El PSPV salva su moción del 8M en la Diputació aceptando los “deberes” de Ens Uneix con la ley abolicionista de la prostitución

El pleno de la Diputació de València ha sacado adelante una moción con motivo del 8M que insta al Gobierno de España a retomar de forma inmediata la tramitación de la ley abolicionista de la prostitución y a la aprobación definitiva de la Ley Orgánica de Violencia Vicaria. El texto final ha logrado ver la luz gracias a los votos a favor del bloque formado por el PP, el PSPV-PSOE y Ens Uneix, en una sesión marcada por los equilibrios políticos y la necesidad de los socialistas de aceptar las condiciones impuestas por sus socios para no perder la iniciativa institucional.

El desarrollo del debate ha dejado patente la fragilidad de los acuerdos entre las fuerzas de izquierda y el partido de la Vall d'Albaida. Durante la sesión, Compromís trató de buscar un consenso ofreciendo retirar sus propias enmiendas y apoyar la moción si Ens Uneix hacía lo mismo, buscando una postura común sin añadidos de última hora. Sin embargo, la formación encabezada por la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, rechazó esta oferta, lo que derivó en el rechazo de las propuestas de Compromís, pero con la incorporación íntegra de las enmiendas de Ens Uneix al texto socialista. Esta situación provocó que, finalmente, Compromís optara por la abstención, mientras que Vox se mantuvo en el voto negativo.

Con estas enmiendas Ens Uneix consegúia integrar las líneas maestras de una moción previa de Ens Uneix que, aunque fue rechazada inicialmente por el PSPV, Compromís y Vox, ha terminado por marcar el contenido definitivo de la propuesta socialista aprobada. A través de estas enmiendas, Ens Uneix ha logrado incluir un tono de exigencia directa hacia el Ejecutivo central, llegando a afirmar tras el pleno que han conseguido “poner deberes al Gobierno de España” en materia de igualdad. El texto aprobado pone el foco en la urgencia de proteger a las 115.000 mujeres que se encuentran en situación de prostitución en el país y en la necesidad de un marco jurídico que impida el uso de los hijos como herramienta de maltrato.

Por su parte, las filas del PSPV han mantenido una postura pragmática a pesar de las fricciones evidentes. Los socialistas han criticado abiertamente que las enmiendas introducidas por Ens Uneix contuvieran alusiones a las “peleas internas” y diferencias entre ministerios del Gobierno central, considerando que eran matices innecesarios para el espíritu de la moción. No obstante, el grupo socialista ha priorizado la importancia política de contar con una declaración aprobada por el 8M, aceptando los términos de Ens Uneix para garantizar que la Diputació mantenga una voz propia en la exigencia de políticas abolicionistas y de refuerzo en la atención jurídica y psicológica a las mujeres vulnerables.