La unidad especial de la Policía Municipal de Madrid hace aflorar los delitos de odio al pobre
La Policía Municipal de Madrid ha multiplicado por siete sus actuaciones por delitos de odio contra las personas en situación de exclusión social en lo que va de año frente al mismo periodo de 2017. Según los datos de la Unidad de Gestión de la Diversidad (UGD), encargada de perseguir este tipo de infracciones penales, hasta agosto de 2018 se han llevado a cabo 85 procedimientos, 73 más que en 2017.
Las cifras registradas por la UGD en los ocho primeros meses de 2018 superan al total de 2017 en la mayoría de las tipologías de actos discriminatorios, a falta de que se concreten los datos del último cuatrimestre. En el caso de los insultos, amenazas y agresiones contra el colectivo LGTBI, la Policía Municipal ha realizado 20 actuaciones más −de 27 a 47−, mientras las intervenciones frente a grupos radicales han pasado de una a 14.
Desde la Unidad explican que las cifras son reflejo del incremento de su actividad en su segundo año −fue creada por el Ayuntamiento de Madrid en 2016− porque “visibilizan” actos de discriminación que siempre han existido. “En el caso de las personas en riesgo de exclusión, hay un gran aumento porque es una unidad especializada que no existía. Este colectivo es muy vulnerable, está sujeto a riesgo de discriminación y todo tipo de actos delictivos. Ahora estamos visibilizando una realidad que antes no se veía”, argumenta Ángel Rabadán, intendente de la UGD. Dentro de este tipo de intervenciones se encuadran las agresiones, vejaciones e insultos contra las personas sin hogar y en exclusión social.
En el caso de las personas con discapacidad, las cifras son similares: se han atendido cuatro casos por discriminación hacia personas con discapacidad intelectual, dos contra personas con discapacidad física y una única contra una persona con discapacidad sensorial. Las actuaciones relacionadas con el racismo y la xenofobia ascienden a 11, una más que en el mismo periodo de 2017 −se produjeron 20 en total en ese año−. Además, en 2018 se reportan dos casos de discriminación contra la libertad religiosa, frente a los 3 de 2017 (13 en total).
Gráfico: Ana Ordaz
Además, este año se ha comenzado a realizar un seguimiento de las víctimas, que contabilizan en 113. El conjunto de este apartado y los asesoramientos a ciudadanos suman 285 hasta noviembre de este año, frente al total de 307 del anterior. “Consiste, en primer lugar, en realizar un seguimiento en el caso de que haya un procedimiento judicial o administrativo. Muchas personas no tienen domicilio o son difíciles de localizar e intentamos tenerlos informados del procedimiento. Puede haber nuevas actuaciones”, explica el intendente de la UGD, Ángel Rabadán. También incluye un “apartado subjetivo”: conocer cómo se encuentra la víctima y de qué forma valora lo que le ha ocurrido.
Entre sus funciones también está la elaboración de atestados −49 en lo que va de año−, las reuniones con asociaciones −121− o las investigaciones en Internet y redes sociales. Este año han realizado 211. “No hay nada en la vida que no tenga un reflejo digital, y menos los delitos. Es importante conocer los perfiles de la gente en redes abiertas. Además, muchas veces las amenazas son en forma de whatsapp, por lo que se hace un rastreo y un seguimiento”, incide Rabadán.
Este es el segundo año de vida de la Unidad de Gestión de la Diversidad: se creó en 2016, pero su primer año efectivo fue 2017 tras un proceso de dotación de medios personales y materiales, y su actividad se ha consolidado en 2018. En la actualidad está compuesto por 32 agentes, todos especializados en la discriminación contra los colectivos vulnerables y formados por el Ayuntamiento: “En un inicio se creó con un equipo de cuatro personas y, se ha avanzado poco a poco, dando tiempo a la formación del personal. No podíamos fallar, nos está mirando todo el mundo. Como unidad establecida, somos únicos en Europa”.
