La historia en curso de los vecinos del número 42 de la calle Pinos Alta (barrio de Valdeacederas) es, probablemente, el relato oculto de muchos otros en barrios en proceso de gentrificación. El eco sordo de la colisión de palabras sofisticadas en las páginas salmón de los periódicos con la vida cotidiana de las personas humildes de estos barrios.
Dicho de otra manera, el desahucio y la expulsión de todo el inquilinato de un edificio tras su adquisición por parte de un gran tenedor. En este caso, la Socimi Gavari, que compró el año pasado este edificio de los años sesenta (1.130 m2, con 15 viviendas distribuidas en tres plantas y 3 locales comerciales).
Hay en el inmueble algunas viviendas vacías, entre ellas la del antiguo casero, que residía allí mismo, y cuyos herederos han vendido los pisos a su muerte. Y nueve familias que viven en estos momentos una situación desesperada, con demandas de desahucio en curso que no esperaban y las molestias de vivir inmersos en las obras para convertir sus hogares en un edificio de coliving para estudiantes. Empezaron el martes pasado, no sin antes recibir innumerables llamadas presionándolos, “amenazándoles con grandes males y su ruina económica si no se van, que no se corresponden con la realidad”, según explica el abogado de los vecinos.
Todo comenzó el pasado 6 de septiembre, cuando todos recibieron una carta de Gavari, la nueva propiedad, notificándoles la compra y la subrogación de los alquileres. “El contrato de arrendamiento seguirá rigiéndose por las mismas cláusulas pactadas hasta que este se extinga”, consignaba concretamente. Junto con la información, aparecía una nueva cuenta bancaria del Banco Sabadell donde los vecinos debían satisfacer las mensualidades en adelante.
Pese al desconcierto inicial, la carta tranquilizó de algún modo a los vecinos, que se habían enterado de la venta de sus casas a través de internet (hecho que la casera les había negado hasta el último momento). Sin embargo, la tranquilidad duró poco tiempo. El 24 de septiembre Rosario (los nombres están cambiados por petición de las vecinas) recibió una comunicación firmada por Juan Merino de Cabo (consejero delegado de Gavari) según la cual su contrato vencía el 1 de noviembre y debía abandonar el piso. Su contrato, sin embargo, está firmado originalmente en julio de 2004 (tal y como hemos comprobado) y cada año ha ido renovándose automáticamente.
La casa de Rosario, como el resto de las que visitamos en Pinos Altas 42, es modesta pero acogedora. En el saloncito en el que hablamos hay fotos familiares de una vida, en gran parte trascurrida en esa casa. Es madre soltera y tiene unos ingresos modestos, pero ha seguido pagando el alquiler, cuenta.
“Parece mentira lo rápido que van las cosas”, explica. Como no se fue, el 17 de diciembre de 2021 Rosario recibió la notificación de la demanda interpuesta por la empresa propietaria para desahuciarla por “expiración legal o contractual de plazo”.
Unos meses después le llegó el turno a Tania. En su caso la demanda de desahucio es por impago, a pesar de que asegura haber ingresado las mensualidades, como viene haciendo toda la vida, pues Tania nació en Pinos Alta 42. En los libros y páginas web sobre la historia de Tetuán suele aparecer una foto de la taberna Vinícola Manchega en los años 40. Frente a su fachada, posa medio vecindario de la calle Pinos Alta. Quién sabe si en esta histórica fotografía podría aparecer su familia.
“Este solar era de Salvador Olmos, el dueño de Vinícola Manchega, que estaba ahí enfrente. Aquí había casitas bajas, como las dos que aún quedan en el patio, y allí vivían mis padres y nací yo. En el año 60 tiró las casitas y construyó el edificio; los inquilinos que tenían alquileres vitalicios pasaron a vivir en los pisos”. Las dos casas bajas a las que se refiere la vecina están cerradas desde hace años en el patio y se tirarán próximamente, proporcionándole más metros edificables a Gavari.
En el caso de los padres de Tania está una vecina del tercer piso con 103 años, superviviente de aquellas primigenias casitas bajas, que aun tiene el contrato original y que, por la peculiaridad, podría recibir otra consideración por parte de la propiedad.
Tania nunca ha vivido en otro lugar, sigue junto con su marido enfermo –que no es la única persona con problemas de salud en el edificio– en la casa donde ha pasado toda su vida. Como a ella, a otros vecinos les han llegado demandas por impago que nadie entiende, y que comentan en las tertulias de corredor de la casa. “Hemos pagado, pero, además no sabemos de dónde salen las cantidades que figuran en las demandas, cada una distinta a las de los demás. Daría la sensación de que han sumado un año de contrato cuando ellos solo son los caseros hace unos meses”, cuenta otra vecina.
Hasta ocho familias, todas las residentes sin contar a la vecina centenaria del tercero, están en una situación parecida. Cada día se juntan en los descansillos, se saludan con la familiaridad que da la vecindad añeja y, en esta ocasión, hacen partícipe al periodista de las últimas semanas de presión.
“Se pasan aquí todo el día, hablan en alto de la reforma, el otro día llamaban a la puerta con la luz del pasillo apagada para que no supiéramos quienes estaban ahí. Hasta Merino, que vino una vez, nos decía que nos íbamos a buscar la ruina. Pero nosotros pagamos, no entiendo por qué vamos a buscarnos la ruina”.
María, que es quien lo cuenta, también recibió el 16 de noviembre la comunicación que les conminaba a marcharse el 1 de enero. Como en otros casos, el abogado que asesora a los vecinos contestó que la fecha no coincidía con la finalización de contrato. En la misiva, recordaba de paso a la propiedad que no han arreglado las tremendas humedades de su piso. Filtraciones que llevan meses haciendo del cuarto de la niña de la familia un peligro para su salud, según ha podido comprobar este medio.
¿Quién ha comprado Pinos Alta 42?
La Socimi Gavari, fundada en 2018, está especializada en edificios para alquiler, en su versión habitual y para estudiantes. Según páginas especializadas en el sector, cuenta con una cartera de 176 viviendas y locales, y su objetivo es hacer crecer rápidamente su portafolio de pisos hasta gestionar entre 300 y 500 viviendas en un plazo de tres años. Para ello, utiliza una estrategia que consiste en la compra y rehabilitación de inmuebles en lo que en el sector se denomina zonas non-prime. Según sus estimaciones, el alquiler en barrios limítrofes o ciudades del área metropolitana (como Ciudad Lineal, San Blas, Puente de Vallecas, Getafe, Leganés o Móstoles) ofrece alta rentabilidad. De nuevo, existe una expresión anglosajona para referirse a ello: son zonas high yield.
Entre el accionariado encontramos apellidos de relumbrón. En las últimas ampliaciones de capital han entrado la familia Font (Bonpreu), los Sakovics-Matutes o el italiano René de Picciotto. Entre los fundadores de la Socimi cuentan José Manuel de Cabo (14,1% del capital), Alberto Gutknechy (17,9%), Luis Sanz (6,5%), Vázquez Krasnow (5,7%) o Juan Merino de Cabo (12,4%), ex ejecutivo de Banco Santander que actúa como consejero delegado de la empresa. Cuentan también con asesores muy conocedores del sector inmobiliario español como Luis Basagoiti (ex Mapfre Inmuebles, entre otras).
La compra del edificio de la calle Pinos Altas fue saludada en prensa como punto de reenganche con la actividad de la empresa después del parón del Covid, aunque aún faltaba “el fin de la prohibición de desahucios para volver a la normalidad”, según se escribía. Tras un ejercicio en números rojos, Gavari Properties cerró el año pasado por primera vez con beneficios y sus rectores esperan contar con unos diez proyectos nuevos a lo largo de 2022. El horizonte de la Socimi, sin embargo, es ser comprada por otra Socimi o fondo de inversión dentro de cinco años.
Los barrios del distrito de Tetuán han sido espacios de alojamiento relativamente habitual para estudiantes, el mercado objetivo de Gavari, por la cercanía de la Universidad Politécnica y de Plaza de Castilla (nudo de conexión que permite llegar rápidamente a la Universidad Autónoma de Madrid). Pero quizá cabría sumar ahora el campus del Instituto de Empresa, situado en la Quinta Torre. Es vox pópuli en los medios especializados que nuevos desarrollos urbanísticos, como la citada torre o los rascacielos Skyline en el Paseo de la Dirección, están sirviendo de polo de atracción a la inversión inmobiliaria y vitamina para los precios en la zona.
La relación de Gavari con los desahucios no es nueva, por otra parte. Este artículo de elDiario contaba el proceso de desahucio en 2019 de Antonio López, justo después de que la empresa comprara su edificio en Málaga, otra de las zonas de influencia de la socimi. El perfil de la empresa en el BME Growth, donde Gavari cotiza, afirma que “el proyecto combina ventajas para el inversor y el inquilino, tras la rehabilitación de activos obsoletos, creando lugares más confortables y seguros para vivir.” Cabría preguntarse si los vecinos de los inmuebles cuentan en el catálogo de activos obsoletos al que la presentación se refiere.