La Fiscalía de Zamora pone freno a la caza ilegal. Un nuevo caso de este tipo de cacerías que se ha desvelado en Castilla y León. Si las sospechas aumentan en el norte de Palencia, ahora se pretende poner freno a una actividad de la que todo el mundo habla y sobre la que apenas hay intervenciones para evitarlas.
En este caso, la Fiscalía zamorana acecha a tres guardias civiles del puesto de Puebla de Sanabria, uno de ellos perteneciente al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), y les imputa un delito de “omisión del deber de perseguir delitos”.
Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso La Meseta, los hechos se produjeron entre febrero y abril del año 2010, cuando se descubrió una cacería ilegal. Esta ilegalidad consistía: se cazaron corzo, jabalí y ciervo por tres hombres que “carecían de licencia de armas”, además de “no tener permiso del titular del coto para realizar la caza” y, por si fuera poco esas ilegalidades, realizaron la caza “siempre de noche para no ser vistos”.
Pero, dentro de las investigaciones realizadas tras comprobar esa cacería ilegal, se comprobó que los tres cazadores utilizaban una nave de la localidad zamorana de Asturianos como “matadero y lugar de venta de los productos de caza”. Así, tras inspeccionar esa nave se encontraron “pieles de cordero, 9 cuernas de corzo y una de ciervo, una cámara frigorífica con carne de cordero y jabalíes congelados”.
El asunto no queda ahí, ya que había ramificaciones oficiales. Tres guardias civiles destinados en Puebla de Sanabria, tenían “indicios de la actividad delictiva”. Y, según el escrito de acusación de la Fiscalía de Zamora, “no solo no realizaron dicha denuncia”, sino que “facilitaron a los acusados la comisión de los hechos delictivos”.
Añade el fiscal que “comunicaban” a los cazadores “qué personas estaban o no de servicio”, y cuándo estos tres guardias civiles estaban de servicio “para que no tuvieran problemas con las actividades delictivas”.
Con todo ello, el fiscal pide para los tres cazadores un año y seis meses de prisión e inhabilitación durante el tiempo que dure la condena por el delito de tenencia ilícita de armas. Otros 12 meses de multa e inhabilitación de cuatro años para el derecho de caza. Y otros dos años de prisión por un delito contra la salud pública.
Para los tres guardias civiles, el fiscal solicita una pena un año de inhabilitación especial para el empleo de guardia civil.
