posible situación irregular de las concesiones administrativas, que no de los pozos”. Es decir, argumentan que los pozos en sí mismos no son irregulares, sino que, en todo caso, lo que serían irregulares serían las concesiones.

El Ayuntamiento también asegura que “desde la constitución de la Junta Gestora municipal se ha informado a los vecinos de todos los expedientes sancionadores recibidos por la Entidad Urbanística” de la CHT.

Ahora, de cara al verano la batalla judicial continúa y la situación se vuelve todavía más complicada por las altas temperaturas y el riesgo de incendio. Precisamente este lunes por la tarde se ha logrado estabilizar un fuego de vegetación en el municipio que ha obligado a confinar a algunos vecinos en el camino de la Zarzuela, que también funciona como una entidad urbanística. “Tenemos pánico a que falte el agua. Nuestro estudio dice que somos una urbanización que no puede ser desalojada en caso de incendio porque el bosque entra en las viviendas”, dice Sonia Guijarro.