Más de 150 colectivos firman un manifiesto contra el desahucio de la activista ecologista y anticapitalista Paca Blanco
Más de 150 organizaciones y colectivos de todo el país han firmado el manifiesto de apoyo a la histórica activista ecologista y anticapitalista Paca Blanco. Denuncian la orden de desahucio que ha recibido a sus 77 años por parte del Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), al tiempo que piden que se reconozca su derecho a permanecer en su hogar.
El manifiesto, suscrito por sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales, subraya que el caso de Paca Blanco no es un hecho aislado, sino la expresión de una dinámica estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios. “Paca Blanco es la cara visible de esta práctica descarnada que despoja a muchas personas de un derecho esencial: una vivienda digna”, destacan las organizaciones firmantes. Recuerdan la trayectoria de Paca como referente en las luchas sociales, ecologistas, feministas y por el derecho a la vivienda, así como su compromiso sostenido durante décadas en defensa del territorio, el medio ambiente y la dignidad de las personas. “El intento de desahucio supone una injusticia especialmente grave contra una persona que ha dedicado su vida a la defensa del bien común”, aseguran en un comunicado.
El amplio respaldo recibido refleja el reconocimiento social hacia Paca Blanco y la creciente preocupación por la crisis de vivienda. Desde las organizaciones firmantes se insiste en que la solución es clara y está al alcance de las instituciones: “Paralizar el desahucio, reconocer su derecho a la subrogación en el contrato y garantizar un alquiler social adecuado a sus ingresos, tal como ella misma ha solicitado durante años”. Las firmantes concluyen que la defensa de Paca es también la defensa de un derecho fundamental. Según señala el manifiesto, reconocer su derecho a permanecer en su hogar implica defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora y garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas.
Paca Blanco se fue a vivir junto a su hijo al piso de la EMVS que le habían adjudicado en el barrio de Adelfas, del distrito de Retiro. Su hijo se marchó y desde ese momento ella intentó subrogarse en el contrato. Ha intentado que el Ayuntamiento de Madrid le permita regularizar su situación, algo que se le ha negado, a pesar de haber pagado el alquiler durante el último año. “En términos generales, solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”, precisan desde EMVS acerca de la subrogación. Y añaden: “La empresa municipal solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales, subarriendos o impagos reiterados durante muchos años”.
La trayectoria de Paca ha estado marcada por el compromiso social desde el ecologismo, la lucha antinuclear y el movimiento de vivienda. Su vida ha estado también atravesada por la precariedad y la persecución política. De joven sufrió el internamiento forzado en instituciones del franquista Patronato de Protección a la Mujer, experiencia que recogió en un libro. Años después fue expulsada de su vivienda, en la localidad extremeña de El Gordo, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y lideraba la campaña contra el resort de lujo Marina de Valdecañas.
A sus 77 años y con un estado de salud delicado, Paca se enfrenta ahora a una orden de desahucio, prevista para el próximo lunes 23 de febrero después de la orden emitida por un juzgado de primera instancia. De hacerse efectivo, la empujarían a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores. Las organizaciones y personas firmantes advierten de que el desahucio de Paca Blanco tendría una enorme gravedad social y simbólica. De acuerdo al manifiesto, “Paca lleva toda su vida defendiendo lo que es de todas. […] Exigimos que se reconozca su derecho, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos, y a una vida decente para todas las personas”.