Siete largos años de instrucción del mayor caso de corrupción urbanística en Castilla y León

Cómo cambia la vida en siete años... Al menos para algunos. Desde luego sí para mi amigo Evaristo López de los Ojos y para mí mismo. En cambio otros, con su dinero, su soberbia y su carencia de ética, no sólo se encuentran en una situación similar a siete años atrás, sino que incluso han 'progresado adecuadamente', como ponen en sus calificaciones escolares los profesores de infantil.

Y es que hoy vuelvo la vista atrás siete años, los mismos que ha durado la instrucción, archivo y posterior reapertura del conocido como 'Caso Arroyo'; hasta haber llegado al día de hoy en que, por fin, se ha conocido el contenido del Auto de Apertura de Juicio Oral contra seis personas, por 'presuntos' delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos. Personas conocidas en la sociedad y en los medios de comunicación, entre las que se encuentran el alcalde de Arroyo de la Encomienda, el cuarto municipio de la provincia por número de habitantes y uno de los principales ejes comerciales y urbanísticos de nuestra Comunidad, José Manuel Méndez Freijo; y el actual portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial vallisoletana y presidente de SODEVA, la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Valladolid dependiente de la institución provincial, Jesús García Galván.

A este respecto, recordar que desde el Ministerio Fiscal se imputan sendos delitos de cohecho, otros tantos de prevaricación y uno más de malversación a Méndez Freijo, para quien solicita en conjunto 10 años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años, y el pago de multas que superan los 535.000 euros. Por su parte, en el caso de García Galván, la acusación pública pide dos años de prisión y una multa de 316.720 euros por un delito de cohecho, y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de estos presuntos delitos. Vamos, casi nada...

A pesar de todo, a pesar de las demoras, a pesar de los retrasos, a pesar de los archivos, a pesar de que estoy convencido de que entre los imputados debería haber más gente, a mayores de los seis que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del próximo 24 de junio, confío en la justicia y estoy seguro de que la sentencia será ejemplarizante. Por lo que sólo espero que se consiga esclarecer todo lo ocurrido, ya que los ciudadanos de Arroyo de la Encomienda, merecen saber toda la verdad.

Así que, respetando el trabajo de la Justicia, no me dejaré llevar por las vísceras, y no me pondré a darle vueltas a empresas, empresarios, jetas, nuevos ricos, estómagos agradecidos, comisionistas, cooperadores necesarios, metros cuadrados urbanizables, triquiñuelas administrativas, sectores de actuación urbanística, PGOUs, CTUs, SAUs y demás tecnicismos... No. Porque por encima de todo ello hay personas.

Y hoy, cuando miro siete años atrás me acuerdo de eso, de los rostros de muchas de esas personas: de grandes compañeros de viaje; de quienes echaron el resto; de quienes se comportaron como auténticos lastres en el camino; de quienes nunca nos quisieron creer, sencillamente porque no les interesaba; de quienes nos decían “si ya lo sabe todo el pueblo, pero lo está dejando todo tan bonito”; de grandes periodistas que creyeron en aquello que denunciábamos y quisieron sacar a la luz lo que la verdad oficial esconde; pero también de quienes no han cejado en su empeño de investigar y seguir avanzando, como es el caso de José María de la Red, abogado que representa a la acusación particular de la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI, un buen hombre, íntegro, incorruptible y honesto, que no aspira más que a que se sepa la verdad.

Recuerdo aquel cada vez más lejano año 2006, cuando el entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Evaristo López de los Ojos, escudriñaba cuanta información urbanística le entregaba a regañadientes un Alcalde del Partido Popular henchido en su mayoría absoluta, Méndez Freijo. Recuerdo que, dada mi condición entonces de portavoz de Urbanismo y Vivienda del PSOE en las Cortes de Castilla y León, me reunía con él los domingos (porque yo entre semana trabajaba en Segovia) en el propio Ayuntamiento de Arroyo, para intentar entender qué había detrás de aquello que, a todas luces, nos parecía la puesta a disposición de una administración local al servicio de una empresa privada: MAHÍA. Incluso recuerdo que el 2 de marzo de 2006, el todavía consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, en respuesta a una Interpelación Parlamentaria sobre este asunto, me llegó a decir que Arroyo de la Encomienda representaba “el modelo de desarrollo urbanístico que el Partido Popular quería para cada uno de los municipios de nuestra Comunidadmodelo”.

Recuerdo también la entrega y dedicación a la investigación de este turbio asunto urbanístico del entonces Asesor-Técnico del Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid, Juan José Zancada. Y recuerdo, como si fuera hoy, la convicción absoluta de los tres de que estábamos 'presuntamente', por volumen económico y por los nombres propios de los personajes afectados, ante el principal caso de corrupción urbanística y política de Castilla y León. De hecho recuerdo la frustración que sufrimos los tres cuando nuestro Partido, el PSOE, dirigido entonces a nivel autonómico por Ángel Villalba, nos informó de que no podíamos contar con el dinero que precisábamos para personarnos como acusación particular. Pero ni eso nos hizo tirar la toalla... Y decidimos apoyar en cuanto nos fuera posible el trabajo que había de realizar quien se quedó como única acusación privada en el caso: la Asociación Arroyo Siglo XXI.

Siete años después, sorteadas todas las dificultades judiciales: imposibilidad económica de personarnos, archivo inicial del caso, demoras, retrasos varios, etc.; después de haber sufrido sendos varapalos electorales porque en el electorado local había calado la idea de que “los concejales socialistas íbamos en contra de los intereses del municipio de Arroyo”; después de haber sentido la incomprensión incluso entre nuestros propios compañeros del PSOE: unos comportándose con un irracional corporativismo entre Partidos, otros dejándonos siempre claro sus buenas relaciones personales con alguno de los hoy imputados, otros mirándonos como si estuviéramos obsesionados con el Caso, e incluso algunos otros deseando que el tema no fuera a más y esto supusiera nuestra tumba política... De todo ha habido. Y Evaristo y yo, junto a María Jesús Frómesta que también nos ha acompañado en este largo caminar, a la hora de pedir, cara a cara, en diferentes Plenos Municipales, hasta cinco veces, la dimisión del primer edil arroyano, nos hemos sentido, en demasiadas ocasiones, muy solos. Demasiado solos. Dentro, y fuera del Partido.

Otros, que compartieron con nosotros el fervor en el arranque de este Caso Arroyo, ahora que se codean institucionalmente con alguno de los imputados, ahora que al igual que ellos cobran 70.000 euros al año de sueldo público, y ahora que comparten rango y distinción, pareciera que, justo ahora, lo ven todo diferente. Parece que ahora los tiempos son distintos y que las necesidades de petición de dimisiones ya no son tan urgentes ni están tan justificadas. Precisamente ahora, con la fecha del Juicio Oral en el horizonte... Qué ilógico.

Pero yo sigo confiando en las personas... E igual que ayer el Secretario General del PSOE en Valladolid, Javier Izquierdo, ya ha salido a los medios de comunicación a pedir la dimisión de aquellos personajes a los que no fuimos capaces de pedírselo cuando en julio de 2012 se conocieron las contundentes acusaciones y las graves penas que pedía el Ministerio Fiscal, y que a fecha de hoy siguen ejerciendo como importantes cargos públicos del Partido Popular; yo confío en que desde las instituciones en que está presente otro de los imputados, el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid, también pidamos los oportunos ceses o dimisiones.

En fin, no sé si eso servirá para que mi amigo Evaristo vuelva a militar en mi Partido, el PSOE, del que se fue muy dolido por cómo, en su opinión, se había gestionado el Caso Arroyo a nivel interno; pero si que serviría para que este militante socialista que suscribe este artículo de opinión (que ha vuelto a ser sólo eso: un militante de base, sin cargo público alguno; ya que decidí abandonarlo y dimitir como Concejal en Arroyo al no sentir el suficiente respaldo de algunos compañeros y compañeras en este tortuoso camino político-judicial), de nuevo, se sintiera orgulloso de serlo... Porque ya he dicho que en estos siete años, las cosas han cambiado mucho, demasiado, al menos para algunos. Y ahora sólo me queda la esperanza de que, a partir del 24 de junio de 2013, las cosas empiecen a cambiar también para aquellos que ‘presuntamente’ delinquieron y ensuciaron el buen nombre de Arroyo de la Encomienda, y que se sentarán ante el Juez en el banquillo de los acusados.